Con 116 votos y el respaldo de las seis fracciones parlamentarias, el pleno reformó el artículo 127 constitucional para topar las jubilaciones de exservidores públicos de organismos paraestatales. El ahorro estimado es de 5 mil millones de pesos anuales. Ahora el dictamen va a la Cámara de Diputados.
El Senado de la República dio hoy un golpe político de alto impacto simbólico: aprobó por unanimidad la reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas”, esas jubilaciones millonarias que durante décadas recibieron exfuncionarios de organismos paraestatales, empresas del Estado y banca de desarrollo, mientras el trabajador mexicano promedio apenas cobra 7 mil pesos al mes de pensión.
El pleno votó 116 votos a favor, con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, desde Morena hasta el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución y establece un tope claro e inapelable para las jubilaciones de este sector.
LO QUE CAMBIA CON LA REFORMA
• Tope máximo de jubilación: 70 mil pesos mensuales (50% del salario de la presidenta).
• Afecta a: exfuncionarios de confianza de paraestatales, empresas del Estado y banca de desarrollo.
• Ahorro estimado: 5 mil millones de pesos anuales, destinados a programas del Bienestar.
• Excluidos: integrantes de las Fuerzas Armadas y casos específicos permitidos por ley.
• Votos: 116 a favor, respaldo unánime de las seis fracciones parlamentarias.
El escándalo que empujó la reforma: un millón de pesos al mes
La indignación pública que detonaronn las pensiones doradas tiene un sustento numérico muy concreto. Actualmente, un universo de 9 mil 457 exfuncionarios de organismos descentralizados, empresas estatales y banca de desarrollo perciben jubilaciones mensuales que van desde los 100 mil pesos hasta más de un millón de pesos.
La comparación es demoledora: mientras esos exfuncionarios cobran hasta cien veces el salario mínimo como pensión, el trabajador mexicano promedio recibe apenas 7 mil pesos al mes al jubilarse, después de toda una vida de cotizaciones. Esa brecha fue el principal argumento moral que uso la reforma para justificarse.
Unanimidad con matices: las críticas de la oposición
Aunque PAN, PRI y Movimiento Ciudadano levantaron la mano a favor, lo hicieron con críticas puntuales que quedaron registradas en tribuna. El principal cuestionamiento fue la exclusión de las Fuerzas Armadas del tope: para los partidos de oposición, si la medida busca la equidad, debería aplicarse de manera universal, sin privilegios para ninguna institución.
La senadora priista Carolina Viggiano planteó además un problema jurídico de fondo: la aplicación retroactiva de la reforma implica que el gobierno modifica unilateralmente contratos y derechos ya adquiridos por los exfuncionarios, lo que podría derivar en una cascada de amparos y litigios.
¿Qué sigue? El camino a la Cámara de Diputados
La aprobación en el Senado no es el último paso. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y votación. Tras superar ese filtro, la reforma deberá ser ratificada por la mayoría de los congresos locales del país, ya que se trata de una modificación constitucional. Solo después de ese proceso entrará formalmente en vigor.
De cara a la opinión pública, sin embargo, el mensaje ya fue enviado: en un país donde millones de trabajadores se jubilan con una fracción del salario mínimo, el Senado decidió que los privilegios de quienes gobernaron desde el Estado deben tener un límite. Al menos en papel.