Villahermosa, Tab.– Un operativo de aproximadamente 20 elementos armados de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Grupo de Reacción y Operaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado de Tabasco irrumpió en el Centro Médico ISSET “Dr. Juan Puig Palacios”, en Villahermosa, para detener a una enfermera general identificada como Juana “N”, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el presunto delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar —es decir, relacionado con el no pago de pensión alimenticia. El despliegue, ocurrido en horario de atención al público, generó pánico entre pacientes y personal médico, así como críticas por lo que varios usuarios en redes sociales calificaron como un uso desproporcionado de fuerza armada para un delito no violento.
Un operativo mayor a lo esperado para el delito imputado
De acuerdo con la cobertura periodística disponible, los elementos ingresaron armados —algunos con armas largas— al área de atención médica del hospital, esposaron a la enfermera y la trasladaron en una unidad oficial. La dirigencia sindical del ISSET cuestionó que las autoridades no informaron al hospital el motivo de su presencia antes de actuar, lo que intensificó la confusión y el temor entre el personal y los pacientes presentes al momento del operativo. El instituto de salud tabasqueño confirmó posteriormente que colaboró con las autoridades, aclaró que la detención corresponde “exclusivamente a un asunto legal de carácter personal” de la trabajadora, sin relación con su desempeño laboral ni con irregularidades médicas o institucionales, y aseguró que el hospital continúa operando con normalidad.
La controversia: ¿por qué tanto despliegue para este delito?
El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar es, en la generalidad de los códigos penales estatales mexicanos —incluido el de Tabasco—, un delito no violento vinculado al impago de pensiones alimenticias, y su ejecución no suele requerir el nivel de fuerza desplegado en este caso. Ese contraste fue el centro de las críticas que circularon en redes sociales, incluidas publicaciones del expresidente municipal Manuel Andrade Díaz, que cuestionaron por qué se recurrió a la Guardia Nacional y al Ejército —corporaciones normalmente asociadas al combate al crimen organizado— para ejecutar una orden judicial de este tipo, en un estado con desafíos de seguridad documentados que, según los críticos citados, ameritarían priorizar esos recursos en otros frentes.
Claves del caso
• Un operativo de cerca de 20 elementos de la Guardia Nacional, fuerzas castrenses y la Fiscalía de Tabasco detuvo a la enfermera Juana «N» dentro de un hospital público en Villahermosa.
• La orden de aprehensión corresponde, según fuentes sindicales, a un presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar —no a un delito violento ni relacionado con su trabajo.
• El operativo se realizó en horario de atención al público, esposó a la trabajadora frente a pacientes y generó pánico y confusión, según el sindicato del ISSET.
• El ISSET deslindó la detención de cualquier irregularidad médica o institucional y confirmó que el hospital opera con normalidad.
• El caso generó críticas en redes sociales por el uso de fuerza armada de alto perfil para ejecutar una orden judicial por un delito no violento.