La Suprema Corte declaró constitucional, por unanimidad según los medios consultados, la reforma de 2023 impulsada por López Obrador. La oposición y la extinta Cofece advertían riesgos para la competencia.
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil que permite a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ser propietaria de una aerolínea y, al mismo tiempo, controlar aeropuertos. La sesión fue el 6 de octubre de 2026.
Qué establece la reforma
La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en 2023 en la sesión legislativa conocida como «viernes negro», exenta a las empresas paraestatales del límite que impedía que una aerolínea poseyera más de 5% de una concesionaria aeroportuaria.
Con esa exención, la Sedena puede ser dueña de Mexicana de Aviación y a la vez controlar 13 aeropuertos, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.
Los argumentos de la Corte
El ministro presidente, Hugo Aguilar, sostuvo que las empresas paraestatales «tienen fines de servicio público, no fines de lucro», por lo que no pueden equipararse a las privadas para reclamar un trato igualitario.
La ministra Loretta Ortiz, quien propuso declarar constitucional la reforma, señaló que los riesgos de competencia alegados eran «meras posibilidades» y no vicios de constitucionalidad. La Corte afirmó que la exención no implica inconstitucionalidad por sí misma, pues dependerá de su ejecución y práctica.
Lo que advertían los impugnantes
Las minorías legislativas que impugnaron la reforma alegaron violaciones a la libre competencia, posibles subsidios cruzados, trato preferencial a dependencias de la Sedena y prácticas monopólicas.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hoy extinta, había recomendado no aprobarla, al advertir que podía eliminar las «condiciones neutrales de competencia».
Lo que sigue y lo que queda abierto
La validación cierra la discusión sobre la constitucionalidad del esquema, pero deja abierta la que la propia Corte remitió a la práctica: si la operación conjunta de aerolínea y aeropuertos genera ventajas indebidas o afecta a competidores. Esa evaluación no tiene hoy una autoridad de competencia independiente que la haga, pues la Cofece fue extinguida.