Ciiudad Victoria, Tamaulipas.- El expediente de corrupción heredado del sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) tuvo esta semana dos desarrollos que se cruzan: la exsecretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, señaló directamente al exgobernador panista como quien ordenó adjudicar contratos por 343.9 millones de pesos a empresas vinculadas a Sergio Carmona Angulo, “El Rey del Huachicol”; y un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, quien fue contralora gubernamental del propio sexenio, por uso ilícito de sus atribuciones. Cabeza de Vaca respondió negando cualquier nexo con los Carmona y acusando persecución política.
La acusación de la exsecretaria de Salud
Molina Gamboa, quien encabezó la Secretaría de Salud estatal de 2017 a 2022, declaró que Cabeza de Vaca “estableció con claridad una separación de funciones” al asumir el cargo: ella se encargaría de lo técnico y operativo, mientras él retendría el control directo sobre “la contratación y el abasto con relevancia económica o política”. Según su versión, las instrucciones para adjudicar contratos a las empresas Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser llegaban por la vía de Alejandro Aguilar Pogner —cuyo apellido aparece también transcrito como “Poegner” en algunas notas—, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, quien transmitía y vigilaba el cumplimiento de esas órdenes.
Molina Gamboa no habla como testigo externo: es una de las señaladas en el mismo expediente. Forma parte de las 70 quejas —14 de ellas penales— que la actual Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó el 25 de agosto de 2025 por presuntas irregularidades del sexenio anterior. En su declaración reconoció que le corresponde “asumir la responsabilidad que corresponda”, pero pidió que la investigación no se detenga en los mandos operativos y alcance a quien daba las órdenes.
Los contratos: Permart y Joser
De acuerdo con la reconstrucción documental citada por Proceso e Infobae, entre 2017 y 2018 la Secretaría de Salud de Tamaulipas adjudicó a Permart y Joser contratos por alrededor de 500 millones de pesos, de los cuales se pagaron 343.9 millones (221 millones de origen estatal y 122 millones de origen federal). Quedó un saldo de 157 millones de pesos sin cobrar y sin que exista evidencia de que el gobierno estatal haya iniciado alguna reclamación legal por ese monto. Una parte de esas adjudicaciones se realizó sin licitación y, según la documentación revisada, hubo pagos realizados sin contrato firmado ni facturación de respaldo.
Entre las adjudicaciones identificadas destacan contratos a Permart por 122.59 millones de pesos en 2017 y 14.52 millones en 2018, además de contratos a Joser por 42.89 millones (julio de 2018) y 1.91 millones (diciembre de 2018); se documentaron también cuatro adjudicaciones municipales en Reynosa, vía el organismo IRCA, por 1.125 millones de pesos. Las autoridades notaron que ambas empresas comparten notario y responsable ante el registro público de la propiedad, y que Perla Sharaza McDonald Sánchez —viuda de Sergio Carmona— figura como accionista y representante legal de las dos.
Quién era “El Rey del Huachicol”
Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco apodado “El Rey del Huachicol” por su presunta operación de contrabando y venta ilegal de combustible, fue ejecutado el 22 de noviembre de 2021. A través de Permart y Joser, sus empresas obtuvieron al menos 43 contratos con dependencias estatales por 376 millones de pesos entre 2018 y 2021, de acuerdo con los registros revisados por la prensa nacional. Su hermano, Julio César Carmona Angulo, también aparece vinculado a esa red de empresas.
La condena a la excontralora Elda Aurora Viñas Herrera
Por separado, el Tribunal de Enjuiciamiento en Tamaulipas declaró culpable el 17 de septiembre a Elda Aurora Viñas Herrera, quien fue contralora gubernamental durante el sexenio de Cabeza de Vaca, por uso ilícito de atribuciones y facultades y por desempeño indebido de funciones administrativas. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas acreditó que, en el ejercicio de sus funciones al interior de la dependencia encargada de vigilar el gasto público del estado, autorizó pagos por 60 mil pesos a Alejandra Reyes Castillo, una persona que se desempeñaba simultáneamente como prestadora de servicios y como directora administrativa dentro de la misma oficina —es decir, un doble cobro por las mismas funciones.
El juicio oral se desahogó el 15 de septiembre y el fallo condenatorio se dictó el 17. Viñas Herrera permanece en libertad, sujeta a firmas mensuales, mientras se fija la audiencia de individualización de sanción y reparación del daño para el 22 de septiembre. El delito de uso ilícito de atribuciones contempla de 4 a 10 años de prisión, multa de entre 9 mil y 38 mil pesos e inhabilitación de 4 a 10 años para cargos públicos; el de desempeño indebido de funciones, de 3 a 8 años de prisión y multa de entre 2 mil y 105 mil pesos. La reparación del daño se estima en 60 mil pesos.
El contraste no pasa inadvertido: la funcionaria a quien correspondía fiscalizar el uso de los recursos públicos del estado —incluidas adjudicaciones como las de Permart y Joser— termina condenada por una irregularidad de 60 mil pesos en su propia nómina, mientras el presunto direccionamiento de cientos de millones de pesos hacia empresas de “El Rey del Huachicol” sigue, hasta ahora, en el terreno de las declaraciones y los señalamientos cruzados entre exfuncionarios.
Otros funcionarios del sexenio bajo proceso
El caso de Viñas Herrera se suma a otros procesos abiertos contra exfuncionarios del gobierno de Cabeza de Vaca: Mario Gómez Monroy, extitular de Educación, fue sentenciado en agosto de 2025 a 19 años de prisión; Rómulo Garza Martínez, exdirector del Sistema Estatal de Bienestar Social (SEBIEN), fue vinculado a proceso en julio de 2025 y enfrenta prisión preventiva; y María de Lourdes Arteaga Reyna, exsecretaria de Finanzas, recibió medidas cautelares el 10 de octubre de 2025.
La respuesta de Cabeza de Vaca
El exgobernador respondió el 15 de septiembre mediante un video en el que negó “compromiso alguno” con los hermanos Carmona: “Nunca tuve compromiso alguno con ellos ni recibí financiamiento”, afirmó, y sostuvo que no existen “documentos, fotografías, bitácoras de vuelo ni transferencias financieras” que prueben una relación de negocios entre su gobierno y la red de huachicol. Se presentó como víctima de “acusaciones falsas” con motivación política.
En paralelo, Cabeza de Vaca amplió el señalamiento hacia el gobierno federal: aseguró que la red de huachicol fiscal se expandió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con conocimiento de más de siete secretarías federales, administradores de aduanas fronterizas y políticos de Morena, y afirmó haber entregado información al propio expresidente. “Yo lo denuncié, se lo dije al presidente, le entregué información”, declaró, sugiriendo que la omisión equivalió a un aval tácito que permitió que el esquema escalara de pipas a carros-tanque y buques. Estas declaraciones se dan mientras Cabeza de Vaca, hoy activo como representante panista en el extranjero, es señalado como aspirante a la candidatura presidencial de oposición para 2030.
El huachicol fiscal es, de hecho, un problema documentado más allá de este expediente: apenas el 17 de septiembre trascendió que un juez negó el amparo a Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, verificadora de mercancías en la aduana del Puerto de Tampico, vinculada a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, acusada de recibir sobornos por al menos 40 mil pesos en catorce ocasiones para simular inspecciones de carga.
Quién es Cabeza de Vaca y su historial legal
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, gobernó Tamaulipas de octubre de 2016 a septiembre de 2022 —el primer gobernador no priista en 86 años, con 50.1% de los votos—. Fue sucedido por Américo Villarreal Anaya, de Morena, cuya administración es la que ha impulsado la mayoría de los procesos penales contra exfuncionarios del sexenio anterior, incluidos los de Viñas Herrera, Gómez Monroy, Garza Martínez y Arteaga Reyna.
Cabeza de Vaca arrastra desde 2020 señalamientos por presuntos sobornos denunciados por el extitular de Pemex Emilio Lozoya, relacionados con la Reforma Energética de 2013-2014, además de una orden de aprehensión girada el 19 de mayo de 2021 por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La Cámara de Diputados le retiró el fuero federal en abril de 2021, pero el Congreso de Tamaulipas no reconoció ese retiro, por lo que conservó inmunidad dentro del estado; la orden de aprehensión quedó suspendida el 26 de mayo de 2021 y el proceso penal ha seguido su curso sin que haya sido detenido. Sus cuentas bancarias, congeladas en 2021, fueron liberadas por resolución judicial ese mismo año. Medios estadounidenses han reportado interés de la DEA, el FBI y FinCEN en el caso.