José Francisco Mendoza-Gómez, alias “Braulio Jelipe”, recibió 10 años de prisión en Virginia. Su cómplice y líder de la red, Marisela Flores-Torruco, ya cumple 16 años 8 meses desde 2019.
Un tribunal federal en Alexandria, Virginia, sentenció el 17 de febrero de 2026 a José Francisco Mendoza-Gómez, alias Braulio Jelipe, a 10 años de prisión por su participación en una conspiración para importar aproximadamente 1,900 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. La sentencia fue dictada por el Distrito Este de Virginia y corresponde al caso 1:17-cr-147.
La red: cocaína colombiana, lavado chino, soborno mexicano
Según documentos judiciales, Mendoza-Gómez era miembro de una organización de tráfico de drogas (DTO) con base en México que tenía operaciones en Nueva York, Texas y otros estados. La DTO obtecía cocaína de proveedores en Colombia y coordinaba su paso por Centroamérica y México hasta los Estados Unidos.
La investigación documentó dos decomisos clave: 971 kilogramos el 21 de abril de 2017 y 500 kilogramos el 6 de mayo del mismo año. La red repatriaba sus ganancias a México valiéndose de una red china de lavado de dinero. Además, sobornó funcionarios mexicanos para obtener información útil a sus operaciones y planeó y ejecutó secuestros contra rivales y deudores.
Mendoza-Gómez coordinaba envíos, manejaba cientos de miles de dólares en ganancias del narco, asesoraba al líer de la DTO y participó en la planeación de los secuestros y en los contactos con funcionarios corruptos.
La Dama de Hierro: la cabeza ya está presa
La cabeza de la organización, Marisela Flores-Torruco, alias La Dama de Hierro, ya cumple condena. Se declaró culpable el 9 de octubre de 2018 y fue sentenciada el 1 de febrero de 2019 a 16 años y ocho meses de prisión. Otro cómplice, el ciudadano chino Qiyun Chen —clave en la red de lavado—, fue sentenciado a 10 años en febrero de 2018.
Expulsado de México en agosto de 2025
Mendoza-Gómez permaneció años como fugitivo en México. El 12 de agosto de 2025 fue expulsado al país del norte junto a otros 25 fugitivos, en el marco de la presión del gobierno de Donald Trump sobre la administración de Claudia Sheinbaum para intensificar la cooperación en materia de seguridad.
El caso fue investigado por la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales, con apoyo de las oficinas de la DEA en Cartagena, Bogotá, Ciudad de Panamá, Ciudad de México y Ciudad de Guatemala. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio Diplomático de Seguridad (DSS) también colaboraron.
El caso forma parte de la Operación Take Back America, iniciativa del DOJ orientada a desmantelar carteles y organizaciones criminales transnacionales.