Por la Redacción.- Que un grupo criminal de segundo nivel como “Los Rusos” —activo apenas en Acapulco y la Costa Grande de Guerrero, ni de lejos comparable en poder de fuego o alcance territorial a un cártel nacional— se sienta con la confianza de amenazar de muerte al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no debería leerse como un exceso aislado ni como una simple bravata. Debería leerse como lo que es: un síntoma de que la estrategia de golpear cúpulas, sin atender lo que queda detrás cuando esas cúpulas caen, sigue produciendo el mismo resultado una y otra vez.
Un patrón que ya conocemos
La secuencia es conocida hasta el cansancio: se detiene a un mando de célula —en este caso Govén Ulises “N”, alias “El Amarillo”, capturado el 3 de septiembre en Puebla— y, días después, aparecen cartulinas y mantas exigiendo su liberación bajo amenaza. No es una novedad de Guerrero ni una rareza de “Los Rusos”. Es el mismo libreto que Tamaulipas conoce de memoria, donde facciones del Cártel del Golfo como “Los Escorpiones” han recurrido a idéntico mecanismo de presión pública tras operativos de alto perfil. La diferencia, esta vez, es el destinatario: no un fiscal local ni un mando policiaco municipal, sino el funcionario de seguridad de mayor rango del país.
El silencio también es una respuesta
Igual de revelador que la amenaza misma es lo que no ha ocurrido después: ningún reporte disponible documenta una declaración pública de García Harfuch respondiendo directamente al ultimátum de 24 horas, ni existe confirmación oficial de qué pasó cuando ese plazo venció. El gobierno federal optó por hablar de resultados —39 vehículos de lujo asegurados, tres laboratorios de metanfetamina desmantelados— y no de la amenaza en sí. Se puede argumentar que no dignificar un ultimátum criminal con una respuesta es, en sí mismo, una postura. Pero también se puede argumentar lo contrario: que el silencio institucional frente a una amenaza de muerte explícita contra el secretario de Seguridad, sin que medie ninguna aclaración pública, deja a la ciudadanía sin manera de saber si el Estado considera la amenaza contenida o simplemente prefiere no hablar de ella.
Cuando ni siquiera los hechos están claros
Hay un tercer elemento que debería inquietar tanto como la amenaza misma: ni siquiera hay consenso sobre quién mató al elemento de la Guardia Nacional hallado sin vida el 5 de septiembre en Juan R. Escudero. Una fuente lo atribuye a “Los Rusos”; otra, a su rival “Los Ardillos”. Que la autoría de un homicidio contra un elemento de las fuerzas de seguridad federal quede así, en el terreno de la especulación entre medios, dice más sobre el estado de la información pública en materia de seguridad que sobre la culpabilidad de uno u otro grupo. Publicar cualquiera de las dos versiones como hecho consumado —algo que en Tipómetro nos negamos a hacer— habría sido más cómodo periodísticamente, pero menos honesto.