El gobernador presentó un documento de más de 248 páginas en el que pide detener el procedimiento en su contra y cuestiona la competencia de la Comisión Anticorrupción; la presidenta del órgano legislativo respondió que el escrito no contiene una defensa de fondo sobre el presunto desvío de más de mil millones de pesos.
MONTERREY, Nuevo León.— El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó este martes 23 de junio su defensa por escrito ante la Comisión Anticorrupción del Congreso local, como parte del juicio político que enfrenta por presuntos actos de triangulación de recursos públicos. El documento, entregado por personal de la Consejería Jurídica del gobernador en la Oficialía de Partes antes de las 9:00 horas, consta de 248 páginas, de acuerdo con la presidenta de la Comisión, la diputada Armida Serrato Flores.
El mandatario tenía programada una comparecencia presencial ante el Congreso a las 16:00 horas del mismo día, pero optó por la vía escrita, opción que la propia Comisión confirmó que estaba dentro de sus derechos. Durante la sesión extraordinaria, que duró alrededor de siete minutos, la Comisión Anticorrupción se limitó a confirmar la recepción del escrito y acordó turnarlo a cada uno de sus integrantes, además de citar a una nueva sesión el viernes 26 de junio a las 9:30 horas.
UNA DEFENSA “AD CAUTELAM” QUE CUESTIONA LA COMPETENCIA DEL CONGRESO
Según la presidenta de la Comisión, la defensa fue presentada “ad cautelam”, figura jurídica mediante la cual una persona responde a un procedimiento sin reconocer su validez. En el documento, el gobernador pidió que se le tenga por compareciendo en tiempo y forma, pero “sin que ello implique sumisión o aceptación alguna a la competencia de la Comisión Anticorrupción”. Gran parte de los argumentos del escrito se enfocan en cuestionar que dicho órgano legislativo y el propio Congreso tengan atribuciones materiales, orgánicas y constitucionales para conocer el caso.
García solicitó además que se detenga el juicio político “en todas sus etapas y efectos”, que la Comisión se declare incompetente para continuar con el asunto, y que se resuelvan primero las cuestiones que considera de “previo y especial pronunciamiento” antes de entrar al fondo del caso. El gobernador argumentó también que el procedimiento violaría el artículo 203 de la Constitución de Nuevo León.
PIDE DEFENSOR PÚBLICO; LA COMISIÓN LO RECHAZA
Una de las peticiones del escrito que más llamó la atención fue la solicitud de que se le designara un defensor público, bajo el argumento de que no cuenta con abogado particular para representarlo en el procedimiento. La diputada Serrato Flores adelantó que esa solicitud sería rechazada, al considerar que la Defensoría Pública del estado tiene como objetivo brindar asistencia jurídica a personas sin recursos para contratar un abogado privado. “Llama la atención que se solicita la designación de un abogado defensor público (…) muestra desconocimiento del proceso legislativo”, declaró la legisladora, quien además recordó que en juicios políticos anteriores contra García el propio mandatario había cuestionado la creación de las comisiones jurisdiccionales correspondientes.
Tras una revisión preliminar, Serrato Flores señaló que no encontró en el escrito una defensa de fondo respecto a los señalamientos que motivaron el procedimiento, relacionados con presuntas triangulaciones y desvío de recursos públicos por más de mil millones de pesos.
EL ORIGEN: DENUNCIA DE MORENA POR TRIANGULACIÓN DE RECURSOS
El juicio político contra García inició formalmente el 12 de junio, cuando la Comisión Anticorrupción aprobó por mayoría el acuerdo de procedencia, tras una denuncia presentada por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena en Nuevo León, ante el propio Congreso local. A finales de mayo, Morena también había presentado una denuncia separada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra García y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflicto de interés y promoción personalizada con recursos públicos.
Según la denuncia, el gobierno estatal habría entregado contratos por alrededor de 164 millones de pesos a la empresa Suministros MYR, mientras que otra firma relacionada, Productos Mexicanos Jase, habría transferido recursos a un despacho jurídico vinculado al padre del gobernador. La votación del 12 de junio para iniciar el procedimiento contó con el respaldo de legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena, mientras que el representante de Movimiento Ciudadano —partido de García— votó en contra.
CLAVES DEL CASO
| Dato | Detalle |
| Inicio del proceso | 12 de junio de 2026, expediente legislativo 21,537. |
| Acusación central | Presunta triangulación y desvío de recursos públicos por más de mil millones de pesos hacia despachos familiares. |
| Defensa presentada | 23 de junio, 248 páginas, presentada “ad cautelam”. |
| Principal argumento | La Comisión Anticorrupción y el Congreso carecen de competencia para conocer el caso. |
| Próximo paso | Nueva sesión de la Comisión Anticorrupción el viernes 26 de junio a las 9:30 horas. |
| Para destitución | Se requerirían al menos 28 de los 42 votos del Congreso local. |