Una propuesta de Sheinbaum y otra de un diputado de Morena buscan que los funcionarios ya no puedan blindarse de la justicia penal. El choque entre la Suprema Corte y el Congreso de Nuevo León por el juicio político a Samuel García reavivó el debate.
Ciudad de México.- El fuero, ese blindaje que durante décadas ha protegido a diputados, senadores y gobernadores de ser procesados penalmente sin un desafuero previo, tiene los días contados si prosperan dos iniciativas que hoy circulan en el Congreso mexicano. Una la impulsa la propia presidenta Claudia Sheinbaum; la otra, un diputado de su propio partido que quiere ir más lejos.
Dos propuestas, un mismo objetivo
La primera iniciativa, promovida desde inicios de 2026 por la presidenta Sheinbaum, busca eliminar la inmunidad procesal de diputados y senadores. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ya adelantó su respaldo:
«Estamos de acuerdo; vamos a esperar que llegue la iniciativa y procederemos a la deliberación.» — Ricardo Monreal
Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requiere mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La segunda, presentada el 22 de agosto por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en Diputados, va más lejos: propone eliminar el fuero no solo de legisladores federales, sino también de gobernadores, reformando los artículos 61, 108, 110 y 111 de la Constitución.
Ramírez Cuéllar distingue entre dos figuras que hoy suelen confundirse:
«La inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones y los votos, y eso se debe proteger a toda costa, pero la inmunidad procesal penal es un privilegio usado tramposamente que se debe terminar.» — Alfonso Ramírez Cuéllar
Es decir: lo que se busca eliminar es la protección frente a procesos penales, no la libertad de un legislador para votar o expresarse en tribuna, que se mantendría intacta.
El caso que reavivó el debate: Samuel García
Detrás del impulso a estas iniciativas está el juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León. En julio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a su favor y frenó cualquier sanción derivada de ese juicio político, incluida una eventual destitución.
En agosto, el Congreso de Nuevo León pidió a la SCJN revocar esa suspensión. La Corte confirmó que el proceso continúa abierto, pero sin que puedan aplicarse sanciones por ahora, dejando el caso en un punto muerto entre el poder judicial federal y el legislativo estatal.
Ese choque, señalan los reportes, es lo que reactivó a nivel nacional la discusión sobre si gobernadores y legisladores deberían seguir teniendo este tipo de blindaje frente a la justicia.
Qué sigue
Ninguna de las dos iniciativas ha sido votada. Ramírez Cuéllar dijo confiar en reunir el apoyo necesario para aprobar la suya durante el periodo legislativo en curso, con miras a una implementación inmediata, pero no hay fecha confirmada para su discusión en comisiones ni en el pleno.