Culiacán, Sinaloa.- El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, luego de aprobar en sesión extraordinaria la licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya —la segunda que pide en lo que va del año—. En su primer mensaje al asumir el cargo, Domínguez Nava colocó la paz como el eje de su gobierno: «Una paz que nos permita vivir sin miedo», declaró, y adelantó que someterá a revisión al gabinete estatal, manteniendo lo que considere que funciona y haciendo cambios donde lo estime necesario.
Quién es la nueva gobernadora interina
Graciela Domínguez Nava es originaria de El Rosario, Sinaloa, y es socióloga por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su trayectoria política incluye un paso como diputada local por el PRD y, desde 2018, una carrera dentro de Morena que la llevó a ser diputada federal en el periodo 2024-2027, cargo del que se separó recientemente ante su aspiración a contender por la gubernatura en la elección de 2027. Antes de su paso por el Congreso federal, fue secretaria de Educación Pública y Cultura durante la propia administración de Rocha Moya, lo que la coloca como una figura cercana al gobierno saliente, aunque no exenta de márgenes propios de acción, a juzgar por su primer discurso.
El Congreso estatal la eligió en una sesión extraordinaria celebrada el 25 de agosto, con 36 de los 40 legisladores presentes. Los votos en contra provinieron de las bancadas del PAN —representado por Roxana Rubio Valdez y Jorge Antonio González Flores— y del PRI —Irma Moreno Valle y Paola Gárate—. Domínguez Nava rindió protesta a las 9:00 horas y, de acuerdo con el periodo fijado, permanecerá al frente del Ejecutivo estatal hasta el 31 de octubre de 2027.
Una agenda centrada en la paz, no solo en la ausencia de violencia
En su mensaje inaugural, la gobernadora interina fue explícita en distinguir su concepto de paz de la simple contención de la violencia: «Una paz que nos permita vivir sin miedo», dijo, pero aclaró que ese objetivo implica también justicia, garantía de derechos y generación de oportunidades para la población. Entre los grupos que dijo priorizar atender se encuentran las víctimas de la violencia, las familias buscadoras de personas desaparecidas, la población desplazada por la inseguridad, y los sectores económicos golpeados por el deterioro de la situación en el estado, entre ellos el agrícola, el pesquero y el ganadero.
Sobre la coordinación con el gobierno federal, Domínguez Nava fue enfática: «Hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del estado mexicano», dijo, en un mensaje que busca proyectar una relación estrecha con la presidenta Claudia Sheinbaum, en contraste con la tensión que había marcado las últimas semanas de la gestión de Rocha Moya.
Por qué Rocha Moya pidió licencia por segunda vez
La salida de Rocha Moya no ocurrió en el vacío. El 21 y 22 de agosto, el gobernador se había reincorporado brevemente a sus funciones tras una primera licencia previa en el año. Esa reincorporación generó una reacción pública casi inmediata de la presidenta Sheinbaum, quien publicó en la red social X que «ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo» y, al ser cuestionada por la prensa, confirmó que el mensaje iba dirigido a la decisión de Rocha Moya de regresar al cargo. Apenas horas después, el 23 de agosto, Rocha Moya solicitó al Congreso de Sinaloa una nueva licencia, esta vez de carácter indefinido, invocando el Artículo 58 de la Constitución estatal sobre ausencias temporales del Ejecutivo.
Detrás de la presión que derivó en esta segunda licencia confluyeron al menos tres factores. Primero, el propio Morena y el gobierno federal se deslindaron públicamente de su regreso: la Secretaría de Gobernación calificó la reincorporación como «una determinación personal», Morena emitió un comunicado señalando que el partido «se deslinda de esta decisión», y el coordinador Ricardo Monreal sugirió públicamente que Rocha Moya pidiera licencia «para no entorpecer el trabajo de la FGR». Segundo, la presión desde la oposición: la panista Kenia López Rabadán amenazó con activar el procedimiento constitucional de desaparición de poderes en Sinaloa si no se apartaba del cargo, mientras que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, exigió abiertamente que «Rocha debe ser juzgado». Tercero, el contexto de investigaciones judiciales que continúan abiertas: el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén se reactivó tras la detención del testigo clave Fausto Corrales, mientras que el propio Rocha Moya enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de haber protegido operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos —acusación sobre la que la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones abiertas—.
El deterioro que hereda la nueva administración interina
La llegada de Domínguez Nava se da en un momento de fuerte presión social y empresarial sobre el gobierno estatal. La organización empresarial Coparmex había exigido públicamente que el Congreso actuara con responsabilidad y eligiera a una persona con «perfil, actitud y experiencia» para enfrentar las crisis de seguridad y economía del estado, advirtiendo que «Sinaloa ya no es para improvisaciones». De acuerdo con cifras difundidas por esa misma organización, entre septiembre de 2024 y agosto de 2026 Sinaloa acumuló el cierre de más de 5,000 negocios, la pérdida de 27,000 empleos, 3,724 homicidios y 12,257 robos de vehículos, un panorama que retrata la magnitud del reto que enfrenta la nueva gobernadora interina.
Lo que sigue
Con la toma de protesta consumada, la atención se centra ahora en los cambios que Domínguez Nava anuncie en el gabinete estatal, particularmente en las áreas de seguridad, y en si logra articular una relación de coordinación más fluida con el gobierno federal que la que prevaleció en las últimas semanas de la gestión de Rocha Moya. Este último, por su parte, mantiene abierta la posibilidad de un eventual regreso al cargo una vez concluida su licencia indefinida, aunque las investigaciones en curso y la postura pública de Sheinbaum sugieren que ese escenario enfrentaría, de nueva cuenta, una fuerte resistencia política.