Cada día México genera 139 mil toneladas de basura. La materia prima no cuesta nada, la demanda nunca se detiene y el Estado paga buena parte de la factura. Así opera uno de los negocios más rentables y menos regulados del país: el de los residuos, valuado en más de 50 mil millones de pesos anuales, unos 3 mil millones de dólares.

El manejo de residuos sólidos urbanos mueve en México más de 50 mil millones de pesos al año, de acuerdo con estimaciones recogidas por La Jornada, una cifra equivalente a unos 3 mil millones de dólares. El monto sitúa a la basura entre los negocios más lucrativos y menos escrutados del país, sostenido por un flujo de ingresos que rara vez se detiene: mientras existan ciudades, habrá residuos que recolectar, transportar y disponer.

El tamaño del sector también se refleja en su estructura empresarial. Según cifras de Data México, la industria de manejo de residuos y servicios de remediación agrupa a cerca de 1,766 unidades económicas en el país, que en conjunto emplean a cerca de 493 mil personas, la mayoría hombres, con salarios promedio mensuales de entre 5,500 y 6,000 pesos. Es una cadena de valor que va del recolector informal que empuja un carrito hasta las concesionarias que operan rellenos sanitarios de cobertura estatal.

Cómo se genera la basura en México

Cada mexicano produce en promedio 1.076 kilogramos de basura al día, lo que a escala nacional se traduce en 139 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, según cifras difundidas por La Jornada. De ese total, alrededor del 40 por ciento es materia orgánica y más del 36 por ciento corresponde a materiales potencialmente reciclables como cartón, papel, plástico PET, vidrio y madera.

El problema no es solo cuánta basura se genera, sino qué se hace con ella: apenas el 5 por ciento de los residuos recibe algún tipo de tratamiento y hasta el 72 por ciento no se valoriza en absoluto, es decir, termina enterrado o tirado sin recuperar nada de su valor potencial. A la basura municipal se suman otros 340 millones de toneladas anuales de «residuos de manejo especial» —el 89 por ciento proveniente del sector agrícola y forestal— y 4.6 millones de toneladas de residuos peligrosos, de los cuales menos del 1 por ciento de las empresas obligadas a reportarlos efectivamente lo hace, lo que sugiere un subregistro considerable.

El modelo de negocio: ganar con lo que no cuesta

El atractivo del sector, señalan especialistas citados por La Jornada, radica en que la materia prima —la basura misma— no tiene costo de adquisición. A partir de ahí, el negocio se multiplica en varios puntos de la cadena: las empresas recolectoras cobran una cuota por el servicio y, de paso, recuperan materiales reciclables que revenden; los operadores de sitios de disposición final cobran a los municipios por cada tonelada que reciben, al tiempo que reducen al mínimo el mantenimiento de la infraestructura para maximizar el margen.

“Es un sector que funciona de manera eficiente precisamente porque la materia prima es gratuita.”

— Julio Valdivieso Rosado, especialista en gestión de residuos

Ese modelo, sin embargo, convive con una fuerte dependencia económica en el otro extremo de la cadena: miles de personas dedicadas a la pepena y la recolección informal subsisten de separar y vender materiales reciclables, pese a los riesgos sanitarios que implica el contacto directo con los residuos.

“Sé que hay riesgos para la salud, pero de esto como, de esto vivo.”

— Mauricio Ceballos González, recolector de residuos, Iztapalapa

Una infraestructura insuficiente

México cuenta con más de 2,250 sitios de disposición final registrados, pero solo 52 de ellos —apenas 2.3 por ciento del total— operan como rellenos sanitarios propiamente dichos, es decir, con las obras de ingeniería que exige la norma NOM-083-SEMARNAT-2003 para evitar la contaminación del suelo y el agua. El resto son tiraderos a cielo abierto que, en los hechos, reciben basura sin control técnico.

Sostener un sitio de disposición conforme a la norma tiene un costo diario de entre 50 mil y 100 mil pesos, un gasto que muchos municipios evitan o recortan, lo que deriva en fallas operativas recurrentes.

“Muchos rellenos sanitarios no funcionan al 100 por ciento.”

— Ricardo Medina Calvario, presidente del Colegio de Biólogos de México

El costo ambiental que no se factura

Lo que el negocio de la basura no paga, lo paga el país en forma de degradación ambiental. Según las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) 2024 del Inegi, el costo por degradación ambiental asociado a los residuos sólidos urbanos ascendió a 124,438 millones de pesos, equivalentes a 0.4 por ciento del PIB nacional. Esa cifra forma parte de un costo de degradación ambiental total de 1.24 billones de pesos (3.7 por ciento del PIB), del cual la contaminación del aire concentra la mayor parte (832,799 millones de pesos), seguida por la degradación del suelo (212,348 millones de pesos) y el agua residual no tratada (68,609 millones de pesos).

A esos costos se suma el impacto climático: el sector de los residuos aporta alrededor del 7 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, principalmente por la descomposición de materia orgánica en sitios sin control de biogás.

Estudio de caso: Kanasín, Yucatán

El relleno sanitario de Kanasín, en la zona metropolitana de Mérida, ilustra cómo pueden fallar los controles incluso en sitios formalmente autorizados. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó en octubre de 2025 la clausura de sus operaciones de disposición final tras documentar irregularidades, entre ellas la falta de impermeabilización adecuada y el riesgo de que los lixiviados contaminen cuerpos de agua cercanos, en una región especialmente vulnerable por la rápida infiltración del subsuelo característica del Anillo de Cenotes.

El sitio es operado por Saneamiento SANA, empresa que forma parte de un entramado corporativo —identificado en reportajes locales como «Ciclo Corporativo»— que controla distintos eslabones de la cadena en la zona: la recolección para más de 180 mil usuarios en Mérida y Kanasín, una planta de separación en Chalmuch operada por Servicios Ambientales Urbanos (SAU), y el propio relleno sanitario. La empresa ha rechazado haber incurrido en irregularidades y sostiene que cumple con la orden de clausura; en mayo de 2026 Profepa flexibilizó la sanción y permitió una reapertura parcial, mientras un tribunal analiza el caso.

“No se determina que el relleno haya operado sin permisos, ni se acredita el incumplimiento de la orden de clausura.”

— Saneamiento SANA, en respuesta a la controversia

Vecinos de la zona, entre ellos José Eugenio Canché Rodríguez, han presentado denuncias ante Profepa por las irregularidades del sitio, exigiendo sanciones máximas y que el caso se turne a la vía penal. Reportes locales documentan además quemas abiertas prohibidas por la norma, residuos sin cubrir visibles incluso en imágenes satelitales y un episodio en junio de 2022 en el que 45 niños de comunidades cercanas presentaron síntomas respiratorios en un solo día.

Conclusión

El caso de Kanasín no es una anomalía sino un espejo del sector a escala nacional: un negocio de más de 50 mil millones de pesos anuales que crece sobre una infraestructura insuficiente —apenas 52 rellenos sanitarios reglamentarios para todo el país— y cuyos costos ambientales, calculados por el Inegi en 124,438 millones de pesos solo en 2024, terminan trasladándose a las comunidades vecinas a los sitios de disposición y al erario público. Mientras la basura siga sin costo de origen y la vigilancia siga siendo limitada, el negocio seguirá siendo, para quienes lo operan, un negocio redondo.