Maru Campos dice que su fiscal actuó por la libre. Sea cierto o no, hay una cuenta que no se puede deslindar.
Seis meses después de El Pinal, la gobernadora de Chihuahua encontró por fin a un responsable: su exfiscal. En entrevista con Latinus dijo que César Jáuregui y otros funcionarios de la Fiscalía actuaron «por la libre», que eso es imperdonable y que ya hay carpetas abiertas. Es una frase redonda, cómoda y, sobre todo, tardía.
Conviene separar lo que se sabe de lo que se supone. No hay, hasta hoy, una prueba pública de que Jáuregui le informara a Campos cada paso del operativo. Quien lo afirme como hecho está adelantándose a la FGR. Pero tampoco hay prueba de lo contrario, y la gobernadora pide que la creamos con su sola palabra, que es justo lo que no se le debe conceder a ningún poder.
Dos versiones que no caben juntas
En abril y mayo, Campos sostuvo que el operativo lo ejecutaron exclusivamente autoridades mexicanas y habló de persecución política. Con esa defensa en la boca, la presencia de agentes extranjeros era un asunto del gobierno federal que quería castigarla. Hoy la versión es otra: en su Fiscalía pasaron cosas que ella no sabía y que merecen cárcel. Las dos posturas pueden ser parcialmente ciertas, pero no pueden contarse al mismo tiempo sin que alguien explique el cambio.
Y hay un detalle que pesa: el fiscal no cayó del cielo. Ella lo propuso en enero de 2023, el Congreso lo ratificó en días y es un panista de más de cuatro décadas. Cuando renunció, se había anunciado que acompañaría a la gobernadora al Senado. Nadie le pide que sea adivina, pero sí que explique cómo se maneja un gobierno donde su principal operador de justicia pudo, según ella, abrir una «caja de Pandora» sin que nadie en el primer piso se enterara.
El dilema de la responsabilidad
Aquí está el punto. Si Campos sabía, tiene un problema legal y político de fondo. Si no sabía, tiene un problema de otro tipo: admitió que en la Fiscalía que ella misma puso en manos de Jáuregui faltan orden, disciplina y resultados, y que un operativo con consecuencias diplomáticas pudo gestarse a sus espaldas. En ninguno de los dos casos queda bien parada. La diferencia es que en el segundo escenario podría decir «me engañaron», y la historia política de México enseña que ese argumento rara vez funciona con quien nombró al engañador.
Tampoco ayuda el momento. El deslinde llega después de que la FGR citó a ambos como testigos y mientras sigue abierta la investigación sobre la cadena de mando. El costo de haber sabido es enorme; el de no haber sabido es solo vergüenza. Un deslinde que conviene tanto al que lo pronuncia merece, cuando menos, ser tomado con reserva.
Hay preguntas concretas que pueden aclarar todo y que, hasta donde pude verificar, no tienen respuesta pública: qué dijo Jáuregui ante la FGR, quién autorizó la coordinación con agentes extranjeros, qué comunicaciones existen entre el despacho de la gobernadora y la Fiscalía durante los días 17 y 18 de abril. Si Campos está tan segura de que no sabía, lo más sencillo sería pedir que esas respuestas se hagan públicas. Mientras tanto, culpar al exfiscal es una estrategia política, no una investigación.