El aparato de comunicación social del gobierno estatal desmintió la asistencia de Campos Galván pese a que el Senado había anunciado su confirmación para este martes. La mandataria cerró el tema con una ironía: ‘Me voy a contestar el teléfono rojo’.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no asistirá este martes a la reunión a la que fue convocada por el Senado de la República para explicar la participación de agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, en un operativo antidrogas realizado sin conocimiento del gobierno federal en la Sierra Tarahumara. Pese a que el Senado había anunciado la confirmación de la mandataria para comparecer a las 11 de la mañana ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, el aparato de Comunicación Social del gobierno del estado desmintió la asistencia sin ofrecer una fecha alternativa ni una explicación formal.
La última declaración pública de Maru Campos sobre el caso llegó la noche del lunes, a su llegada al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Ante los medios de comunicación que la esperaban con preguntas sobre el operativo, sobre posibles cambios en su gabinete y sobre si asistiría al Senado, la gobernadora respondió que el caso se encuentra bajo investigación y que por esa razón no puede dar declaraciones. Cuando los reporteros insistieron, Campos Galván dio por terminada la rueda de prensa con una frase que no tardó en hacerse viral: señaló que tenía que atender el teléfono rojo, en referencia irónica a los rumores de que la presidenta Claudia Sheinbaum había intentado comunicarse con ella la semana pasada sin obtener respuesta.
La situación genera una contradicción política que ninguna de las partes ha resuelto con claridad. El Senado, encabezado por la bancada de Morena con apoyo de otras fuerzas, había confirmado la asistencia de la gobernadora a través del senador Óscar Cantón Zetina, quien aseguró que Campos Galván había confirmado vía telefónica su presencia. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, fue en la misma dirección al afirmar públicamente que la gobernadora acudiría y que estaba dispuesta a hablar sin reservas sobre el combate al narcotráfico en Chihuahua. Sin embargo, el gobierno del estado cerró la noche del lunes desmintiéndolo.
El caso que el Senado quiere discutir tuvo lugar entre el 17 y el 19 de abril, cuando fuerzas de seguridad estatales y dos presuntos agentes estadounidenses desmantelaron un narcolaboratorio en la comunidad El Pinal, en el municipio de Morelos. Al día siguiente, el vehículo en que viajaban los agentes extranjeros junto con mandos policiales chihuahuenses cayó por un barranco en una brecha de terracería, dejando cuatro muertos, incluyendo los dos estadounidenses. La participación de los agentes, que ingresaron a México con visa diplomática y de visitante sin acreditación para operativos, no fue reportada a las autoridades federales en ningún momento.
La presidenta Sheinbaum ha sido contundente al señalar que la responsabilidad de no haber informado al gobierno federal recae en dos posibles fuentes: la Fiscalía estatal o el gobierno de Chihuahua. El lunes, el fiscal César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable reconociendo omisiones en la información y en la gestión institucional del caso. Eso deja a Maru Campos como la figura central que el Senado quiere interrogar, con preguntas concretas: si existía autorización federal para el ingreso de los agentes, cuál era el alcance de su participación y bajo qué mando operaban.
Desde el punto de vista legal, la gobernadora no está obligada a asistir. El Senado la invitó a una reunión de trabajo, no a una comparecencia formal con carácter vinculante. Sin embargo, su ausencia tiene un costo político significativo en un momento en que el gobierno federal la señala como la única responsable institucional que queda en pie tras la renuncia del fiscal, y en que su propio partido intenta convertir el episodio en una demostración de eficacia en el combate al narcotráfico. La Fiscalía General de la República ya inició investigaciones paralelas sobre los hechos. El Senado tiene la facultad de escalar la citación a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, aunque ese órgano actualmente no se encuentra en funciones.
La sesión del Senado programada para este martes 28 de abril a las 11 de la mañana podría celebrarse sin la presencia de la gobernadora, lo que generaría por sí mismo un nuevo capítulo político en una crisis que ha costado ya la renuncia del fiscal, la atención de la presidencia de la república y la condena implícita del embajador estadounidense, quien en paralelo celebraba la captura de ‘El Jardinero’ en Nayarit como ejemplo de cooperación bilateral exitosa. El contraste entre ambos episodios —la captura quirúrgica con información compartida por agencias de EE.UU. y el operativo en la Sierra Tarahumara con agentes no autorizados— resume la tensión que define hoy la política de seguridad en la frontera norte de México.