Jesús Alonso Aispuro Félix, sancionado por el Tesoro de EE.UU. el 20 de mayo, pidió protección judicial ante un juzgado federal en Culiacán; la audiencia constitucional será el 25 de junio.
Un hombre señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como principal intermediario financiero de una red de lavado de dinero para la fracción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión ante el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa, con residencia en Culiacán, para evitar una eventual orden de aprehension.
Se trata de Jesús Alonso Aispuro Félix, quien figura entre los 12 individuos y dos empresas sancionados el pasado 20 de mayo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, por presuntamente facilitar el blanqueo de ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas a beneficio de la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“El juez ya solicitó los informes previo y justificado a las autoridades responsables; la audiencia constitucional será el 25 de junio.”
La demanda de amparo
De acuerdo con información difundida por el semanario Zeta de Tijuana, el escrito de garantías fue presentado en el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa. La demanda cuestiona una posible orden de aprehension dictada por un Juez de Distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro Federal de Justicia Penal.
El juez que conoce del caso ya solicitó los informes previo y justificado a las autoridades responsables y fijó la fecha del 25 de junio de 2026 para el desahogo de la audiencia constitucional, instancia en la que se podría dictar la resolución del caso.
Quién es Aispuro Félix
Según la OFAC, Aispuro Félix actuaba como colaborador de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como el principal operador de blanqueo de dinero para Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastro”, en febrero de 2025 en el Estado de México.
La acusación establece que Aispuro Félix era responsable de gestionar transferencias masivas de ganancias del narcotráfico mediante direcciones de criptomonedas, actuando como intermediario financiero clave de la red. Rodrigo Alarcón Palomares, otro sancionado, fue formalemente acusado en abril de 2024 por un gran jurado federal en Colorado por tres cargos de lavado de dinero vinculado al narcotráfico a través de criptomonedas.
La red: cripto, un restaurante y una empresa de seguridad
Además de los individuos, la OFAC sancionó a dos empresas mexicanas: Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua. Ambas están vinculadas a Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y presunto cobrador de deudas por envíos de cocaína.
En total, la OFAC sancionó a 12 personas físicas y dos empresas. El esquema operaba recolectando grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos producto de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina, para posteriormente convertir esos recursos en criptomonedas y transferirlos a México.
Las sanciones también fueron respaldadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, que analizó la información de forma conjunta con el Tesoro estadounidense.