Buenos Aires / Ciudad de México.- Las autoridades argentinas autorizaron este miércoles el traslado a México del excontraalmirante de la Secretaría de Marina Fernando Farías Laguna, señalado como líder de «Los Primos», una red dedicada al contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal que operó durante años en las aduanas marítimas de Tampico y Altamira, en Tamaulipas. Según su defensa legal, citada por medios mexicanos y argentinos, la entrega a autoridades mexicanas se realizaría en cuestión de horas, en un vuelo coordinado por Interpol.
La confirmación llegó un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantara, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el traslado era inminente. «Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí», dijo la mandataria el martes 18 de agosto, al tiempo que informó haber pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que diera detalles del caso y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que participara en el proceso.
Quién es Fernando Farías Laguna
Farías Laguna es sobrino político del excomandante general de la Armada José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —recluido desde septiembre de 2025 en el penal federal del Altiplano—, es señalado como cabecilla de una estructura criminal que utilizaba empresas fachada, documentación apócrifa y la complicidad de funcionarios aduanales para introducir y comercializar ilegalmente combustible evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La organización, identificada por las autoridades como «Los Primos», habría operado con particular intensidad en los puertos de Tampico y Altamira, dos de los principales puntos de entrada marítima de hidrocarburos en el Golfo de México.
Cronología del caso
La investigación contra los hermanos Farías Laguna se remonta a las denuncias internas dentro de la propia Marina. En junio de 2024, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar presentó una denuncia formal ante el entonces secretario Rafael Ojeda Durán sobre la existencia de la red de huachicol fiscal. Meses después, en agosto de 2024, Fernando Farías Laguna salió de México hacia Florida, Estados Unidos, sin registrar su reingreso al país. En noviembre de ese año, Guerrero Alcántar —el denunciante original— fue asesinado en Manzanillo, Colima, en un hecho que las autoridades han vinculado al caso.
La investigación se aceleró en 2025. El 31 de marzo de ese año, un operativo en el puerto de Tampico permitió asegurar 10 millones de litros de diésel de contrabando transportados en el buque Challenge Procyon, que había arribado días antes con documentación falsa; el decomiso incluyó además 192 contenedores, 23 tractocamiones, armas y equipo de cómputo. En septiembre de 2025 fue detenido Manuel Roberto Farías Laguna junto con otros 13 implicados —tres empresarios, seis marinos y cinco funcionarios aduanales—, en un operativo paralelo que permitió recuperar 8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California. El 2 de octubre de 2025 se revocó una suspensión judicial que pesaba sobre el caso y se liberó formalmente la orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna.
Para entonces, el excontraalmirante ya se encontraba fuera del país. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el 1 de abril de 2026 ingresó a Argentina procedente de Colombia utilizando un pasaporte guatemalteco falso a nombre de «Luis Lemus Ramos». Fue capturado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires por la Policía Federal Argentina, en un operativo coordinado con Interpol —que mantenía sobre él una ficha roja vigente en 192 países— y con autoridades mexicanas.
Un proceso legal con obstáculos
La detención no derivó de inmediato en su entrega a México. El gobierno argentino, entonces bajo la presidencia de Javier Milei, rechazó inicialmente deportarlo por la vía administrativa expedita, luego de que Farías Laguna solicitara asilo político argumentando que no existían garantías de un proceso judicial justo en su contra en México. Ese pedido de asilo obligó a las autoridades mexicanas a impulsar en paralelo una solicitud formal de extradición —un procedimiento judicial más complejo y prolongado— a través de la FGR y con la SRE como canal diplomático ante Argentina, con un plazo que corría hasta finales de junio para su formalización.
Fuentes de la FGR citadas por medios mexicanos remarcaron que tanto Fernando como Manuel Roberto Farías Laguna cuentan con evidencia sustancial en su contra por el esquema de contrabando de combustibles operado durante la administración de López Obrador, y que no se trata de «chivos expiatorios» dentro de la investigación.
Un juicio de extradición llegó a programarse para el 27 de agosto en Argentina, pero la autorización de traslado conocida este 19 de agosto —confirmada por la propia defensa del excontraalmirante— adelantaría ese desenlace. Reportes periodísticos señalan además que Estados Unidos ejerció presión sobre las autoridades argentinas, condicionando su respaldo al proceso a garantías sobre la integridad física y los derechos humanos de Farías Laguna una vez trasladado a México.
El contexto: el huachicol fiscal
El caso de los hermanos Farías Laguna se inscribe en el escándalo conocido como «huachicol fiscal», que estalló públicamente tras el asesinato en noviembre de 2021 de Sergio Carmona Angulo, apodado «El Rey del Huachicol», suceso que detonó las primeras pesquisas sobre el tráfico de combustibles entre Texas y Tamaulipas. A diferencia del huachicol tradicional —el robo de combustible directamente de los ductos de Pemex mediante tomas clandestinas—, el huachicol fiscal consiste en introducir al país hidrocarburos importados simulando operaciones legales o declarándolos como otros productos, para evadir aranceles e impuestos, con la presunta complicidad de mandos de la Marina, encargada de la seguridad y supervisión de los puertos mexicanos desde 2021.
El escándalo llevó en enero de 2026 a que la propia Secretaría de Marina diera de baja a cuatro mandos navales señalados por su presunta participación en la red, entre ellos sobrinos del extitular Ojeda Durán, en lo que ha sido descrito como uno de los mayores casos de corrupción institucional dentro de las fuerzas armadas mexicanas en años recientes.
El desenlace del caso de Fernando Farías Laguna será observado de cerca tanto por su eventual valor probatorio para esclarecer el alcance de la red —y las responsabilidades de mandos superiores— como por las implicaciones políticas de que un exalto oficial de la Marina, con vínculos familiares en la cúpula castrense, enfrente finalmente a la justicia mexicana.