Dos periodistas especializados en narcotráfico sostienen que al gobierno de México le conviene más eliminar a los jefes criminales que entregarlos a la justicia estadounidense. Es una interpretación, no una confirmación oficial, y los hechos de esta misma semana la matizan.

En un capítulo de su podcast Narcomundo, los periodistas Jesús Lemus y José Luis Montenegro plantearon que el gobierno de Claudia Sheinbaum habría pasado de buscar la captura de los líderes de los cárteles a considerar más conveniente abatirlos.

El argumento central es sencillo: un capo muerto no puede hablar. Si Estados Unidos reclama a un jefe criminal y este termina en una corte estadounidense, puede negociar, cooperar y revelar información sobre lo que ocurre en México, como ya ha pasado con capos extraditados. Para Lemus, con los abatimientos “ya no va a haber fuga de información”.

Los dos analistas no hablaron exactamente igual. Montenegro dijo que “parecería” que el gobierno prefiere abatir y admitió que no sabe si se trata de una estrategia deliberada o, simplemente, de repeler agresiones armadas. Lemus fue más lejos: afirmó que hay una razón de fondo, que la presidenta estaría aceptando acciones conjuntas entre fuerzas especiales estadounidenses y mexicanas, y que el objetivo son los líderes que Washington clasifica como narcoterroristas. Añadió que a Estados Unidos le sale más barato un criminal abatido que uno procesado, porque evita el costo de juicios, jurados, sentencias y reclusión prolongada, y que a ambos gobiernos les evita un desgaste político.

Lemus mencionó a los líderes que, según su lectura, serían los siguientes objetivos:

Qué es y qué no es esta afirmación

Es una opinión informada de dos periodistas de seguridad, no un hecho comprobado ni una declaración del gobierno. Infobae lo señala con una advertencia dentro de la nota, y en las fuentes revisadas no apareció una respuesta oficial a esta tesis.

Conviene ubicar a quien habla. Jesús Lemus Barajas es autor de libros como Los Malditos y El Licenciado; en 2008 fue detenido y acusado de pertenecer a una organización criminal, y en 2011 fue liberado. Reporteros sin Fronteras informó de su liberación “en ausencia de pruebas” tras tres años de prisión. En julio de 2025, en una entrevista con EFE, sostuvo que Estados Unidos usaba las detenciones de capos como “moneda de cambio” para obtener concesiones de litio. Es decir, su lectura de la relación México–Estados Unidos es consistente en el tiempo: interpreta las acciones contra los capos como parte de una negociación política más amplia. Eso no la hace falsa, pero la ubica como un marco interpretativo y no como un dato.

El caso que dio pie al debate: el abatimiento de “Chuy” González

Montenegro y Lemus partieron de un hecho reciente. Esto es lo que sí está documentado:

• Cuándo y dónde. El lunes 26 de octubre, la Secretaría de Marina desplegó un operativo aéreo y terrestre cerca de la colonia Alfredo V. Bonfil, en Guasave, Sinaloa, tras detectar un convoy de tres camionetas con hombres armados. La persecución llegó hasta Estación Capomas, donde hubo un enfrentamiento.
• Quiénes murieron. Dos personas: Jesús González Peñuelas, de 56 años y originario de Batamote, Guasave, y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”.
• Cómo se supo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo informó el miércoles 28 de octubre en redes sociales. Lo identificó como operador del Cártel de Guasave, la organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”; la Marina lo describió como su segundo al mando.
• Qué pedía Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrecía hasta 5 millones de dólares por información para su arresto o condena (recompensa de enero de 2024). El Tesoro lo había designado Narcotraficante Extranjero Significativo en 2021 y en mayo de 2026 anunció nuevas sanciones por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
• El papel de Estados Unidos. Según Infobae, el director de la DEA, Terry Cole, se atribuyó una participación en el operativo y lo calificó como un duro golpe al Cártel de Guasave y, por extensión, al Cártel de Sinaloa.

La versión oficial describe un enfrentamiento armado. En las fuentes revisadas no hay elementos para afirmar ni para descartar que hubiera una intención previa de matarlo en lugar de detenerlo. Ese es precisamente el punto que la tesis de Lemus da por sentado y que nadie ha demostrado.

Diferencias entre medios. Algunos medios fecharon el hecho el 27 o el 28 de octubre porque ese día se anunció; el enfrentamiento fue el 26. Infobae y UnoTV lo ubican en Guasave; Zeta Tijuana menciona el municipio de Sinaloa (de Leyva). Falta el boletín de la Marina para fijar el municipio.

Lo que matiza la tesis: cinco golpes en cuatro días, un solo abatido

Infobae contó cinco golpes a estructuras criminales entre el 26 y el 29 de octubre en cinco estados. Si la estrategia fuera abatir en vez de capturar, los datos de esa misma semana no lo muestran: solo una de las personas buscadas murió; las demás fueron detenidas vivas.

El caso de “El Señor de la A” es el que más choca con la hipótesis: fue capturado, con una orden de extradición hacia Estados Unidos, tras un trabajo de inteligencia militar que según la Sedena incluyó intercambio de información con agencias estadounidenses. Eso es lo contrario a evitar que llegue a una corte de ese país.

Hay un matiz a favor de Lemus: casi todos los detenidos de esa semana son jefes de plaza o mandos medios. Su tesis habla de los jefes máximos (los Chapitos, “El Mayito Flaco”, los líderes michoacanos), y ninguno de ellos ha sido capturado ni abatido en estos días. Los datos no permiten probar ni refutar lo que ocurriría si cae uno de ellos.

El otro dato que pesa: 92 presos enviados a Estados Unidos

La tesis también debe medirse contra lo que el gobierno sí ha hecho con los capos que ya tenía presos. Según el recuento de UnoTV y las cifras que dio García Harfuch, el gobierno de Sheinbaum ha hecho tres traslados masivos a Estados Unidos: 29 personas en febrero de 2025 (entre ellas Rafael Caro Quintero), 26 en agosto de 2025 y 37 el 20 de enero de 2026, para un total de 92. Es decir, entregar capos a la justicia estadounidense no es algo que México haya dejado de hacer.

Aquí también hay un contrapeso: esos traslados fueron de personas que ya estaban detenidas, y el más reciente fue leído por analistas como David Mora, del Crisis Group, como una forma de aplacar las presiones del gobierno de Donald Trump. Lemus podría responder que el cambio que describe se refiere a los capos todavía prófugos, no a los presos. Es una distinción legítima, pero hoy no se puede comprobar.

Por qué importa la “fuga de información”

La expresión pesa porque los juicios en Estados Unidos contra capos y exfuncionarios se han apoyado en testigos que formaron parte de organizaciones criminales. El juicio a Genaro García Luna en Nueva York, donde el exsecretario de Seguridad fue declarado culpable en 2023, es la referencia obvia, y es un tema sobre el que Lemus ha escrito. Este párrafo es contexto histórico y no proviene de la nota de Infobae; no prueba la tesis, solo explica por qué para un analista como él un capo vivo en una corte estadounidense es un riesgo político para México.

Del otro lado, la cooperación con la justicia estadounidense también es un instrumento: los acuerdos con fiscales, las declaraciones de culpabilidad y los testimonios han servido para armar casos contra otros capos. Un capo abatido no negocia con nadie, ni con Estados Unidos ni con México. Ese es el costo que la tesis de Lemus pasa por alto: lo que se pierde en inteligencia y en procesos también es información.

Lo que ha dicho el gobierno

• Sobre la tesis de Lemus: no se encontró una respuesta de la presidenta ni de García Harfuch en las fuentes revisadas hasta el 30 de octubre.
• Sobre “Chuy” González: García Harfuch informó del enfrentamiento y de la muerte de dos personas; no se ha detallado públicamente si hubo intento de detención previo.
• Sobre los narcobloqueos en Tamaulipas: el viernes 30 de octubre, en la conferencia matutina, Sheinbaum dijo que lo ocurrido en Matamoros no es la constante, porque todos los días se detiene a presuntos delincuentes sin que pase algo así, y que la Defensa y la Guardia Nacional tienen un plan de acción para cuando se cierran carreteras. Anunció que el Gabinete de Seguridad publicaría un boletín con más detalles.