Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios del gobierno sinaloense, comparecen ante una corte federal en Nueva York acusados de nexos con Los Chapitos
CULIACÁN, Sinaloa.— La presión judicial sobre el círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló de forma significativa este fin de semana luego de confirmarse la entrega a las autoridades de Estados Unidos de dos de sus más próximos excolaboradores: el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ambos acusados de presuntos nexos con la facción criminal de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Ambos personajes forman parte del grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses —incluido el propio Rocha Moya— contra quienes el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos a finales de abril ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Sus entregas voluntarias representan el primer quiebre judicial concreto en el caso, y amplían la presión sobre el mandatario estatal, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
| «Se entregaron solitos a los fiscales de Trump»: el tuit de un periodista sinaloense que virálizó la crítica a la defensa del gobierno federal. |
MERÍDA SÁNCHEZ: DE NOGALES A NUEVA YORK
El general Gerardo Mérida Sánchez cruzó voluntariamente la garita internacional de Nogales, Sonora, el pasado 11 de mayo, tras trasladarse previamente a la ciudad de Hermosillo. Al ingresar a Arizona fue detenido de inmediato por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), quienes lo pusieron a disposición de la justicia y lo trasladaron a Nueva York.
El viernes 15 de mayo, Mérida compareció ante la jueza Sara Netburn en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, asistido por un defensor de oficio. El exfuncionario se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, entre ellos: conspiración para la importación de drogas, posesión de armamento y recepción de sobornos mensuales de 100 mil dólares en efectivo presuntamente provenientes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos.
Según el Buró Federal de Prisiones de EU, Mérida se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también están internados figuras de alto perfil como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Rafael Caro Quintero. Fuentes del Departamento de Justicia consultadas por El Universal indicaron que Mérida fue aceptado como testigo cooperante, condición que podría abrirle la puerta a una protección especial si se acredita que su vida corre peligro.
DÍAZ VEGA: ENTREGA DESDE EUROPA
En forma paralela, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, de 50 años, se entregó a autoridades estadounidenses desde Irlanda, donde se encontraba de vacaciones al momento de darse a conocer la acusación el 29 de abril. Fuentes vinculadas al caso citadas por La Silla Rota y Ríodoce revelaron que el exfuncionario envio abogados a Estados Unidos para gestionar un acuerdo con el Departamento de Justicia, buscando convertirse en testigo colaborador.
Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, Díaz Vega es señalado por: conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos; conspiración para poseer y usar ametralladoras y dispositivos destructivos; y por haber entregado a líderes de Los Chapitos —entre ellos Iván y Alfredo Guzmán Salazar— una lista de nombres y domicilios de adversarios políticos de Rocha Moya previo a las elecciones de gobernador de junio de 2021, información presuntamente utilizada para intimidar a rivales y presionarlos a abandonar la contienda.
Asimismo, la acusación sostiene que Díaz Vega fungio como intermediario entre liderazgos de Los Chapitos y el gobernador, y que colaboro para colocar funcionarios afines dentro de la administración estatal. Se prevé que comparezca próximamente ante la Corte de Nueva York.
| Rocha Moya sigue sin aparecer: es el único de los 10 acusados que no ha tomado ninguna acción frente a la justicia estadounidense. |
REACCIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA
El Gabinete de Seguridad del gobierno federal confirmó las entregas a través de redes sociales, señalando que mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha pronunciado sobre el avance del caso ni sobre las acciones que podría tomar con base en las nuevas circunstancias.
La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado con anterioridad que no se protegería a ningún funcionario que hubiera cometido delitos, aunque también cuestionó en repetidas ocasiones la falta de pruebas públicas por parte de Washington. Las entregas voluntarias de Mérida y Díaz Vega dejan en evidencia la fragilidad de esa postura defensiva ante la comunidad política y medios de comunicación.
Desde el Congreso, el PAN exigió tres acciones adicionales: avanzar en el juicio político contra Rocha Moya, emitir una alerta migratoria para impedir su eventual fuga y esclarecer su ubicación actual. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó al gobierno mexicano de mantener un “silencio cómplice” mientras las investigaciones avanzan del lado norteamericano.
En el plano financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya ordenó investigar las cuentas bancarias de Rocha Moya y sus cuatro hijos, medida que el PAN calificó de insuficiente sin un proceso político formal que respalde eventuales acciones legales en México.