La crisis de desapariciones en México supera ya las 135 mil personas registradas en 2026, mientras la CIDH documenta la responsabilidad del crimen organizado y emite 40 recomendaciones urgentes al Estado mexicano
Por primera vez en casi dos décadas, Jalisco dejó de encabezar la lista de entidades con más personas desaparecidas y no localizadas en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a fecha de agosto de 2026 es el Estado de México el que concentra el mayor número de casos del país, con 14,377 personas desaparecidas o no localizadas, seguido de cerca por Tamaulipas y, en tercer lugar, el propio Jalisco.
El cambio en el ranking no representa una mejora en la crisis nacional: la cifra total de personas desaparecidas y no localizadas en México ya rebasa las 135 mil, de acuerdo con el corte más reciente del registro oficial, y organismos internacionales de derechos humanos han calificado el fenómeno como una crisis humanitaria de gran escala.
Los cinco estados con más casos
Según el RNPDNO, con corte al 27 de agosto de 2026, el top 5 de entidades con más personas desaparecidas y no localizadas es el siguiente:
- Estado de México — 14,377 casos
- Tamaulipas — 13,839 casos
- Jalisco — 12,970 casos
- Michoacán — 8,025 casos
- Nuevo León — 7,545 casos
Estas cinco entidades concentran, por sí solas, una proporción significativa del total nacional de casos registrados.
Jalisco, que durante casi 20 años ocupó el primer lugar de esta lista a nivel nacional, comenzó a mostrar un descenso relativo en los registros del ciclo que corresponde a la administración federal actual, iniciada el 1 de octubre de 2024. Autoridades y analistas advierten, sin embargo, que estas cifras pueden presentar variaciones al alza o a la baja conforme se localizan personas, se depuran expedientes o se actualizan los registros estatales, por lo que deben leerse con cautela metodológica.
De la represión de Estado al negocio del crimen organizado
El fenómeno de las desapariciones en México ha cambiado de naturaleza en las últimas décadas. Entre 1965 y 1990, la mayoría de los casos documentados correspondían a desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado, en el contexto de la represión política conocida como la «guerra sucia».
Hoy el patrón es distinto. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los casos actuales «se relaciona con la acción del crimen organizado y la expansión de mercados ilegales», aunque persisten episodios en los que autoridades estatales y municipales participan por acción u omisión, en lo que el organismo describe como situaciones donde «el crimen organizado actúa junto con agentes estatales».
Entre los factores que explican el fenómeno destacan:
Reclutamiento forzado. La CIDH documentó que menores de entre 13 y 14 años son captados por grupos criminales mediante promesas de dinero o armas, ofertas de empleo falsas —particularmente frecuentes en Jalisco, Nayarit y Zacatecas— o directamente mediante privación de la libertad y presión sobre sus familias. Los sobrevivientes han relatado ser utilizados como combatientes, en la preparación de estupefacientes o como mensajeros. El organismo identificó un «Corredor del Pacífico» que abarca Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde los grupos criminales aprovechan rutas de transporte para estas operaciones.
Trata y explotación. Niñas, adolescentes y mujeres enfrentan un riesgo particular vinculado a la trata de personas y la violencia de género.
Vulnerabilidad de poblaciones específicas. Migrantes, personas LGBTI+ y defensores de derechos humanos figuran entre los grupos con mayor exposición al fenómeno.
Impunidad estructural. La inmensa mayoría de los casos no se investiga ni se resuelve, lo que —según coinciden distintos análisis— retroalimenta el problema al no generar consecuencias reales para quienes desaparecen personas.
40 recomendaciones de la CIDH
En mayo de 2026, la CIDH presentó ante representantes del gobierno mexicano y de la ONU un informe con 40 recomendaciones dirigidas a atender la crisis, que en ese momento documentaba más de 128 mil casos. Las propuestas se agrupan en cinco frentes:
- Prevención: fortalecer la estrategia nacional con participación de organizaciones civiles y definir legalmente el alcance de la responsabilidad estatal en casos vinculados al crimen organizado.
- Búsqueda: activar el Protocolo Alba de forma inmediata y sin demoras en todas las entidades del país, aplicar análisis de contexto en las búsquedas y dotar de escoltas capacitadas a los operativos.
- Acceso a la justicia: crear fiscalías especializadas, capacitar permanentemente a los ministerios públicos, erradicar la estigmatización contra las familias buscadoras e integrarlas a grupos de trabajo conjuntos para avanzar en las investigaciones.
- Atención a víctimas: simplificar los trámites administrativos y eliminar la condición de que los apoyos gubernamentales dependan de que las familias acepten tratamiento psicológico.
- Sistema forense: evaluar el Banco Nacional de Datos Forenses, estandarizar los registros entre entidades, garantizar la entrega digna de cuerpos a las familias y fortalecer la autonomía de los servicios médicos forenses.
Amnistía Internacional se sumó al llamado, pidiendo al gobierno mexicano atender de manera puntual las recomendaciones del organismo interamericano, mientras que colectivos de familias buscadoras exigieron que se dé el mismo peso a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, con el que la CIDH coincidió en calificar la situación como una crisis de derechos humanos.
Un problema que exige respuesta estructural
Los propios organismos de derechos humanos insisten en que ninguna medida aislada será suficiente. Sin combatir la impunidad que rodea a la gran mayoría de los casos, y sin atacar las condiciones de pobreza y falta de oportunidades que el crimen organizado explota para reclutar por la fuerza a menores y jóvenes, el fenómeno seguirá reproduciéndose pese a los cambios en el ranking estatal.
Con el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco a la cabeza de las cifras —tres entidades con perfiles distintos, pero todas atravesadas por la disputa territorial entre grupos criminales y su ubicación estratégica para el trasiego de drogas y personas—, la crisis de desapariciones se mantiene como uno de los desafíos más urgentes en materia de derechos humanos que enfrenta el país.