La noche de este miércoles se vela al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, de 60 años, en la funeraria Núñez Banuet de la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca, tras ser asesinado a balazos esa misma mañana en el municipio de San Pablo Etla.
De acuerdo con los primeros reportes, Leyva Aguilar desayunaba en un puesto de comida del Fraccionamiento La Esmeralda, sitio donde vivía, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos disparó contra el comunicador. Según la policía local, una mujer resultó herida durante el ataque y fue trasladada por servicios de emergencia para recibir atención médica. El cuerpo fue entregado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a sus familiares; mañana se ofrecerá una misa antes de ser sepultado en el panteón San Miguel.
Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) durante el gobierno del priista Alejandro Murat, y en años recientes se dedicaba al periodismo de opinión bajo el nombre “El Zumbido del Moscardón”, columna y segmento en video que difundía a través de Facebook y TikTok, donde sumaba miles de seguidores.
“La ética no es una condición ocasional, debe acompañar al periodista todos los días de su vida como el zumbido al moscardón”
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó “de manera firme” el asesinato y reconoció a Leyva como “un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones”. El mandatario solicitó que la FGEO establezca coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República para fortalecer la investigación.
El asesinato ocurrió apenas horas después de que Leyva Aguilar compartiera su columna más reciente, en la que criticó la baja afluencia turística durante las fiestas de la Guelaguetza. Sin embargo, un dato que ha llamado la atención de organizaciones periodísticas es que, el lunes previo a su muerte, el comunicador publicó un video en el que señaló al senador morenista Antonino Morales Toledo —descrito como cercano al gobernador Jara— como presunto líder de huachicol en el Istmo de Tehuantepec, además de señalarlo como presunto operador de despojo de tierras en la región del Istmo hacia la Costa oaxaqueña, principalmente en Santiago Astata.
El 14 de julio de 2025, un año antes del ataque, Leyva Aguilar acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para denunciar amenazas de muerte que vinculó con una campaña de desprestigio impulsada desde el gobierno estatal, según documentos consultados por RSF. Dos días después presentó una denuncia formal ante la FGR contra el gobernador Jara y dos funcionarios de su administración.
La Fiscalía federal abrió una investigación por amenazas pero no adoptó ninguna medida de protección. Remitió el expediente a la fiscalía estatal 12 días después. La fiscalía oaxaqueña solo acusó recibo cuatro meses más tarde, en noviembre de 2025, de acuerdo con RSF.
Ese mismo mes, el periodista denunció públicamente que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su gestión en la CORTV, cinco años después de haber dejado el cargo. Lo interpretó como una forma de “persecución con fines de censura o autocensura”.
En esa publicación escribió: «Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia».
En noviembre del año pasado, Leyva ya había denunciado públicamente haber sido víctima de hostigamiento por parte del gobierno estatal, en un periodo en el que promovía el voto en contra de Jara Cruz durante el proceso de revocación de mandato. En ese entonces, autoridades estatales anunciaron que se realizaría una auditoría a la CORTV correspondiente al periodo en que Leyva fue director, por presunto desvío de recursos públicos.
Según el conteo de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se trata del séptimo periodista asesinado en México en lo que va de 2026 y del segundo en menos de una semana. La organización exigió la apertura de una investigación con intervención de las autoridades federales, así como una explicación pública sobre las fallas institucionales que permitieron que el comunicador fuera asesinado pese a haber denunciado amenazas de muerte con anterioridad.