El Congreso de Veracruz retiró el fuero constitucional a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, ambos de Movimiento Ciudadano, para que puedan enfrentar procesos penales por la desaparición de un empresario y su escolta, y por el secuestro y homicidio de una periodista, respectivamente.
El Congreso de Veracruz aprobó el miércoles retirar el fuero constitucional a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC): Bertín Bravo Montero “N”, presidente municipal de Úrsulo Galván, y Raúl González Martínez “N”, alcalde de Ixhuatlán del Sureste. La decisión, avalada con 40 votos a favor y ocho en contra durante dos sesiones extraordinarias a puerta cerrada, permite que la Fiscalía General del Estado (FGE) proceda penalmente contra ambos por los delitos que se les imputan.
Los legisladores consideraron suficientes los argumentos presentados por la FGE para permitir que continúen las investigaciones y los procedimientos judiciales. La aprobación de los desafueros no determina de ningún modo la culpabilidad de los señalados, sino que únicamente permite que el proceso legal avance.
Úrsulo Galván: la desaparición de un empresario y su escolta
Bravo Montero “N” enfrenta acusaciones relacionadas con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, ambos reportados como desaparecidos desde el 14 de mayo pasado. Las investigaciones de la Fiscalía indican que Ramos Sánchez habría acudido a la casa del munícipe a una reunión en la que presuntamente también habría participado un líder de la delincuencia organizada que opera en la zona. Tras ese encuentro, Ramos Sánchez envió un mensaje de texto a su familia en el que se refería a la reunión, y posteriormente no se supo más de él ni de su acompañante. Registros telefónicos citados por la Fiscalía indican que el celular del alcalde estuvo en la misma zona de cobertura al día siguiente de la desaparición.
La defensa de Bravo Montero “N” argumenta que las investigaciones de la FGE no se sostienen y que existen múltiples inconsistencias en los documentos entregados al Congreso estatal, además de sostener la inocencia de su cliente. El presidente municipal salió del edificio legislativo antes de que los diputados votaran, y abandonó el lugar sin ser detenido pese a la presencia de vehículos de la Fiscalía en el exterior del recinto. Fuentes de la legislatura veracruzana anticiparon que será convocado Pedro de Jesús Rosado Guzmán, suplente del cargo, para relevarlo en la presidencia municipal.
Ixhuatlán del Sureste: el homicidio de una periodista
González Martínez “N” es señalado por su probable participación en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, sustraída de su domicilio en Nanchital el 2 de junio pasado y hallada sin vida días después en un predio utilizado por un grupo criminal en el sur del estado. En el caso hay actualmente ocho personas vinculadas a proceso, incluidos cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
De acuerdo con la Fiscalía, el edil habría ordenado el secuestro de la comunicadora. Fuentes citadas por medios locales señalan que Guzmán Ramírez poseía una fotografía en la que se observa al munícipe portando un arma larga, y que el móvil del crimen habría sido impedir su publicación. El propio alcalde ha declarado públicamente que existen fotografías que lo muestran empuñando armas de fuego, pero sostiene que fueron manipuladas digitalmente para afectar su carrera política. Tras la resolución legislativa, Juliana Ruiz Martínez encabezaría la presidencia municipal de Ixhuatlán del Sureste; el ayuntamiento informó en un comunicado que sus servicios y programas continuarán operando con normalidad.
MC denuncia persecución política; abogados preparan amparos
Antes de la votación, los abogados de ambos alcaldes acudieron al Congreso y adelantaron que analizaban promover amparos para evitar posibles detenciones una vez retirada la protección constitucional. “La fiscalía está en condiciones de solicitar una orden de aprehensión; estamos trabajando en un amparo”, señaló Izaskún Moreno, representante legal de González Martínez “N”, quien calificó las acusaciones contra su defendido como un asunto político.
Movimiento Ciudadano, partido al que pertenecen ambos ediles, sostuvo que los procesos de desafuero forman parte de una persecución política emprendida por el gobierno del estado y el partido Morena, y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger las garantías de sus militantes. El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, acudió ante la CNDH para exigir medidas de protección para ambos alcaldes y demandó a la Fiscalía actuar con autonomía, neutralidad y apego al debido proceso.
Verificación de datos
| Confirmado | Según fuentes | No verificado |
| Aprobación del desafuero de ambos alcaldes por el Congreso de Veracruz el 5 de agosto de 2026, con 40 votos a favor y 8 en contra. | Participación de un líder de la delincuencia organizada en la reunión previa a la desaparición de Héctor Ramos Sánchez, según líneas de investigación de la FGE citadas por La Jornada. | Culpabilidad penal de ambos ediles; el desafuero únicamente permite que el proceso judicial continúe, sin prejuzgar responsabilidad. |
| Desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López Torres, reportada el 14 de mayo de 2026. | Coincidencia entre la ubicación del celular del alcalde de Úrsulo Galván y la zona de la desaparición al día siguiente de los hechos, según registros telefónicos citados por la Fiscalía. | Inconsistencias señaladas por la defensa de Bravo Montero “N” en los documentos presentados por la FGE al Congreso; no hay resolución judicial al respecto. |
| Secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, sustraída el 2 de junio de 2026 en Nanchital y hallada sin vida días después. | Existencia de una fotografía del alcalde de Ixhuatlán portando un arma larga como presunto móvil del crimen, según fuentes citadas por medios locales. | Autenticidad de dicha fotografía; el propio alcalde sostiene que fue manipulada digitalmente, versión no confirmada de forma independiente. |