La denuncia, derivada de la revisión de la Cuenta Pública 2025, apunta a recursos que habrían llegado a un despacho jurídico vinculado con el gobernador Samuel García y su padre
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos de recursos públicos del gobierno de Nuevo León, según reportes publicados el 31 de octubre. Hasta el cierre de esta nota no se encontró una respuesta del gobernador ni de su administración.
Qué denunció la ASF
De acuerdo con La Jornada y El Independiente, la ASF, encabezada por Aureliano Hernández, presentó una denuncia penal derivada de la revisión de la Cuenta Pública 2025. La fecha de presentación es el 16 de octubre, según el listado publicado por la propia Auditoría.
El señalamiento es por presunta triangulación, es decir, el traslado de dinero a través de varias empresas intermedias antes de llegar a su destino final. Se trata de una imputación de la ASF que debe investigar la FGR; no hay sentencia ni determinación judicial.
Cómo habría operado el esquema
Según el diagrama del informe que describen los medios, el gobierno estatal realizó cuatro operaciones financieras. Los recursos habrían pasado por constructoras, comercializadoras, una empresa de alimentos, una de servicios, una consultoría y una de equipamiento antes de llegar a un despacho jurídico o a particulares. Las empresas no se nombran en los reportes consultados.
El ejemplo que citan La Jornada y El Independiente es el siguiente:
- Unos 5 mil 851 millones de pesos fueron transferidos por el gobierno estatal a una constructora.
- Esa empresa habría pasado 5 mil 154.6 millones a otra firma.
- Esta última habría entregado 385.3 millones al despacho jurídico.
En total, unos 928.13 millones de pesos habrían llegado al despacho, que según los reportes está relacionado con Samuel García y con su padre, Samuel Orlando. La Jornada añade que, según la ASF, el esquema habría permitido al gobernador comprar una propiedad valuada en mil millones de pesos.
Lo que no queda claro
- Eje Central señala que su nota no aclara si se presentó una denuncia formal, mientras La Jornada y El Independiente sí hablan de una denuncia penal ante la FGR.
- El Independiente indica que no precisa si la denuncia señala como denunciados a Samuel García y a su padre, aunque los menciona en relación con el despacho.
- No se identifican las constructoras ni las demás empresas, ni se explica el origen del dinero con el que se habría comprado la propiedad.
- Tampoco se informa qué sigue en la FGR ni en qué plazo.
El caso de Sinaloa
La misma revisión incluye a Sinaloa. Según La Jornada y El Independiente, la ASF reportó posibles irregularidades durante el gobierno de Rubén Rocha Moya: contratos de obra pública otorgados a una constructora creada por sus dos hijos, depósitos superiores a la obra realizada y movimientos de dinero hacia los hijos después de salir de la empresa. Parte de esos recursos habría llegado a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de un supuesto préstamo.
Antecedente: la defensa de García en 2024
No se trata de la primera vez que se cuestionan los pagos al despacho de la familia García. En marzo de 2024, México News Daily recogió que el gobernador dijo no tener nada que ocultar, calificó una nota de El Norte y Reforma como un “montaje” y explicó que una empresa era cliente de su despacho desde 2017, antes de su gestión. Ese caso era distinto y no se refería a la denuncia actual de la ASF.