Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Tamaulipas anunció que los propietarios de vehículos nacionalizados bajo el decreto federal de regularización vehicular ya pueden venderlos de manera legal, mediante un trámite de baja y alta ante las Oficinas Fiscales del estado. El anuncio, hecho por el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, durante una ceremonia de honores a la bandera en Ciudad Victoria, pone fin a meses de incertidumbre para decenas de miles de familias que no podían disponer legalmente de estos autos, popularmente conocidos como «autos chocolate» o «autos de decreto».
«Si el carro tiene placas de Tamaulipas, se nacionalizó durante el decreto, que se acerquen a las Oficinas Fiscales y se puede realizar el cambio de propietario», declaró Ramírez González, según lo reportado por medios locales. De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor de 250,000 vehículos en todo el estado podrían ser elegibles para este proceso.
Qué fue el decreto y por qué tantos autos quedaron «atados» a su dueño
El decreto federal de regularización vehicular permitió a los ciudadanos nacionalizar un automóvil de procedencia extranjera —generalmente autos usados internados de manera irregular desde Estados Unidos— a un costo subsidiado de alrededor de 2,500 pesos, bajo el argumento de que se trataba de un beneficio social dirigido a «la ciudadanía humilde» y orientado a proteger el patrimonio familiar. El programa concluyó en diciembre de 2025, pero desde su diseño incluyó una condición que terminaría generando el problema: cada persona solo podía regularizar un vehículo para su uso personal, y ese vehículo debía permanecer a nombre de quien hizo el trámite mientras durara la vigencia del documento correspondiente.
El problema surgió porque el marco del decreto nunca contempló mecanismos para transferir la propiedad de esos autos. En la práctica, esto significaba que si el titular vendía el vehículo, la responsabilidad legal —fiscal, administrativa y de tránsito— seguía recayendo sobre quien había hecho originalmente el trámite de regularización, sin importar quién tuviera físicamente el auto. Ante la falta de una vía formal, muchas operaciones de compraventa se realizaron mediante «cartas responsivas» entre particulares, documentos que las propias autoridades reconocieron que carecían de validez oficial.
Solo en Nuevo Laredo, se estima que más de 70,000 vehículos regularizados bajo este esquema quedaron atrapados en este limbo legal. En abril de 2026, el gobierno de Tamaulipas incluso prohibió de manera explícita la venta de estos autos, citando el propio decreto como base legal: funcionarios estatales, entre ellos Marcelo Olán Mendoza, sostuvieron entonces que el beneficio era «personal» y que la responsabilidad del trámite recaía siempre en quien lo había tramitado originalmente.
El giro de agosto: sí se puede vender, con requisitos
El anuncio de Ramírez González revierte esa postura y abre una vía formal para regularizar la situación de quienes ya habían vendido —o querían vender— su vehículo de decreto. Según lo informado, tanto comprador como vendedor deberán presentar su credencial de elector (INE) vigente, el vehículo deberá estar libre de adeudos fiscales, y ambas partes tendrán que cubrir el pago correspondiente a la baja del auto a nombre del propietario original y el alta a nombre del nuevo dueño, trámite que se realiza directamente en las Oficinas Fiscales del estado.
El cambio llega después de que, en mayo de 2026, el propio titular de la Oficina Fiscal de Nuevo Laredo, Roque Salinas, había reiterado públicamente que los autos regularizados por decreto no podían venderse, lo que generaba fricción constante entre la normativa estatal y una realidad de mercado en la que estos vehículos —por su bajo costo de regularización frente a otras formas de importación— se habían vuelto un producto ampliamente comercializado de manera informal en la frontera tamaulipeca.
Lo que implica para los propietarios
Para las familias que ya habían comprado un auto de decreto por la vía informal, el anuncio representa la oportunidad de finalmente formalizar su propiedad y liberarse del riesgo legal que implicaba circular o poseer un vehículo registrado a nombre de otra persona. Para quienes aún conservan el auto que regularizaron directamente, se trata de la posibilidad de venderlo sin exponerse a asumir responsabilidades futuras sobre un vehículo que ya no está en su poder.
No obstante, el anuncio no despeja todas las dudas: no se ha precisado si el trámite tiene fecha límite, si aplica retroactivamente a todas las operaciones informales ya realizadas en los últimos meses, ni qué sucede con los vehículos cuyo titular original no esté disponible o no coopere para realizar la baja correspondiente. Se espera que en los próximos días la Secretaría de Finanzas estatal publique lineamientos más detallados sobre el procedimiento.