Sara Carter, directora de la ONDCP, confirmó el 13 de junio que Washington actúa contra funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico; México exige pruebas y descarta abordar el caso Sinaloa en la mesa bilateral
Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) y conocida como la “zar antidrogas” de la administración Trump, lanzó el sábado 13 de junio de 2026 una advertencia directa a los funcionarios mexicanos que protejan las operaciones del crimen organizado: quienes no cooperen con Washington serán puestos “en la mira” del presidente Donald Trump.
Las declaraciones, dadas en el programa American Thought Leaders conducido por Jan Jekielek, representan el mensaje más directo emitido hasta ahora por la administración estadounidense contra la clase política mexicana con presuntos vínculos criminales, y ocurren en el contexto de la acusación formal presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presunta protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
| LA ESTRATEGIA: PRESIÓN DIRECTA, ACCIÓN UNILATERAL |
Carter explicitó la lógica detrás de la postura estadounidense: el gobierno mexicano sabe que Trump cumple sus amenazas. La funcionaria señaló que las acciones no se limitarán a mandos policiacos locales, sino que escalarán hacia figuras políticas de alto rango que faciliten las operaciones logísticas de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La estrategia combina inteligencia, presión financiera, cooperación internacional y, si las instituciones mexicanas muestran omisión, la posibilidad de acciones unilaterales.
Al mismo tiempo, Carter reconoció avances en la cooperación bilateral. Destacó que la colaboración de la Guardia Nacional mexicana fue determinante en la operación que permitió actuar contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Esta postura dual — presión sobre corruptos, reconocimiento a los cooperantes — es el eje de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, presentada por la Casa Blanca el 5 de mayo.
| LA POSTURA DE MÉXICO: SOBERANÍA Y PRUEBAS |
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 12 de junio que el caso Rocha Moya no figuraría en la agenda de la reunión de seguridad bilateral celebrada el 13 de junio en la Ciudad de Mexico, enmarcada en el acuerdo de entendimiento suscrito hace aproximadamente ocho meses entre ambos gobiernos. La mandataria reiteró la posición de su administración: para detener a cualquier persona en territorio nacional se requiere una orden judicial y pruebas sólidas.
México argumenta que la documentación remitida por Washington no cumple los estándares exigidos por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha exigido formalmente elementos de prueba que sustenten las acusaciones antes de proceder con cualquier acción legal contra los señalados. Sheinbaum advirtió que si los 10 funcionarios acusados abandonaran el país, las fichas rojas de Interpol activadas por EU podrían llevar a su detención en terceros países.
El contexto es tenso: el 5 de junio, Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, exigió públicamente que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch encabezara la detención y extradición de los funcionarios sinaloenses. Trump, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones la posibilidad de acciones militares unilaterales en territorio mexicano si el gobierno de Sheinbaum no actúa contra los cárteles.
| EL MARCO LEGAL: CÁRTELES COMO ORGANIZACIONES TERRORISTAS |
La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de la Casa Blanca, presentada el 5 de mayo, cataloga por primera vez a los cárteles mexicanos más peligrosos como organizaciones terroristas extranjeras y declara al fentanilo y sus precursores como “armas de destrucción masiva”. Esta designación legal abre la puerta a operaciones más agresivas fuera del territorio estadounidense y justifica sanciones económicas, congelamiento de activos y procesos judiciales extraterritoriales contra colaboradores y facilitadores.
Carter cerró la frontera terrestre como medida central de su mandato, y atribuye a esa decisión una reducción en las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Las agencias de inteligencia norteamericanas, según sus propias declaraciones, tienen ya un plan de acción directa para rastrear, exhibir y sancionar a los funcionarios mexicanos que protejan el narcotráfico.