Un tribunal de Nuevo México calificó a Meta como una “molestia pública” comparable a la contaminación del aire y le ordenó destinar 420 millones de dólares a tratamientos de salud mental para jóvenes afectados por sus plataformas. La compañía anunció que apelará el fallo.
Un juez del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ordenó el jueves a Meta Platforms Inc., empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar 567 millones de dólares adicionales por los daños que sus plataformas habrían causado a la salud mental de niños y adolescentes. La resolución corresponde a la segunda fase de un juicio que el estado de Nuevo México inició contra la compañía, y eleva a 942 millones de dólares la sanción económica acumulada en este caso.
El fallo fue emitido por el juez Bryan Biedscheid, de la Corte del Primer Distrito Judicial de Santa Fe, quien calificó a Meta como una “molestia pública” comparable a la contaminación del aire, y ordenó que el dinero se deposite en un fondo destinado a reducir daños futuros. “El daño psicológico y la explotación sexual de los niños constituyen la contaminación que debe ser erradicada”, señaló el magistrado en su resolución, según reportó la BBC.
De dónde sale el dinero y a dónde va
Del monto de 567 millones de dólares, 420 millones se destinarán a servicios de tratamiento de salud mental para jóvenes afectados, mientras que el resto se aplicará a labores de concienciación y prevención, servicios de detección y otros costos durante un periodo de cinco años. Esta sanción se suma a los 375 millones de dólares que un jurado ya había ordenado pagar a Meta en marzo pasado, tras determinar que la empresa dañó a sabiendas la salud mental de menores y ocultó información sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la decisión judicial y la calificó como una victoria para las familias preocupadas por el impacto de las redes sociales en sus hijos. Meta, por su parte, respondió que no está de acuerdo con el fallo y que apelará la sentencia. “Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados y el contenido dañino”, señaló la compañía en un comunicado.
Nuevas restricciones ordenadas a Meta
Además de la sanción económica, el tribunal ordenó a Meta implementar una serie de medidas de seguridad adicionales, entre ellas que ninguna cuenta de un usuario menor de 18 años pueda ser recomendada a un adulto desconocido y que ningún adulto pueda enviar mensajes directos a menores que no lo sigan. La empresa también deberá asociarse con escuelas y organizaciones de protección infantil para crear un portal de denuncia donde el personal escolar pueda reportar a usuarios que puedan ser menores de 13 años, así como eliminar la información personal que haya recopilado sobre ese grupo de edad. El tribunal exigió además que Meta informe cada seis meses sobre su avance en el cumplimiento de estas medidas.
La corte precisó que las leyes federales de privacidad infantil de Estados Unidos, en particular la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA), impiden ordenar a Meta que aplique herramientas de verificación de edad a menores de 13 años, ya que esa normativa prohíbe solicitar datos personales a los niños o rastrearlos pasivamente en internet incluso con fines de verificación. El juez también consideró que exigir la verificación de edad únicamente a Meta, y no a otras plataformas de redes sociales, resultaría “injusto e indebidamente perjudicial” para la compañía.
Una fracción de las ganancias de la empresa
Analistas citados por medios estadounidenses señalaron que los 942 millones de dólares que Meta deberá pagar en total representan solo una fracción de su utilidad anual, cercana a los 60 mil millones de dólares en 2025. De hecho, las acciones de la compañía cayeron menos de 0.5% en operaciones posteriores al fallo, lo que sugiere que los inversionistas no anticipan un impacto financiero significativo. Aun así, el caso de Nuevo México se perfila como un precedente relevante frente a la ola de demandas similares que enfrenta Meta por parte de miles de familias en otros estados de Estados Unidos y en Europa.