La Oficina General de Tierras de Texas dice que nueve islas, de unos 66 acres en total, pertenecen al estado y habilita a sus fuerzas de seguridad para patrullarlas. No ha hecho públicos nombres ni coordenadas, no cita una base legal precisa y la postura oficial de México sigue sin confirmarse.

La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció que la Oficina General de Tierras (GLO, por sus siglas en inglés) concluyó que nueve islas del río Bravo son propiedad del estado. Suman unos 66 acres (26.7 hectáreas) y, según un mapa de la propia agencia, se distribuyen desde la zona de Laredo hacia el sur, rumbo a McAllen.

Con esa determinación, Buckingham envió una carta al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y al Departamento Militar del estado autorizándolos a entrar a las islas para operaciones de seguridad fronteriza. Según NewsNation, el DPS y la Patrulla Fronteriza entrarán a evaluar qué hacer en cada una y si conviene despejarlas, como se hizo en la isla Fronton.

Las coordenadas se entregarán a socios de seguridad estatales y federales, pero no son públicas, y ninguna de las notas revisadas da los nombres de las islas.

Cómo se llegó a nueve

Las notas manejan varias cifras que conviene separar:

Las notas no explican qué pasó con las otras ocho islas de las 28 que planteó el CBP. Ese hueco debe quedar abierto hasta que la GLO publique el detalle. También conviene subrayar un dato que matiza la palabra “apropiación”: la propia comisionada reconoce que una parte de las islas examinadas no son de Texas.

La justificación de seguridad

Buckingham sostiene que la incertidumbre sobre quién era dueño de las islas limitaba la capacidad del estado para vigilarlas. Ahora, dice, podrán patrullarse e inspeccionarse para evitar que sirvan de refugio a cárteles, traficantes de personas y contrabandistas, y que al trabajar con coordenadas precisas con autoridades estatales y federales las islas quedan fuera del “mapa” para el uso criminal.

Hay un punto que pesa en la evaluación del argumento: no se ha confirmado actividad criminal en estas nueve islas. Así lo señalan The Daily Caller, News 4 San Antonio y NewsNation. Buckingham afirma que los cárteles sí han usado otras islas de la frontera, sin dar ejemplos en las notas. Es decir, la medida es preventiva y se apoya en riesgos, no en hechos documentados en estas islas concretas.

El contexto de seguridad que cita The Daily Caller es reciente: el 2 de octubre Estados Unidos desplegó 500 soldados en el Valle del Río Grande después de disparos de un cártel contra la Guardia Costera. Es una sola fuente y conviene cotejarla antes de repetirla.

Quién decide de quién es una isla

Aquí está el centro del asunto. Que la agencia de tierras de un estado concluya que una isla es suya no resuelve por sí mismo si esa isla está del lado estadounidense o mexicano de la frontera. Ese límite internacional se rige por tratados y lo administra la Sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) y, del lado mexicano, la CILA.

El antecedente directo es la isla Fronton, de unas 170 acres. En 2023, Texas la aseguró con Texas Rangers tras una investigación de la GLO que concluyó que era del estado; construyó un puente de tierra, despejó vegetación y colocó alambre de navaja. Según The Texan (mayo de 2024), la IBWC respondió que la isla era propiedad federal, que las obras violaban el tratado, y exigió retirar obstrucciones y restablecer el flujo del canal norte, con base en el Tratado de Límites de 1970. Buckingham respondió que no la entregaría y que litigaría si se le obligaba. En lo revisado no hay resolución. News 4 San Antonio cita esa operación, llamada “Flat Top”, como precedente de lo que podría hacerse en las nuevas islas.

En las notas sobre las nueve islas no aparece una postura formal del gobierno federal estadounidense. Es el dato más importante por conocer: el choque de 2023–2024 fue entre Texas y su propio gobierno federal antes que con México.

Qué dijo México, y qué no está confirmado

• Lo que dice Buckingham. Según NewsNation, afirma que las autoridades mexicanas se opusieron con firmeza a la reclamación. Es su versión; la nota no recoge una declaración mexicana propia.
• Lo que dicen los medios mexicanos. El Siglo de Torreón reporta que México pidió respetar el Tratado de Límites de 1970 y sostiene que la frontera es el centro del cauce del río. Pero la nota no identifica a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la CILA ni a la presidenta Claudia Sheinbaum como la fuente.
• Lo que falta. Un comunicado o una declaración atribuible a la SRE, a la CILA o a la Presidencia. Sin eso, “México exige” debe tratarse como no confirmado.

Por qué “se apropia” pide cautela

El verbo supone que las islas eran mexicanas y que Texas se las llevó. Lo que Texas afirma es otra cosa: que ya eran suyas y que su propiedad estaba sin aclarar. Esa afirmación puede ser discutible, y probablemente lo es para México, pero es una disputa jurídica abierta, no un hecho consumado. Una cobertura rigurosa puede decir “Texas declara suyas nueve islas” o “reclama” y reservar “apropia” para cuando haya una determinación internacional que lo respalde, o atribuirlo entre comillas a quien lo plantee.

Eso no vuelve inocua la medida. Es un acto unilateral de un estado, con base legal no citada, coordenadas no públicas y sin una postura federal conocida, sobre un límite internacional que no le corresponde fijar a la GLO. La crítica es legítima, y la prudencia de Tipómetro está en atribuirla bien.