Monterrey, Nuevo León.- El secretario general de Morena en Nuevo León, René González, y el delegado del partido, Alejandro Murat, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado contra el gobernador Samuel García por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia señala también a su esposa, Mariana Rodríguez; a su padre, Samuel Orlando García Mascorro; a su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal; al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; y a Eric Peñalver Serna.

Según la denuncia, los señalados habrían triangulado más de 1,400 millones de pesos a través de proveedores contratados por el gobierno estatal, con recursos que habrían llegado a un despacho vinculado a familiares del gobernador. La denuncia estatal complementa una previa presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) a nivel federal.

Claves del caso
• Denunciantes: René González y Alejandro Murat (Morena Nuevo León)
• Ante: Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de NL
• Delitos señalados: enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Monto señalado: más de 1,400 millones de pesos
• Señalados: Samuel García, Mariana Rodríguez, su padre, su medio hermano, Miguel Ángel Flores Serna y Eric Peñalver Serna
• Respuesta de García: acusaciones «ya resueltas» de 2021-2022

La respuesta de García: «un refrito»

El gobernador rechazó los señalamientos calificándolos como “un refrito de noticias del año 2021 y 2022, que ya fueron resueltos”, e insistió en que las autoridades ya revisaron esos casos sin hallar irregularidades. García vinculó la denuncia con la proximidad de las elecciones de 2027, sugiriendo que encuestas recientes mostraban a su movimiento en posición ventajosa, lo que habría motivado la reacción de Morena.

Un señalamiento, no una sentencia

Hasta el momento se trata de una denuncia presentada por un partido político rival, no de una acusación formal de la Fiscalía ni de una resolución judicial. Corresponde a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Nuevo León —y, en su caso, a la FGR a nivel federal— determinar si existen elementos para abrir una investigación formal.