Guanajuato.- Todo empezó con 33 mil litros de diésel que un chofer no pudo justificar en una gasolinera. Setenta y seis días después, la Fiscalía General de la República (FGR) terminó destapando el mayor decomiso de combustible ilegal del sexenio: 59 millones de litros escondidos en una propiedad de San José Iturbide, suficientes para llenar 371 mil barriles de Pemex. Esta es la cronología de cómo una pipa detenida se convirtió en el golpe más grande al huachicol en lo que va de esta administración.
3 de julio: la pipa que no cuadraba
En una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato, autoridades detuvieron a un chofer que descargaba diésel de una pipa con capacidad para 33 mil litros. No pudo acreditar la trazabilidad del combustible: de dónde venía, quién lo había vendido, bajo qué factura. Esa sola irregularidad, en apariencia menor, fue el hilo del que la FGR empezó a tirar.
Los cateos que siguieron
A partir de esa detención, la Fiscalía —con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional— fue rastreando la ruta del combustible hacia arriba en la cadena. Los cateos posteriores llegaron a otra gasolinera en San Luis de la Paz y a un centro de despacho de gas licuado en Dolores Hidalgo, hasta desembocar en el sitio principal: una nave de almacenamiento de grandes dimensiones en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide.
17 de septiembre: el hallazgo en La Fragua
Con autorización de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, la FGR catea la propiedad de La Fragua y encuentra diez diques de almacenamiento de gran capacidad, siete unidades de transporte y documentación contable. Dentro de los diques: 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.3 millones de litros de gasolina premium y 18.3 millones de litros de diésel. En total, más de 59 millones de litros —el secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, confirmó el operativo en redes sociales incluso antes del comunicado oficial de la FGR—.
18 de septiembre: la FGR lo hace oficial
Un día después del cateo, la Fiscalía emitió un comunicado formal. Ahí fue más cautelosa que triunfalista: dijo que continúa la investigación para acreditar la posible comisión de delitos conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos y al Código Fiscal Federal, “en caso de no poder acreditarse la propiedad y trazabilidad” del combustible. González Martínez fue en el mismo sentido: “los cateos y aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan responsabilidades por sí mismos”.
Cómo se compara con otros decomisos
La magnitud de este hallazgo se entiende mejor al lado de otros casos recientes. En marzo de 2025, un buque en Altamira, Tamaulipas, fue asegurado con 10 millones de litros de hidrocarburo: Guanajuato multiplica esa cifra casi seis veces. En julio de 2025, en Coahuila, se decomisaron 129 pipas con 15.48 millones de litros. Y el propio récord anterior de Guanajuato —1.65 millones de litros asegurados en octubre de 2025, valuados en 30 millones de pesos— queda superado más de 35 veces. Desde septiembre de 2024, las autoridades han desmantelado 78 tomas clandestinas y asegurado 7.9 millones de litros por 189.3 millones de pesos solo en territorio guanajuatense; el hallazgo de La Fragua, por sí solo, multiplica por más de siete esa cifra acumulada de dos años.
Lo que sigue
La FGR no ha señalado propietarios ni identificado a qué red delictiva pertenecería la infraestructura de La Fragua. El expediente sigue abierto: mientras no se acredite la propiedad y el origen legal del combustible, la Fiscalía puede fincar responsabilidades penales y fiscales a quien resulte propietario. Por ahora, el caso sigue donde empezó: en la pregunta de quién es el dueño de lo que no se puede justificar.