César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable ante la gobernadora Maru Campos luego de que se confirmara la participación extraoficial de agentes estadounidenses en el operativo Sierra Tarahumara del 17 al 19 de abril, en el que murieron dos presuntos agentes de la CIA y dos mexicanos.
El fiscal general del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó este lunes su renuncia irrevocable al cargo, en medio de la polémica desatada por la participación de agentes estadounidenses —presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA— en un operativo antidrogas realizado sin conocimiento del gobierno federal mexicano en la Sierra Tarahumara. La dimisión ocurrió horas después de que la titular de la Unidad Especializada que investiga el caso confirmara por primera vez la existencia de una colaboración extraoficial entre las autoridades estatales y personas extranjeras durante el despliegue.
En conferencia de prensa celebrada la noche de este lunes, Jáuregui leyó una carta dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos Galván en la que reconoció fallas profundas en el manejo del caso: «Respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas extranjeras, resulta procedente señalar que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional», declaró el ahora exfuncionario. Añadió que dicha omisión «vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz».
Jáuregui fue más lejos al reconocer que la información inicial que compartió públicamente sobre el operativo «era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle» la participación de los extranjeros. Esa inconsistencia fue notoria desde el principio: en un primer momento el propio fiscal identificó a los estadounidenses fallecidos como trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en México; luego dijo que habían pedido un aventón para ser trasladados. Ninguna de las dos versiones resultó del todo precisa.
La renuncia de Jáuregui llegó minutos después del informe presentado por Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada creada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. Chávez confirmó que existen indicios que «sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial» entre el director de la Agencia Estatal de Investigaciones y los agentes extranjeros, aunque precisó que los testimonios recabados apuntan a que los civiles extranjeros no realizaron actos propios de las autoridades mexicanas ni actuaron bajo disposición de mando o coordinación de alguna autoridad del estado. La investigación determinará con mayor precisión el alcance de ese vínculo en las próximas etapas.
El operativo en cuestión se llevó a cabo en la comunidad El Pinal, en el municipio de Morelos, en la región de la Sierra Tarahumara, y tuvo como resultado el desmantelamiento de lo que las autoridades describieron como uno de los laboratorios de droga más grandes en la historia reciente del país. Sin embargo, durante el traslado posterior al aseguramiento, un vehículo donde viajaban los agentes estadounidenses y mandos policiales estatales salió del camino y rodó por un barranco en una brecha de terracería. Cuatro personas murieron en el accidente: los dos presuntos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos.
Jáuregui reconoció que ese resultado positivo del operativo quedó completamente opacado por la polémica generada. «Desafortunadamente, estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de droga más grandes en la historia de nuestro país y una acción que representa un golpe mayor a las capacidades del crimen organizado», lamentó el ahora exfiscal, quien confió en que su renuncia contribuya a preservar «la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia organizada».
La crisis institucional en Chihuahua escaló rápidamente al ámbito federal. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó desde temprano la situación como un asunto de soberanía nacional y señaló que el gobierno federal no había sido notificado del operativo ni de la presencia de los agentes extranjeros, lo que —advirtió— pudo haber vulnerado la Constitución. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora Campos para plantear formalmente que la operación constituyó una violación a los procedimientos establecidos. Tanto Jáuregui como Campos habían sido citados por el Senado de la República para comparecer sobre el caso.
El ahora exfiscal evitó precisar quién quedará al frente de la Fiscalía General del Estado de forma interina o permanente, señalando que esa designación es facultad exclusiva de la gobernadora. La investigación sobre los hechos continúa a cargo de la Unidad Especializada en coordinación con la Fiscalía General de la República. Hasta el cierre de esta edición, ni la gobernadora Campos ni la Presidencia habían emitido pronunciamientos adicionales sobre la renuncia de Jáuregui.
| 🌎 Ángulo fronterizo El caso de la CIA en Chihuahua resuena con fuerza particular en Tamaulipas, estado fronterizo que también ha sido escenario de operativos de seguridad en los que la presencia de agencias estadounidenses ha sido objeto de debate. La renuncia del fiscal de Chihuahua marca un precedente claro: en México, la colaboración extraoficial con agencias extranjeras sin conocimiento del gobierno federal tiene consecuencias políticas reales y exige responsabilidades. Para la frontera Matamoros-Brownsville, donde la coordinación binacional en materia de seguridad es cotidiana, este caso fija un límite que ambos gobiernos deberán tener presente. |