La eutanasia sigue prohibida en México a nivel federal, pero 2026 se perfila como el año de mayor avance legislativo y judicial en el tema, con al menos tres frentes abiertos simultáneamente: una iniciativa ciudadana en el Congreso federal, una propuesta de reforma constitucional, una iniciativa local en la Ciudad de México y un caso ya aceptado por la Suprema Corte.
La situación legal hoy
El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia en todo el territorio nacional. Lo único que existe actualmente es la Ley de Voluntad Anticipada, vigente en 14 entidades (entre ellas la Ciudad de México), que permite a una persona rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida. Esto es jurídicamente distinto a la eutanasia: la voluntad anticipada evita el encarnizamiento terapéutico, pero no permite que un médico provoque la muerte de forma directa.
Mientras el debate sigue abierto, medios como La Jornada señalan que la práctica ocurre de manera informal: «la eutanasia clandestina sucede todos los días en México», sobre todo en hospitales privados, sin marco legal que la regule ni proteja a médicos o pacientes.
Ley Trasciende: la iniciativa que más ruido ha generado
Es la propuesta más visible del año. Busca reformar la Ley General de Salud para incorporar el término «eutanasia» y derogar el artículo que la prohíbe, legalizándola para personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas irreversibles que causen sufrimiento físico o psicológico insoportable.
- Impulsora: Samara Martínez, activista de 31 años que vive con insuficiencia renal terminal y lupus. Su frase distintiva: «la dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final».
- Requisitos propuestos: mayoría de edad y capacidad mental plena; confirmación diagnóstica por dos médicos; solicitud por escrito ante notario público; periodo de reflexión de cinco días antes de ratificarla; posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento.
- Salvaguardas: obligación de ofrecer cuidados paliativos junto con la opción de eutanasia; derecho del personal médico a la objeción de conciencia, con la obligación institucional de canalizar al paciente con otro médico en un plazo de 48 horas.
- Respaldo: senadores de varios partidos han manifestado apoyo, aunque la iniciativa aún no llega a votación en el pleno.
Una reforma constitucional en paralelo
La diputada federal Nora Yessica Merino Escamilla (Partido del Trabajo) presentó una iniciativa para reformar los artículos 4 y 73 constitucionales, con dos objetivos:
- Reconocer constitucionalmente el derecho a una muerte digna y al procedimiento de eutanasia.
- Facultar al Congreso para expedir una Ley General que uniforme los protocolos en todo el país (evitando que cada estado legisle distinto).
Su argumento central: si la Constitución garantiza una vida digna, ese principio debería extenderse también al final de la vida. La propuesta distingue entre eutanasia pasiva (no aplicar procedimientos que prolonguen la vida) y activa (aplicar un medicamento o procedimiento para terminarla). Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde sigue en análisis.
La iniciativa local: «La última libertad» en la CDMX
Impulsada por la organización Libertad para Morir A.C. y liderada por la bioética Asunción Álvarez del Río, esta iniciativa ciudadana busca una Ley de Asistencia Médica para Morir en la capital. Es, en varios sentidos, más amplia que la Ley Trasciende:
- No exige que el paciente esté en fase terminal, solo que tenga una condición incurable con sufrimiento insoportable e intratable.
- Contempla dos modalidades: que el médico administre el medicamento (eutanasia) o que el propio paciente lo tome (suicidio asistido).
- Exige que la solicitud parta siempre del paciente —los médicos no pueden proponerlo—, dos evaluaciones médicas independientes, revisión de un comité, y un periodo de reflexión de 15 días.
- Para llegar al Congreso capitalino necesitaba reunir cerca de 20 mil firmas ciudadanas (0.25% de la lista nominal), con una fecha límite en julio de 2026.
El frente judicial: la Suprema Corte entra al tema
La Corte aceptó revisar el caso 147/2026, promovido por una paciente con cáncer que impugna la constitucionalidad de la prohibición vigente. Es el primer caso de este tipo que llega al máximo tribunal, y su resolución podría sentar un precedente que obligue al Congreso a legislar, independientemente de lo que ocurra con las iniciativas legislativas.
El Congreso de la Ciudad de México presiona al Congreso federal
El 20 de agosto de 2026, el Congreso capitalino aprobó un exhorto —impulsado por el diputado del PRD Pablo Trejo— para que las comisiones del Congreso federal analicen y voten las iniciativas ya presentadas sobre el tema, sin que esto limite las propias iniciativas locales de la CDMX.
Lo que dice la opinión pública
Las encuestas citadas en la cobertura reciente muestran un respaldo social considerable:
- 70% a nivel nacional está a favor de regular la eutanasia para pacientes terminales.
- 80% en la Ciudad de México y la región centro del país.
Voces en contra
Organizaciones religiosas y grupos de cuidados paliativos se oponen a la legalización, argumentando —en general— que la respuesta al sufrimiento al final de la vida debe ser fortalecer el acceso a cuidados paliativos, no abrir la puerta a la eutanasia. Del otro lado, organizaciones de derechos civiles y legisladores de distintos partidos sostienen que la autonomía sobre la propia muerte es un derecho que el Estado no debería seguir negando.
¿Qué sigue?
Ninguna de estas iniciativas tiene todavía fecha de votación en el pleno ni dictamen aprobado. El escenario más probable, según la cobertura periodística, es que el tema avance en varios carriles a la vez: el litigio ante la Suprema Corte podría resolverse antes que cualquier reforma legislativa, y una decisión judicial favorable presionaría al Congreso a legislar en un plazo determinado. Por ahora, México sigue sin una ley de eutanasia, pero 2026 es el año en que el tema dejó de ser marginal en la agenda pública y legislativa.