Tanto la Cancillería como la FGR clasificaron por cinco años la información sobre las comunicaciones con Estados Unidos y el interrogatorio del gobernador con licencia de Sinaloa, en medio de una investigación que la propia Fiscalía admite no ha reunido pruebas suficientes.
Dos dependencias del gobierno federal decidieron clasificar como reservada, por un periodo de cinco años, información relacionada con las investigaciones por presuntos vínculos entre el Cártel de Sinaloa y el gobernador con licencia de esa entidad, Rubén Rocha Moya, así como con el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares.
La reserva de la Cancillería
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó reservar por cinco años la información sobre comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones sostenidas con autoridades de Estados Unidos en torno a las investigaciones contra ambos políticos. La decisión respondió a una solicitud de acceso a la información presentada el 27 de mayo, en la que se pedían oficios, acuerdos de cooperación bilateral, solicitudes de extradición y los registros de una reunión sostenida el 21 de mayo entre el gabinete de seguridad mexicano y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
La dependencia argumentó que la divulgación de esos documentos podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del país y vulnerar la inviolabilidad de las notas diplomáticas prevista en la Convención de Viena.
La resolución, identificada como CTA-208/2026, fue aprobada por unanimidad el 23 de junio. De manera adicional, el gobierno federal clasificó por tres años las minutas de esa misma reunión del 21 de mayo, realizada en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de su gabinete de seguridad y el funcionario estadounidense.
La reserva de la FGR sobre el interrogatorio
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años —es decir, hasta el año 2031— las preguntas y respuestas del cuestionario que le realizó a Rocha Moya el pasado 26 de mayo, cuando el gobernador con licencia compareció ante la agente del Ministerio Público Federal. La dependencia argumentó que divulgar esa información expondría las líneas de investigación en curso y la capacidad de la autoridad para reunir evidencias y medios de prueba, calificándolo como “un riesgo identificable” para el esclarecimiento de los hechos.
La FGR advirtió, en el oficio FGR/UETAG/003383/2026, que cualquier servidor público que divulgara la información reservada podría hacerse acreedor a sanciones penales y administrativas por incumplir el sigilo obligatorio sobre el contenido de la carpeta de investigación. El Comité de Transparencia de la FGR confirmó esta clasificación el 25 de junio, durante su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2026.
Una investigación sin pruebas suficientes, según la propia FGR
Estas reservas se producen apenas un día después de que el propio titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, reconociera públicamente —como ya reportó Tipómetro— que la investigación contra Rocha Moya y los otros señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha reunido el parámetro probatorio mínimo que exige el derecho mexicano para proceder penalmente, aunque la indagatoria continúa siendo, según sus palabras, exhaustiva. Todo esto ocurre a 70 días de que el gobierno de Estados Unidos acusara formalmente a Rocha Moya, a Inzunza y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos.