La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este martes, en Palacio Nacional, un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, con el que se ampliará la información pública disponible, se actualizarán mensualmente los contratos gubernamentales y se incorporarán nuevos datos sobre las filiales de Pemex y CFE, auditorías y fiscalización, además de establecer criterios más estrictos para la reserva de información.
Durante la conferencia matutina, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones legales vigentes y fomentar la máxima publicidad de la información gubernamental, mientras se preparan reformas a la Ley General de Transparencia para incorporar estas disposiciones de manera permanente.
Claves del caso
• El decreto amplía la información pública disponible y ordena actualizar mensualmente los contratos del Gobierno federal.
• Pemex y CFE deberán transparentar estados financieros, informes ante agencias extranjeras, reglas de gobierno corporativo y contratos.
• Se publicará información adicional sobre programas de auditoría, estadísticas y seguimiento a observaciones de fiscalización.
• La reserva de información quedará limitada, en principio, a casos de seguridad nacional o procesos judiciales en curso; los datos personales seguirán protegidos.
• Sheinbaum adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para incorporar estos criterios a la Ley General de Transparencia al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre.
• La medida llega después de la extinción del INAI, ocurrida mediante la reforma constitucional de simplificación administrativa publicada el 20 de marzo de 2025; sus funciones pasaron a Transparencia para el Pueblo, organismo dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sheinbaum señaló que el decreto representa una medida inmediata para ampliar la transparencia gubernamental, pero insistió en que será necesario modificar la legislación vigente para garantizar que estas disposiciones tengan carácter permanente. “La ley actual establece que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información”, explicó la mandataria, al justificar la necesidad de acotar ese margen de discrecionalidad.
El anuncio se da en un contexto que algunos analistas han calificado de paradójico: el organismo autónomo que durante años vigiló el cumplimiento de la transparencia gubernamental, el INAI, dejó de existir en 2025, y sus atribuciones quedaron distribuidas entre autoridades garantes de los poderes y órganos autónomos, así como en Transparencia para el Pueblo, un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo. El propio Gobierno reconoce que, sin una reforma legal que respalde el decreto, sus disposiciones podrían carecer de permanencia más allá de la actual administración.