Entre denuncias por despojo de propiedades, resoluciones judiciales falsificadas y notarías que operaban con anomalías detectadas en hasta tres inspecciones, Tamaulipas enfrenta uno de los escándalos notariales más amplios de los últimos años. Al menos 12 expedientes están judicializados o en integración ante el Supremo Tribunal de Justicia, mientras la Secretaría General de Gobierno mantiene bajo revisión a más de 40 notarios.
Los 12 casos que investiga el Poder Judicial
El 26 de agosto de 2026, Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, confirmó que 12 notarios enfrentan denuncias civiles y penales por presuntas irregularidades en operaciones patrimoniales, concentradas principalmente en Reynosa y en municipios del sur del estado, aunque también se registran casos en Tampico y Ciudad Madero. «La irregularidad más denunciada tiene que ver básicamente con alguna modificación patrimonial que no corresponde», explicó, en referencia a transferencias o cambios en la situación de propiedades que, según los denunciantes, nunca autorizaron ni tuvieron intención de realizar. Algunos de estos 12 expedientes ya están judicializados; otros permanecen en etapa de integración de pruebas. Las autoridades no han hecho públicos los nombres de los notarios señalados ni el número exacto de casos que ya llegaron a proceso penal formal.
El Colegio de Notarios del estado ha respondido a estas investigaciones calificándolas de «persecución política» por parte de las autoridades estatales, una postura que introduce una disputa abierta entre el gremio y el Poder Judicial sobre el alcance real del problema.
El universo más amplio: más de 40 notarías bajo revisión
Paralelamente al proceso judicial, la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas —a través de la Dirección de Notarías, encabezada por el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez— mantiene abiertas investigaciones administrativas contra 41 notarios públicos en distintos municipios del estado, incluido Nuevo Laredo. Estas indagatorias, reportadas desde mayo de 2026, se originaron en denuncias ciudadanas por retrasos excesivos en trámites, deficiencias en la integración de escrituras y presuntas conductas ilícitas en operaciones jurídicas. Según el propio gobierno estatal, «si el notario demuestra que la ilegalidad no existió, se emite una resolución en la que se establece que no procede la cancelación del Fiat o patente»; en caso contrario, los expedientes pueden derivar en la cancelación de la patente notarial o en su remisión a la Fiscalía General de Justicia cuando se detectan patrones de posible fraude.
El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, detalló en mayo que, del total de más de 300 notarios activos en el estado, 15 están siendo investigados específicamente en Reynosa, 41 enfrentan denuncias formales en distintos puntos de la entidad, ocho notarías «express» ya fueron canceladas y, de forma reveladora, 60 notarios optaron por renunciar voluntariamente a su credencial ante el escrutinio. «Todas las notarías han sido inspeccionadas al menos una vez, en algunos otros casos hasta en tres ocasiones», afirmó, subrayando que se trata de una revisión generalizada al gremio, no de casos aislados.
El patrón detectado: despojo inmobiliario con resoluciones falsas
En abril de 2026, Contreras López ya había adelantado que el Poder Judicial documentaba un patrón específico de fraude: el uso indebido de la fe pública notarial para despojos inmobiliarios, mediante la presentación de resoluciones judiciales falsificadas como sustento de transferencias de propiedad. Para contener esta práctica, el propio Poder Judicial implementó desde el 30 de marzo de 2026 un sistema de verificación con códigos QR en todas las sentencias emitidas, de forma que los notarios puedan autenticar la validez de una resolución judicial antes de formalizar cualquier operación con base en ella. La dependencia también estrechó su colaboración con el Registro Público de la Propiedad y el Catastro para cruzar información y detectar movimientos irregulares antes de que se consumen.
Antecedente: notarías heredadas de la administración anterior
El fenómeno no es enteramente nuevo. Ya en noviembre de 2022 el gobierno estatal había cancelado varias notarías —entre ellas la 153 de Valle Hermoso, la 189 de Ciudad Victoria y la 170 de Río Bravo— por incumplimientos a la Ley del Notariado y presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso ilícito de atribuciones. Esas notarías formaban parte de un bloque de 28 patentes notariales otorgadas durante el último mes de gobierno del entonces gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que en su momento alimentó señalamientos de que varias de esas designaciones respondieron a criterios políticos más que técnicos. El actual proceso de fiscalización masiva —los 41 casos administrativos y los 12 expedientes judiciales— se lee por tanto como la continuación de una limpieza que el gobierno de Tamaulipas atribuye a irregularidades heredadas de esa etapa, aunque las autoridades no han precisado públicamente cuántos de los notarios actualmente investigados obtuvieron su patente durante ese periodo.
El estado actual
A la fecha, ningún notario ha sido señalado públicamente por nombre en los 12 casos que lleva el Poder Judicial, y no existe una resolución firme que determine responsabilidades penales en ninguno de los expedientes judicializados. En paralelo, el proceso administrativo de la Secretaría General de Gobierno continúa sin plazo fijo de resolución, dependiendo de la complejidad de cada caso y de los recursos que interpongan los notarios señalados. El Colegio de Notarios de Tamaulipas mantiene su postura de que se trata de un ejercicio de presión política, mientras el gobierno estatal y el Poder Judicial insisten en que se trata de una fiscalización necesaria ante un patrón de fraude inmobiliario documentado.