San José Iturbide, Guanajuato.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 59 millones 36 mil 870.527 litros de combustible en tres inmuebles de Guanajuato, el mayor decomiso de este tipo en la historia reciente del país. La empresa dueña de la terminal principal, Gas Natural del Noroeste, del Grupo Simsa, niega ser la propietaria del hidrocarburo y sostiene que su operación es “completamente lícita, verificable y… regulada y supervisada por autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
El operativo: tres inmuebles, 59 millones de litros
El cateo se realizó el 17 de septiembre en una gasolinera de San Luis de la Paz, un despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y, como punto principal, la terminal de La Fragua, en San José Iturbide, donde las autoridades localizaron diez tanques de almacenamiento, unidades de carga y contenedores con diésel, gasolina regular y gasolina premium. El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, dijo que el golpe “no se trató de un pitazo, ni de un golpe de suerte ni algo al azar”, sino el resultado de una investigación.
La empresa señalada y su defensa
La terminal pertenece a Gas Natural del Noroeste, integrante del Grupo Simsa, compañía de la familia Issa Tafich con sede en Torreón, Coahuila, dedicada al almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles. La empresa responde que no es dueña del hidrocarburo asegurado: alega que solo presta servicios de almacenamiento a terceros, y que son esos clientes —permisionarios de la Comisión Nacional de Energía— quienes deben acreditar “la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de los productos que depositan”. Como respaldo, cita un permiso de almacenamiento vigente desde 2016 (PL/19344/ALM/2016, con vigencia de 30 años), resoluciones de modificación posteriores, autorizaciones ambientales y de seguridad de la ASEA, y un permiso ferroviario de la SCT.
Según una investigación periodística, el combustible asegurado se atribuye a operaciones de marcas como Tesoro México, ExxonMobil, Shell y Energas, sin que hasta ahora se haya acreditado públicamente su procedencia legal, lo que traslada la disputa hacia quién debe probar el origen del producto: la terminal que lo almacenaba o las empresas permisionarias que lo depositaron ahí.
Qué es el “huachicol fiscal”
A diferencia del huachicol clásico —el robo directo a ductos de Pemex—, el término “huachicol fiscal” se refiere al ingreso, traslado o comercialización de combustibles mediante operaciones que presuntamente evaden obligaciones fiscales o aduaneras. Es un esquema que depende de documentación, permisos y terminales formales, no de perforar infraestructura petrolera.
Cómo llegó hasta aquí
La investigación de la FGR arrancó el 3 de julio, luego de que se detuviera a un chofer que transportaba 33 mil litros de diésel sin poder acreditar su trazabilidad. El expediente creció hasta el cateo de septiembre y ahora lo lleva la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que indica que las autoridades lo tratan como un caso de crimen organizado y no solo como una falta administrativa.
Pese al tamaño del decomiso, no se reportaron detenciones el día del operativo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que en este tipo de casos las detenciones suelen ocurrir después, conforme avanza la indagatoria y se acredita responsabilidad penal. La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó el hallazgo a un “trabajo conjunto” entre la FGR, Pemex, el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, explicó que este tipo de venta ilegal se detecta “cuando no cuadra lo que vendes con lo que compras”, y adelantó que en octubre se presentarán resultados de investigaciones similares sobre internación ilegal de combustible.