Luis Benítez Alcántara, juez federal de Distrito en la Ciudad de México, fue detenido en Colombia el 1 de noviembre y Estados Unidos pide su extradición. Lo acusa de recibir un soborno de 2 millones de dólares para liberar a un operador de una red de cocaína. Son acusaciones que no se han probado en tribunal y el juez conserva la presunción de inocencia.
Quién es
Benítez Alcántara tiene 49 años. Estudió Derecho en la Universidad Tecnológica de México, tiene una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial y trabajó en el Poder Judicial de la Federación como oficial judicial, actuario y secretario. Ganó un concurso de oposición para jueces de Distrito en octubre de 2015 y, según su ficha del Consejo de la Judicatura Federal, ejerce como juez desde octubre de 2018, de acuerdo con UnoTV. Estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, según MVS Noticias. Llegó al cargo antes de la reforma de elección judicial.
De qué lo acusa Estados Unidos
- El Departamento de Justicia informó el 5 de noviembre de la detención y dijo que pedirá su extradición.
- Enfrenta nueve cargos de encubrimiento de un delincuente (en inglés, accesorio después del hecho), cada uno con pena máxima de hasta 15 años de prisión.
- Según la acusación, Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la red de cocaína de Ryan Wedding, transfirió unos 2.75 millones de dólares, en montos pequeños y mediante intermediarios, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Dos millones habrían sido para el juez.
- El 24 de febrero de 2025, el juez habría recibido el pago completo y concedido a Clark la libertad bajo fianza. Clark había sido detenido en Guadalajara en octubre de 2024. Días después fue detenido de nuevo y trasladado a Estados Unidos.
Las fuentes difieren en un punto: El Financiero escribe que el soborno buscaba la liberación de Wedding, mientras que el resto de las notas, que siguen al Departamento de Justicia, lo ubican en la liberación de Clark. Este texto sigue la segunda versión.
Los casos polémicos que llevó
Estas son resoluciones que los medios atribuyen al juez. Ninguna fuente consultada las vincula con la acusación de Estados Unidos.
- Pegasus: el 12 de enero de 2024 absolvió a Juan Carlos García Rivera, el único procesado por el espionaje con Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos. Consideró que la FGR no acreditó su responsabilidad, incluido el delito contra la periodista Carmen Aristegui. Un tribunal federal confirmó la absolución en noviembre de 2025, según UnoTV.
- Víctor Manuel Álvarez Puga: se negó a girar una orden de aprehensión contra el empresario por presunta defraudación fiscal equiparada. Álvarez Puga fue detenido en 2025 en Estados Unidos por autoridades migratorias, según El Financiero.
- Grupo Herdez e Irene Escamilla de León (citada en otras notas como Irene León): dejó sin efecto el desistimiento en el proceso contra la abogada laboralista, denunciada por Grupo Herdez por presunto fraude procesal, y ordenó reactivar la prisión preventiva, según SinEmbargo. Ese medio recuerda que el caso se ha señalado como una represalia de la empresa contra la litigante; es una lectura que aparece en esa nota y que aquí no se verificó.
- Emilio Lozoya y Estafa Maestra: Crónica reporta que en 2023 ordenó a la FGR investigar a Lozoya por presuntas falsedades en sus declaraciones y que mandó a juicio a exfuncionarios, entre ellos José Luis Pech Galera, en la Estafa Maestra. El Financiero dice que fue conocido por «fallos polémicos» en estos casos, pero no describe resoluciones concretas. Falta confirmar el detalle con las resoluciones o con una segunda fuente.
Investigaciones en México
- El Tribunal de Disciplina Judicial abrió una investigación de oficio tras la detención y dijo que no tenía conocimiento de los hechos ocurridos en Colombia, según MVS Noticias.
- El mismo tribunal reconoció cuatro investigaciones previas ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, derivadas de quejas por presuntas irregularidades en su función jurisdiccional, que describió como independientes de lo ocurrido en Colombia.
- Por separado, según El Financiero, la FGR había pedido una orden de captura en su contra por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 648 mil pesos. Esa nota también dice que el Órgano de Administración Judicial retiró de sus plataformas la información sobre el juez.