La fiscal general Ernestina Godoy detalló que dos testigos protegidos señalan al exgobernador de Guerrero como responsable directo de ordenar la destrucción de videograbaciones sobre la detención del camión donde viajaban normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, y que además amenazó a quien le entregó ese material para mantenerlo en silencio.
Horas después de confirmarse la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero “N”, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, ofreció en un mensaje transmitido por YouTube el detalle de las evidencias que sustentan la orden de aprehensión en su contra, y precisó que los delitos imputados son contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
De acuerdo con Godoy, la noche del 26 de septiembre de 2014 el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales. Poco después, varios de los estudiantes fueron reportados como desaparecidos.
“Operación dolosa” desde la cúpula del gobierno estatal
La fiscal explicó que la administración a su cargo ordenó una revisión exhaustiva de la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa, y que esa revisión permitió detectar que las grabaciones de las cámaras 12 y 15 —que el gobierno de Guerrero había sostenido que no existían— en realidad fueron sustraídas y entregadas directamente a Aguirre Rivero “N”. “Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”, afirmó Godoy.
La FGR sostiene que cuenta con elementos de prueba que acreditan que la instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. La titular del Ministerio Público federal indicó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión que fue cumplimentada este jueves en el Estado de México.
El testimonio de dos testigos protegidos
Según relató la fiscal, en enero de 2026 una persona colaboradora aportó un testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y que además identificó a quien sustrajo el material de las cámaras del Palacio de Justicia para entregarlo directamente al entonces gobernador. Esa misma fuente denunció haber recibido amenazas por parte de Aguirre Rivero “N”, lo que, según explicó la fiscal, contribuyó a que guardara silencio durante años. Un segundo testigo protegido reforzó esa declaración en mayo de 2026, de acuerdo con el relato oficial de la FGR.
Godoy Ramos advirtió que la Fiscalía continuará las investigaciones “con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico que se requieren”. Hasta el cierre de esta nota, ni la FGR ni el Poder Judicial de la Federación habían dado a conocer el lugar y la hora en que se realizará la audiencia inicial del exgobernador.
Cambio en la calificación de los delitos
La nueva información representa un giro respecto al primer comunicado de la FGR, difundido horas antes, que se refería de manera genérica al “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”. Con los elementos presentados por Godoy, la imputación formal contra Aguirre Rivero “N” incluye ahora dos delitos específicos: contra la administración de justicia, y desaparición forzada de personas, este último de mayor gravedad dentro del sistema penal mexicano.