Cooperar o confrontar: la gobernadora panista comparece este miércoles ante la Fiscalía General de la República. Sus dos caminos y sus consecuencias jurídicas y políticas, explicados.
Este miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, tiene una cita ineludible con la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez. El citatorio —entregado en la puerta del Palacio de Gobierno el sábado 24 de mayo por agentes federales— la llama a declarar en calidad de testigo por el operativo del 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el que participaron presuntos agentes de la CIA estadounidense y en el que murieron dos agentes extranjeros y dos mexicanos.
A menos de 24 horas de esa comparecencia, el panorama jurídico y político de Campos Galván está dividido en dos caminos. Ninguno es sencillo.
LOS HECHOS: ¿Qué investiga la FGR?
El 17 y 18 de abril de 2026, fuerzas de seguridad del estado de Chihuahua realizaron un operativo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, donde descubrieron un laboratorio clandestino de metanfetamina. En ese operativo participaron dos agentes que las autoridades federales identificaron como pertenecientes a la CIA. Ambos murieron, al igual que dos elementos mexicanos.
El problema central: según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, la participación de agentes extranjeros en operativos dentro de territorio nacional debe canalizarse obligatoriamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Eso no ocurrió.
García Harfuch se reunió con Campos Galván el 23 de abril durante una hora en las instalaciones de la SSPC. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que en esa reunión la gobernadora no aportó información adicional a la que ya era pública. Semanas después, la FGR tomó el caso directamente.
También fue citado el exfiscal general de Chihuahua, César Juáuregui Moreno, quien renunció el 27 de abril asumiendo responsabilidad política por las presuntas omisiones.
ESCENARIO 1: COOPERACIÓN — “Siempre he dado la cara”
Maru Campos ha confirmado públicamente que acudirá al citatorio el miércoles. Su secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, confirmó que comparece de manera personal. Esta ruta implica presentarse ante la FGR en Ciudad Juárez, responder las preguntas ministeriales sobre la cadena de mando del operativo y entregar los documentos que le sean requeridos.
| ESCENARIO 1 — Coopera plenamente como testigo |
| ✅ Comparece el 27 de mayo a las 10:00 hrs. ante la FGR en Ciudad Juárez |
| ✅ Declara sobre la cadena de mando del operativo en la Sierra del Pinal |
| ✅ Aporta documentos y evidencias sobre la coordinación con agentes estadounidenses |
| ⚠️ Riesgo: su testimonio puede exponer a subalternos directos a investigación penal |
| ⚠️ Riesgo: cualquier contradicción con la evidencia puede elevarla de testigo a investigada |
| 📊 Proyección política: se presenta como gobernadora institucional, debilita el argumento federal de persecución |
| 🔑 Fuero: lo cede voluntariamente, lo que refuerza su narrativa de transparencia |
Su abogado Roberto Gil Zuarth precisó que el fuero constitucional que protege a la gobernadora le daría incluso el derecho de no comparecer. Sin embargo, la mandataria ha insistido en que acudirá. Desde una perspectiva estrictamente política, esta postura le permite posicionarse frente a su electorado como una figura que no se esconde —en contraste con el argumento gubernamental de opacidad.
ESCENARIO 2: CONFRONTACIÓN — La denuncia contra la FGR
En paralelo a la confirmación de su comparecencia, la defensa legal de Maru Campos anunció que presentará una denuncia penal contra los funcionarios de la FGR responsables del citatorio. El argumento: el procedimiento habría vulnerado el fuero constitucional de la gobernadora al iniciar un proceso penal sin seguir el procedimiento legal correspondiente a un funcionario con esa protección.
| ESCENARIO 2 — Confrontación jurídica y política con la FGR |
| ❌ Interpone denuncia penal contra funcionarios de la FGR por violación de fuero |
| ❌ Invoca fuero constitucional como escudo legal para limitar el alcance de la investigación |
| ⚠️ Riesgo: escala el conflicto con el gobierno federal hasta niveles de crisis institucional |
| ⚠️ Riesgo: puede activar un proceso de desafuero en el Congreso, donde Morena tiene mayoría |
| 📊 Proyección política: consolida su base dura panista, pero la aisla del centro político |
| 🔑 Fuero: lo usa ofensivamente, no sólo como defensa, lo que abre debate constitucional |
| 🏛️ Precedente: si prospera, limitaría capacidad de la FGR de investigar a gobernadores en funciones |
Campos Galván ya lanzó un argumento político que anticipa esta confrontación: cuestionó por qué la FGR no ha citado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este argumento de “persecución política selectiva” es el eje central de la estrategia confrontacional del PAN a nivel nacional.
LA TABLA: Los dos caminos frente a frente
| ASPECTO | ESCENARIO 1 Cooperación | ESCENARIO 2 Confrontación |
| Status legal | Testigo — sin cargos | Riesgo de desafuero |
| Postura ante FGR | Comparece el 27 mayo | Denuncia a la FGR |
| Fuero constitucional | Lo cede voluntariamente | Lo invoca como escudo |
| Riesgo político | Menor a corto plazo | Escalada con gobierno federal |
| Precedente | Colaboración institucional | Confrontación federación-estado |
EL FONDO: ¿Qué busca realmente la FGR?
La FGR ha sido explícita: la investigación apunta a la “cadena de mando” del operativo. Eso significa determinar quién autorizó la participación de agentes estadounidenses, bajo qué convenio operaron y por qué no se notificó a la SRE. Si Maru Campos, como titular del Ejecutivo estatal, tenía conocimiento —o debió tenerlo— de esa colaboración, su condición de testigo podría mutar.
El exfiscal Juáuregui renunció asumiendo la responsabilidad política. La pregunta que la FGR busca responder es si esa responsabilidad fue solo política o también penal, y si se extiende a quien encabeza el gobierno del estado.