El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó a sus agentes suspender de manera temporal e inmediata los controles de tráfico y las paradas vehiculares en operativos migratorios, después de que dos personas murieran en el término de una misma semana durante ese tipo de intervenciones.
La instrucción fue comunicada internamente a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE. La medida no aplica a casos que involucren a personas consideradas de alto riesgo o alta peligrosidad, de acuerdo con la propia agencia.
El primero de los casos ocurrió en Houston, Texas, donde Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años con más de tres décadas radicando en Estados Unidos y padre de tres hijos, murió cuando un agente del ICE disparó contra su camioneta durante un operativo que en realidad buscaba a otra persona. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Salgado Araujo intentó embestir a los agentes con el vehículo; testigos en el lugar han cuestionado públicamente esa versión de los hechos.
En el último año, agentes del ICE han disparado contra al menos 20 personas, casi todas ellas mientras se encontraban dentro de sus propios vehículos, de acuerdo con un conteo periodístico.
El segundo caso se registró en Biddeford, Maine, donde Joan Sebastián Guerrero, ciudadano colombiano que contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social en Estados Unidos, murió cuando agentes intentaron detener el vehículo en el que viajaba. Los agentes en realidad vigilaban el domicilio de otro inmigrante con una orden de deportación vigente; Guerrero no era el objetivo del operativo.
La senadora republicana por Maine, Susan Collins, pidió directamente al secretario interino de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, frenar las detenciones vehiculares de este tipo. El senador independiente Angus King, también por Maine, solicitó una investigación independiente por parte del gobierno federal sobre la muerte de Guerrero.
Claves del caso
Lo que hay que matizar
• La suspensión es una directriz interna de la propia agencia ICE, no una orden judicial ni un mandato de un tribunal federal.
• La medida es temporal y explícitamente no aplica a personas que el ICE considere de alto riesgo o alta peligrosidad, una categoría cuyos criterios no se han hecho públicos.
• El término «vehículo convertido en arma», usado por el DHS para justificar el uso de fuerza letal contra conductores, no tiene una definición legal clara ni estandarizada.
• Ninguna de las dos víctimas era, según las propias autoridades, el objetivo original de los operativos en los que murieron.