“Es impagable, nunca se va a acabar de pagar.” Con esa frase, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner sobre la mesa uno de los expedientes más largos —y menos entendidos— de la economía mexicana reciente: la deuda del Fobaproa, heredada de la crisis financiera de diciembre de 1994 y que, tres décadas después, sigue apareciendo cada año en el presupuesto federal. Esta es la historia completa de cómo se originó, quién la creó, quién la paga hoy y qué pasaría si el país decidiera dejar de hacerlo.
El terreno minado: los desequilibrios del sexenio de Salinas
El “error de diciembre” no comenzó el 20 de diciembre de 1994. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se acumularon varios desequilibrios que hicieron inevitable, tarde o temprano, un ajuste cambiario. El ||peso mexicano se mantenía artificialmente sobrevaluado dentro de una banda de flotación controlada, en buena medida para proyectar estabilidad de cara a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde el 1 de enero de 1994.
Para financiar un creciente déficit de cuenta corriente, el gobierno emitió tesobonos, bonos de deuda de corto plazo indexados al dólar, en lugar de deuda denominada en pesos. Ese diseño los volvía extremadamente vulnerables ante cualquier pérdida de confianza de los inversionistas: si el capital huía, el gobierno debía pagar esos bonos en dólares, presionando aún más las reservas.
1994 fue, además, un año de fuerte inestabilidad política: el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas estalló el 1 de enero, y los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo, y del secretario general del propio partido, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre, dispararon la incertidumbre y aceleraron la salida de capitales durante todo el año. Para sostener el tipo de cambio ante esa fuga, el Banco de México fue consumiendo sus reservas internacionales a lo largo de 1994, dejándolas en un nivel mucho más frágil de lo que se reconocía públicamente.
Diciembre de 1994: 19 días de gobierno y el colapso
Ernesto Zedillo tomó posesión como presidente el 1 de diciembre de 1994. Apenas 19 días después, el 20 de diciembre, el entonces secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, anunció que se ampliaría la banda de flotación del peso en 15 por ciento. El anuncio se comunicó de forma confusa, por radio y en la mañana, lo que en lugar de calmar a los mercados generó pánico.
Existe además la versión, ampliamente documentada y nunca desmentida del todo, de que el gobierno alertó primero a un grupo de empresarios y grandes inversionistas sobre la intención de devaluar, antes de hacerlo público, lo que les permitió sacar su dinero del país antes de que la crisis golpeara al resto de la población. Las reservas internacionales, ya debilitadas, se desplomaron de 12 mil 500 millones de dólares en diciembre de 1994 a 3 mil 480 millones de dólares en febrero de 1995, mientras huían del país cerca de 23 mil 500 millones de dólares en inversión.
Ante la magnitud de la fuga, el gobierno no tuvo más remedio que dejar flotar libremente el peso a partir del 22 de diciembre. La moneda, que cotizaba alrededor de 3 pesos por dólar, llegó a superar los 7 y 8 pesos por dólar en cuestión de semanas, una depreciación de hasta 100 por ciento.
El costo social: 15.6 millones de nuevos pobres
El impacto sobre la población fue devastador. Entre 1994 y 1996, la pobreza patrimonial en México pasó de 52.4 a 69 por ciento de la población, un incremento equivalente a 15 millones 636 mil 246 nuevos pobres en apenas dos años. La carencia alimentaria pasó de 21.2 a 37.4 por ciento. La crisis, conocida internacionalmente como “efecto tequila”, contagió también a los mercados de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela.
Carlos Salinas de Gortari acuñó el término “error de diciembre” para responsabilizar al equipo económico entrante de Zedillo por la ejecución de la crisis; Zedillo, por su parte, atribuyó el origen del problema a los desequilibrios heredados del sexenio anterior. Ambos expresidentes se han culpado mutuamente desde entonces. La lectura más extendida entre economistas coincide en que los desequilibrios de fondo —peso sobrevaluado, dependencia de tesobonos, reservas exhaustas— hacían prácticamente inevitable algún tipo de ajuste cambiario; lo que sí pudo evitarse, según ese mismo análisis, fue que ese ajuste se manejara de forma tan abrupta y mal comunicada que una corrección necesaria se convirtiera en una estampida de pánico financiero.
De la crisis bancaria nace el Fobaproa
La devaluación y el consecuente disparo de las tasas de interés provocaron que una enorme cantidad de créditos —hipotecas, tarjetas, préstamos empresariales y créditos para maquinaria agrícola— se volvieran impagables casi de la noche a la mañana. Ante el riesgo de que el sistema bancario completo colapsara, el gobierno recurrió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un fideicomiso operado por el Banco de México que había sido creado en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, originalmente como un fondo de garantía de depósitos. Fue la administración de Ernesto Zedillo la que le dio, a partir de enero de 1995, su función de rescate masivo.
El mecanismo funcionó así: los bancos transfirieron al Fobaproa los derechos de cobro de su cartera vencida, a cambio de pagarés del gobierno a 10 años, con pagos de interés trimestrales referenciados a la tasa de Cetes a 91 días (o a la tasa Libor si el crédito original estaba en dólares). Bajo uno de los programas de rescate, los bancos se comprometieron a aportar capital propio en una proporción de un peso por cada dos pesos de cartera transferida. En ningún momento hubo una entrega de efectivo como tal: el Estado le cambió a la banca deuda incobrable por deuda pública, respaldada por el presupuesto federal, es decir, por los impuestos de todos los mexicanos.
En 1996, el entonces gobierno de Zedillo estimaba el costo del rescate en 180 mil millones de pesos. La cifra resultó muy por debajo de la realidad: para 1999 el costo había escalado a 552 mil 300 millones de pesos, equivalentes a cerca de 11 por ciento de la economía mexicana de ese momento.
De pagarés a bonos: así se volvió deuda pública permanente
En 1998, el Congreso de la Unión, con los votos del PRI y el PAN, convirtió formalmente esos pasivos del Fobaproa en deuda pública del Estado mexicano. En 1999, el propio Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que hasta la fecha administra y paga esa deuda. Desde entonces, los antiguos pagarés se transformaron en Bonos de Protección al Ahorro (BPA y BPAT), que el IPAB coloca mediante subastas en el mercado de deuda, exactamente igual que el gobierno federal coloca Cetes o Bonos M.
¿A quién se le debe hoy?
El acreedor no es una sola persona, un banco o un país extranjero: es un conjunto de inversionistas institucionales que compran esos bonos porque pagan intereses competitivos y están garantizados por el gobierno federal. Entre los principales tenedores están bancos comerciales, aseguradoras, fondos de inversión y, de forma muy relevante, las Afores, es decir, las administradoras de los fondos para el retiro de los propios trabajadores mexicanos. Esto significa que una parte del ahorro para el retiro de millones de mexicanos está, indirectamente, invertida en la misma deuda que pagan con sus impuestos.
Cada año, el gobierno federal destina una partida específica del Presupuesto de Egresos de la Federación —financiada con recursos fiscales— para cubrir los intereses de esa deuda con el IPAB. En años recientes, esa partida ha rondado entre 40 mil y 43 mil millones de pesos anuales, recursos que, según han señalado analistas y legisladores de oposición, podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.
Cuánto cuesta hoy: las cifras en disputa
Determinar el costo total y exacto del Fobaproa ha sido, históricamente, un ejercicio poco transparente. Al cierre de 2021, la deuda neta administrada por el IPAB se ubicaba en un billón 40 mil 507 millones de pesos. Un análisis de la organización de verificación Verificado.com.mx calculó que, sumando los 740 mil 400 millones de pesos pagados entre 2000 y 2024 a través del Ramo 34 del presupuesto más la deuda neta vigente del IPAB (994 mil millones de pesos), el costo acumulado real ronda 1.7 billones de pesos, una cifra menor a los “3 billones” que llegó a mencionar el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero de cualquier forma 9.6 veces mayor a la estimación original de Zedillo en 1996.
Según cifras citadas por la propia presidenta Sheinbaum el 4 de septiembre de 2026, durante un evento de su gira “Honestidad y resultados” en Zacatecas, el pago acumulado de intereses hasta abril de 2025 ascendía a 945 mil 895 millones de pesos, cifra que, ajustada por inflación, supera los 2 billones de pesos. “Es impagable, nunca se va a acabar de pagar”, afirmó, y contrastó ese rescate con la falta de apoyo a productores del campo que en esos mismos años vieron multiplicarse sus deudas por créditos de maquinaria agrícola: “A esa gente no se le rescató, sólo a los de arriba”, señaló.
¿Y si México dejara de pagar?
Aunque en el discurso político se ha planteado la posibilidad de dejar de pagar el Fobaproa, hay que distinguir entre lo que ocurriría técnicamente y lo que realmente se ha propuesto en el Congreso. Los bonos BPA y BPAT tienen garantía explícita del gobierno federal por ley; dejar de pagarlos equivaldría, en la práctica, a un impago de deuda soberana, aunque se trate de deuda interna. Eso derivaría en una probable baja de la calificación crediticia de México ante agencias como Moody’s, S&P o Fitch, lo que encarecería el costo de toda la demás deuda del país, no solo la del IPAB.
Como los principales tenedores de esos bonos son bancos, aseguradoras y Afores, un impago golpearía directamente el ahorro para el retiro de millones de trabajadores y podría debilitar los balances bancarios, generando el mismo tipo de crisis financiera que el Fobaproa se creó para evitar en 1995. A eso se sumaría, de forma previsible, presión sobre el peso y salida de capitales.
En el plano legislativo, el PRI presentó en marzo de 2025 una iniciativa para derogar la transferencia de esos pasivos al IPAB, alegando que la operación original fue ilegal, después de haber propuesto eliminar los cerca de 40 mil millones de pesos anuales destinados a ese pago para redirigirlos a educación, salud e infraestructura. El PT presentó una iniciativa para derogar las leyes del Fobaproa y dejar de pagar, calificando la deuda de “inmoral, inconstitucional e ilegal”. El PAN propuso, en su presupuesto alternativo de diciembre de 2024, destinar “cero pesos” al IPAB. Morena, sin embargo, rechazó esas mociones en diciembre de 2024, argumentando que los pagos actuales solo cubren intereses —no reducen el capital— y que suspenderlos de golpe generaría los riesgos financieros ya descritos, en lugar de resolver el problema de fondo. Legisladores de Morena han planteado, en cambio, transparentar el destino de esos recursos e investigar a quienes aprobaron la conversión de la deuda en 1998.
Claves del expediente Fobaproa
• Origen: fondo creado en 1990 por Carlos Salinas de Gortari; activado como rescate bancario masivo por Ernesto Zedillo a partir de enero de 1995
• Detonante: la crisis cambiaria de diciembre de 1994 (“error de diciembre”), tras la devaluación del peso y la fuga de más de 23,500 millones de dólares
• Costo original estimado por Zedillo en 1996: 180,000 millones de pesos; costo real hacia 1999: 552,300 millones de pesos
• 1998: el Congreso convierte los pasivos en deuda pública formal; 1999: el IPAB sustituye al Fobaproa
• Acreedores actuales: tenedores de bonos BPA/BPAT, entre ellos bancos, aseguradoras y las Afores (ahorro para el retiro de los trabajadores)
• Costo acumulado estimado a 2024-2025: entre 1.7 y más de 2 billones de pesos, según distintas metodologías
• Pago anual actual: entre 40,000 y 43,000 millones de pesos, solo de intereses, vía el Ramo 34 del presupuesto
• Impacto social del error de diciembre: la pobreza patrimonial pasó de 52.4% a 69% de la población entre 1994 y 1996