El gobierno de Donald Trump estudia restringir o prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos, y México —el mayor comprador individual de ese combustible en el mundo— quedaría como el país más expuesto si la medida se concreta. El propio presidente respaldó públicamente la idea el martes 22 de septiembre: «He dicho: no exporten el diésel (…) lo he promovido entre mi equipo», declaró. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la administración analiza tanto una restricción total como una parcial, y Trump prometió una decisión «pronto».
Lo que hay hasta hoy: propuesta, no decreto
Al cierre de esta nota, la restricción sigue siendo una propuesta en evaluación, no una política oficial. En el Congreso de Estados Unidos ya hay una iniciativa concreta —la H.R. 10422, presentada por el republicano Tim Burchett— para prohibir las exportaciones, y varios senadores han pedido a la Casa Blanca imponer un embargo. El argumento declarado de Washington es bajar el precio doméstico del diésel, que alcanzó cerca de 6.50 dólares por galón en septiembre, un alza interanual superior al 70%, atribuida en parte a la tensión con Irán y a la presión inflacionaria de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
Una dependencia que raya en la asfixia
México importa de Estados Unidos entre 120 mil y 220 mil barriles diarios de diésel, según la fuente consultada, y es el principal mercado individual de ese producto estadounidense, por encima de Chile, Brasil, Países Bajos y el Reino Unido. Ese volumen cubre entre 40% y 61% del consumo nacional; Pemex produce el resto. El problema es el colchón: las reservas mexicanas cayeron de 11 días de suministro a finales de 2024 a menos de seis días hacia abril de 2026 —algunos reportes hablan de apenas tres a cinco días—, muy lejos de los 22 días de reserva que mantiene el Reino Unido.
Los escenarios de desabasto
Bloomberg Línea documentó tres escenarios según el nivel de recorte que aplique Washington: con una reducción del 25%, el colchón mexicano duraría un mes; con 50%, se agotaría en dos semanas y media; con un embargo total, el país se quedaría sin diésel en siete u ocho días. A la par, el gobierno mexicano mantiene un subsidio de 27 pesos por litro que sería insostenible si el combustible hay que traerlo de más lejos —Singapur, Países Bajos— con costos logísticos más altos.
El golpe al campo, al transporte y a la cadena binacional
El diésel mueve al campo mexicano: representa cerca del 67% de la energía que consume el sector agrícola del país. Un desabasto golpearía la siembra y la cosecha justo en temporada crítica, con efecto en cadena sobre transporte público, trenes, hospitales e industria. Y el golpe no se queda de un solo lado de la línea: analistas advierten que una disrupción en las exportaciones agrícolas mexicanas —jitomate, aguacate, berries, cítricos— hacia Estados Unidos también presionaría los precios en los supermercados estadounidenses, con puertos fronterizos como Laredo entre los puntos más sensibles a un frenón logístico.
Ninguna de las cifras es definitiva —varían entre fuentes— y la Casa Blanca no ha fijado fecha ni alcance final de la medida. Tipómetro dará seguimiento a esta historia conforme Washington y la Secretaría de Energía de México se pronuncien oficialmente.