Desde 1963 hasta hoy, al menos cinco gobernadores y una diputada han sido vinculados con el crímen organizado en Sinaloa. El experto Víctor Sánchez Valdés advierte: es un problema estructural, no partidista
Redacción | Matamoros, Tamaulipas | 11 de mayo de 2026
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya sacudió a México, pero en Sinaloa no sorprendió a nadie. El gobernador con licencia es el último eslabón de una cadena que se remonta a 1963: al menos cinco mandatarios estatales y una diputada han sido señalados a lo largo de las últimas seis décadas por presuntos vínculos con el crimen organizado en ese estado.
Así lo documenta Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en seguridad pública, quien advierte que la infiltración del narco en la política sinaloense no obedece a razones partidistas: ha atravesado gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena por igual.
“No obedece a razones partidistas. Ya se volvió un problema estructural: llegue quien llegue a la gubernatura de Sinaloa, se enfrenta a la infiltración del crimen organizado.” — Víctor Sánchez Valdés, investigador UAdeC
SEIS DÉCADAS DE NARCOPOLÍTICA: EL RECUENTO CASO POR CASO
| AÑO / PERIODO | GOBERNADOR / POLÍTICO | SEÑALAMIENTO | RESULTADO |
| 1963 | Leopoldo Sánchez Celis | Contrató como chofer y escolta personal a Miguel Ángel Félix Gallardo, futuro fundador del Cártel de Guadalajara | Sin cargos formales |
| 1969–1980 | Alfredo Valdez Montoya y Alfonso Calderón Velarde | Compartieron al director policial Alfredo Reyes Curiel, acusado de proteger a Pedro Avilés Pérez y a Félix Gallardo | Sin cargos formales |
| 1981–1986 | Antonio Toledo Corro | Señalado por omisión frente al crimen organizado y por presuntas reuniones con Félix Gallardo y recepción de sobornos | Sin proceso legal |
| 1987–1992 | Francisco Labastida Ochoa | Tras el arresto de Félix Gallardo en 1989, fueron detenidos tres colaboradores de su administración: Arturo Moreno, Enrique Corza y Robespierre Lizárraga | Colaboradores procesados; Labastida sin cargos |
| 1999–2004 | Juan Sigfrido Millán Lizárraga | Asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes (“Señor de los Cielos”) escoltado por agentes ministeriales; autores sin condena | Caso sin responsables formales |
| 2010 | Jesús Aguilar Padilla y alcalde Jesús Vizcarra | Ambos investigados por el gobierno de EE.UU. por presuntos nexos con el narco | Investigación no derivó en acusación formal |
| 2011–2016 | Mario López Valdéz (PAN) | Escolta Frank Armenta lo acusó en video de proteger al Cártel de Sinaloa y permitir fuga del «Cholo Iván». Armenta fue secuestrado y apareció muerto días después | Acusaciones no procedieron |
| 2016 | Lucero Sánchez López (diputada PAN) | Destituida al descubrirse su relación con Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien habría impulsado su carrera política | Destituión del cargo |
| 2017–2021 | Quirino Ordaz Coppel | Informes filtrados en Guacamaya Leaks vincularon a personal del secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, con el Cártel de Sinaloa | Sin cargos formales |
| 2021–2026 | Rubén Rocha Moya (Morena) | Acusado formalmente por el SDNY: conspirac. para importar narco, posesión de ametralladoras. Señalado de haber pactado con Los Chapitos antes y después de las elecciones de 2021 | Solicitud de extradición; Rocha pidió licencia el 1 de mayo de 2026 |
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE TRASCIENDE PARTIDOS
Para el investigador Sánchez Valdés, el patrón que une todos estos casos no es ideológico sino territorial: Sinaloa fue la cuna del narcotráfico moderno en México. El estado vio nacer al Cártel de Guadalajara bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien inició su carrera como policía municipal antes de convertirse en el «Jefe de Jefes». De esa organización surgieron posteriormente los cárteles de Juárez, Tijuana y Sinaloa, todos encabezados por sinaloenses.
La historia demuestra que el problema no es de un partido: el PRI tuvo cinco gobernadores señalados, el PAN no estuvo exento (López Valdéz, Lucero Sánchez), y ahora Morena enfrenta el caso más grave hasta la fecha: el único gobernador en funciones acusado formalmente en una corte federal estadounidense.
“Los gobernadores anteriores no fueron arrestados a pesar de las sospechas y la evidencia de colusión. En México existe esta propensión a proteger a los políticos, esto que se ha llamado pacto de impunidad.” — Víctor Sánchez Valdés
ROCHA MOYA: EL CASO QUE PODRÍA ROMPER EL PACTO DE IMPUNIDAD
Sánchez Valdés calificó de «desafortunadas» las declaraciones de Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien afirmó que no habían detectado indicios de vínculos de Rocha Moya con el narco. El investigador recuerda que las acusaciones sobre amenazas, secuestros y agresiones para favorecerlo electoralmente son públicas desde 2021.
El experto prevé que el gobierno mexicano buscará evitar la extradición de Rocha Moya a toda costa, optando por un proceso en México. La razón de fondo: si el gobernador llegara a una corte estadounidense y decidiera colaborar con la justicia, podría aportar información que vincule a más políticos con el crimen organizado.
Estado actual del caso: Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo de 2026 y niega todos los cargos. La FGR revisa el expediente estadounidense para determinar si existen elementos suficientes para emitir órdenes de aprehensón en México. El caso permanece abierto en el Distrito Sur de Nueva York.
ÁNGULO FRONTERIZO
El patrón que documenta el investigador Sánchez Valdés no es exclusivo de Sinaloa. En el noreste del país, incluida la franja Matamoros-Brownsville, la captura institucional por parte del crimen organizado ha seguido una lógica similar: penetración de policías municipales, fiscales estatales y estructuras electorales a lo largo de décadas y distintos partidos. La diferencia con el caso Rocha Moya es que, por primera vez, la acusación proviene de una corte federal estadounidense y no de una denuncia interna, lo que cambia radicalmente el peso diplomático y jurídico del expediente.