Quién la creó, de quién depende, cómo se financia y qué está en juego tras el anuncio del Departamento de Estado
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal permanente con sede en La Haya, Países Bajos, que juzga a personas, no a países, por los crímenes internacionales más graves. Esta semana quedó en el centro de la noticia: Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la corte el 9 de octubre, horas después de que el Nobel de la Paz fuera para la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de ese tribunal, quien al día siguiente las calificó de «inaudito, inaceptable».
Qué es y qué crímenes juzga
Según la página oficial de la CPI, es un tribunal permanente que procesa a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Su jurisdicción sobre el crimen de agresión se activó el 17 de julio de 2018. Su principio rector es la complementariedad: está pensada para «complementar, no sustituir» a los sistemas penales nacionales y solo actúa cuando un Estado no quiere o no puede juzgar esos crímenes.
Quién la creó
La corte nace de un tratado internacional, el Estatuto de Roma, según la CPI. No fue creada por un solo país ni por una organización, sino por los Estados que lo adoptan y ratifican, que se llaman Estados partes. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitirle situaciones, como ocurrió con Darfur (Sudán) y Libia, según la propia CPI.
De quién depende
La CPI no es un órgano de las Naciones Unidas, aunque tiene un acuerdo de cooperación con la ONU, según su página oficial. La supervisa la Asamblea de los Estados Partes, que se reúne al menos una vez al año, elige a los jueces y al fiscal y aprueba el presupuesto.
De dónde obtiene sus recursos
La corte se financia principalmente con aportaciones de los Estados partes. También puede recibir contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y empresas, según su página oficial. En su 24.ª sesión, la Asamblea aprobó el presupuesto de 2026, que según el comunicado reproducido por Mirage News asciende a unos 196.8 millones de euros y una plantilla de 1,008 personas; el medio escribe la cifra con un formato poco claro, por lo que conviene confirmarla en el documento original.
Qué sanciones anunció Estados Unidos
El Departamento de Estado anunció el viernes 9 de octubre nuevas sanciones contra la CPI. Según AFP, una vez en vigor prohibirían todas las transacciones financieras con la corte, lo que, según esa agencia, reduciría sus recursos y paralizaría su operación. Las medidas no entrarían en vigor durante seis meses, para dejar margen a un posible acuerdo. La Razón añade que podrían alcanzar a quienes mantengan ciertas relaciones comerciales con la corte. Washington ya había sancionado antes a funcionarios individuales de la CPI, según la cobertura previa de Reuters y de otros medios.
Por qué Pillay las considera «inaudito, inaceptable»
Pillay habló por videoconferencia desde Núremberg, en un evento del Centro Nobel de la Paz en Oslo, el 10 de octubre, según AFP. Dijo: «Esto es inaudito, inaceptable». Expresó que hay «tanta tensión y ansiedad por si los tribunales internacionales seguirán existiendo» y objetó que «se han anunciado sanciones por parte de un país contra los jueces, solo por las órdenes judiciales que emiten».
De esas declaraciones se desprenden tres razones. Primera, el efecto práctico: cortar las transacciones con la corte afectaría su funcionamiento. Segunda, el principio de independencia judicial: castigar a jueces por sus resoluciones. Tercera, la preocupación por la supervivencia de los tribunales internacionales. Pillay fue jueza de la CPI y presidió una comisión de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, hallazgo que Israel rechaza, según AFP.
El argumento de Washington
El Departamento de Estado justifica las sanciones como defensa de la soberanía y de los ciudadanos estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la corte de «deshonesta», según AFP. La postura de Washington es que un tribunal al que no pertenece no debe procesar a sus nacionales ni a los de sus aliados. Críticos y defensores de la corte discuten ese argumento: para unos protege la soberanía; para otros debilita un mecanismo de justicia que opera cuando los Estados no lo hacen.
Datos de contexto no verificados en esta sesión
Que el Estatuto de Roma se adoptó en 1998 y entró en vigor en 2002, que Estados Unidos lo firmó pero nunca lo ratificó y retiró su firma en 2002, y que México es Estado parte y que la corte solo ejerce jurisdicción sobre crímenes cometidos en territorio de un Estado parte o por sus nacionales, salvo remisión del Consejo de Seguridad, son datos de conocimiento general que no se pudieron confirmar en las fuentes consultadas hoy. Tampoco se verificó el número actual de Estados partes, que cambia con adhesiones y salidas: Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron su retiro en 2025, y una publicación de la CPI del 1 de junio de 2026 (solo se pudo leer el titular) habla de que Hungría decidió permanecer como Estado parte.