El trámite, obligatorio desde el 21 de octubre para autos con placas foráneas, lo aprobaron PAN y PRI en el Congreso neoleonés; ahora gobiernos vecinos y especialistas lo señalan como una posible violación al derecho constitucional de libre tránsito
MONTERREY / MATAMOROS.— A partir del 21 de octubre, cualquier automovilista con placas de otro estado o del extranjero que quiera circular en Nuevo León deberá tramitar antes un permiso digital: el llamado Pase Turístico. La medida, que ya generó el rechazo abierto de los gobiernos de Tamaulipas y Coahuila, ha abierto un debate sobre si un estado puede, constitucionalmente, condicionar así el paso de vehículos de otras entidades.
¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL PASE TURÍSTICO?
Es un permiso gratuito y obligatorio que expide el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) a todo vehículo particular con placas foráneas o extranjeras que vaya a circular dentro del estado. Se tramita en línea, en el portal www.icvnl.gob.mx/paseturistico, y pide como requisitos: tarjeta de circulación vigente, licencia de conducir vigente, póliza de seguro activa, además de un teléfono y un correo electrónico de contacto.
Una vez completado el registro, el sistema genera un documento digital que hay que imprimir y colocar tanto en el parabrisas delantero como en el medallón trasero del auto. Ese pase autoriza circular en Nuevo León desde 1 día hasta un máximo de 30 días naturales por año. Si la estancia se prolonga más allá de ese límite, el conductor tiene que tramitar, aparte, el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP) —y ahí sí hay un costo asociado—. Las autoridades neoleonesas ya advirtieron que circular sin el pase, o con uno vencido, será motivo de multa, aunque hasta ahora no se ha publicado el monto exacto de esa sanción.
La medida se sostiene en una reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial del estado, aprobada por el Congreso de Nuevo León el 21 de abril de 2026 y publicada el 4 de septiembre en el Periódico Oficial, con un plazo de 45 días naturales para entrar en vigor.
¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ Y QUIÉN LO APROBÓ?
Aquí está uno de los datos que menos se ha contado: el Pase Turístico no nació como una propuesta del gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC). La iniciativa la presentó originalmente Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso estatal, y fue aprobada con los votos de PAN y PRI. Movimiento Ciudadano se abstuvo en esa votación.
Cuando estalló la polémica por la medida, el propio MC salió a deslindarse de ella. Su líder estatal, Baltazar Martínez Ríos, lo dijo sin rodeos:
«El Gobierno del estado solamente está implementando una ley que los propios panistas crearon, votaron y defendieron en el Congreso».
Martínez Ríos incluso le pidió al alcalde panista de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, que su partido asumiera la responsabilidad de lo que votaron en el Congreso, en lugar de dejarle toda la crítica al gobierno estatal, que es quien ahora tiene que operar el trámite a través del ICVNL.
LA JUSTIFICACIÓN OFICIAL: SEGURIDAD VIAL
Según los lineamientos publicados el 4 de septiembre, con base en el artículo 5 Bis de la Ley de Movilidad, el objetivo declarado del Pase Turístico es «garantizar la protección de la seguridad vial y orientar al visitante». Es, en otras palabras, un argumento de ordenamiento y control vehicular: saber qué autos foráneos circulan en el estado y por cuánto tiempo.
Lo que no está en el argumento oficial es cualquier mención a delincuencia, robo de vehículos o seguridad pública en un sentido más amplio: el sustento legal se queda, formalmente, en el terreno de la movilidad y el tránsito.
¿POR QUÉ SE DICE QUE VIOLA EL LIBRE TRÁNSITO?
El argumento en contra se apoya en el artículo 11 de la Constitución mexicana, que establece que toda persona tiene derecho a entrar, salir, viajar y mudar de residencia por el territorio nacional «sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes». Exigir un registro previo, un documento que hay que imprimir y pegar en el auto, y un tope de 30 días de circulación al año dentro de un estado, se parece bastante, en la práctica, a ese tipo de requisito que la Constitución prohíbe expresamente.
El único precedente comparable en México es el programa Hoy No Circula de la Ciudad de México, que también restringe la circulación de autos foráneos. Pero ese mecanismo se sostiene legalmente porque responde a una causa concreta y medible: una contingencia ambiental por mala calidad del aire. Nuevo León no tiene ese tipo de justificación excepcional: su argumento es un genérico «seguridad vial», lo que —según análisis legales ya publicados— deja a la medida mucho más expuesta a una impugnación por desproporcionada.
Hay, además, un señalamiento que le añade sospecha al asunto: aunque el pase básico es gratuito, el trámite para quedarse más de 30 días —el RVEP— sí tiene costo. Eso ha llevado a que especialistas en la materia planteen abiertamente si el verdadero objetivo no es tanto la seguridad vial, sino una forma de recaudación disfrazada de control vehicular.
EL FRENTE EN CONTRA: TAMAULIPAS Y COAHUILA
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue tajante: «está mal», dijo, y cuestionó «en base a qué condición lo estén planteando», recordando que la Constitución garantiza a todos los mexicanos el libre tránsito por el país. Advirtió que la medida podría dañar la integración económica y social entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y pidió una revisión legal antes de que entre en vigor.
En el Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, calificó la medida de innecesaria y advirtió que, de concretarse, «el Poder Legislativo analizará las acciones que correspondan» —dejando abierta la puerta a que Tamaulipas imponga un requisito espejo a los autos con placas de Nuevo León que crucen a su territorio—.
Coahuila se sumó al reclamo: su Congreso pidió formalmente a Nuevo León revisar la medida, y el diputado Attolini no se guardó el calificativo: la llamó «una estupidez flagrante». El gobernador coahuilense, Manolo Jiménez, también cuestionó públicamente su constitucionalidad.
Hasta ahora, ninguno de los dos estados vecinos ha anunciado una acción legal formal —como una controversia constitucional ante la Suprema Corte— ni ha confirmado que vaya a aplicar una medida de reciprocidad. Todo se mantiene, por el momento, en el terreno de la advertencia política.