La presidenta impulsa topes presupuestales a congresos locales, reducción de regidores y consulta popular sobre financiamiento a partidos políticos
Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la reforma electoral impulsada por el gobierno federal —con 259 votos en contra y 234 a favor, incluyendo la oposición de sus propios aliados del PT y el PVEM— la presidenta Claudia Sheinbaum anunció de inmediato un Plan B para no frenar su agenda legislativa en materia de austeridad y participación ciudadana.
Tres ejes centrales
El primero de los ejes contempla la fijación de topes máximos al presupuesto de los congresos locales, ya sea como porcentaje del gasto estatal o en función de la población de cada entidad. Los recursos ahorrados no irían a la federación, sino que permanecerían en los estados para destinarse a obra pública.
El segundo punto aborda la reducción del número de regidores en los municipios, con el ahorro generado dirigido directamente a los ayuntamientos para atender necesidades básicas como bacheo, drenaje y alumbrado público.
El tercer eje propone reformar la ley para permitir que temas electorales —actualmente vedados— puedan ser sometidos a consulta popular. Entre los asuntos que podrían incluirse figuran los montos que reciben los partidos políticos. Además, se plantea flexibilizar los tiempos de la revocación de mandato, habilitándola durante el tercer o cuarto año de gobierno.
4,000 millones de pesos en ahorro estimado
Sheinbaum detalló que la aplicación de los topes presupuestales permitiría un ahorro aproximado de cuatro mil millones de pesos, cifra que no ingresaría al erario federal, sino que quedaría en manos de municipios y entidades federativas.
La mandataria anunció que enviará el paquete de propuestas al Congreso próximamente, resumiendo el objetivo de la iniciativa como «disminuir los privilegios y fortalecer la participación de la gente».
El tropiezo legislativo
La derrota de la reforma electoral representó un golpe inusual para el gobierno, considerando que el PT y el PVEM, partidos de la coalición oficialista, cumplieron su advertencia de votar en contra. La propuesta requería mayoría calificada para ser aprobada, umbral que Morena no pudo alcanzar ni con sus aliados tradicionales.
Con el Plan B, la presidenta busca mantener el impulso reformador de su administración a través de iniciativas que, a diferencia de la reforma rechazada, podrían avanzar con mayoría simple o mediante los mecanismos de democracia directa.