Un exejecutivo senior de la Administración del Seguro Social (SSA) denunció ante el Congreso que personal de DOGE discutió un plan para presionar a inmigrantes a autodeportarse. La SSA niega haber ejecutado la medida.
Un exalto ejecutivo de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), Jeremiah Schofield, presentó ante el Congreso una denuncia legal en la que asegura haber presenciado cómo un funcionario vinculado al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) planteó un plan para marcar como fallecidas a 2.7 millones de personas vivas en la base de datos maestra de la agencia (el sistema Numident), como parte de una estrategia para presionar a inmigrantes a abandonar el país. La denuncia, presentada a través de las organizaciones Whistleblower Aid y el despacho legal Katz Banks Kumin, fue hecha pública el 5 de junio de 2026 por los senadores demócratas Elizabeth Warren y Richard Blumenthal, quienes exigieron respuestas al comisionado de la SSA, Frank Bisignano, y a tres extrabajadores de DOGE en la agencia.
“El funcionario de DOGE, el inversor de capital privado Jon Koval, declaró que el objetivo de ‘eliminar’ a las 2.7 millones de personas vivas era arruinarles la vida y expulsarlas del país”, señala la denuncia de Schofield.
El mecanismo descrito por el denunciante
Según el relato de Schofield, quien acumula más de 25 años de trayectoria en la SSA, Koval explicó que el objetivo del plan tendría dos resultados posibles, ambos bienvenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS): que las personas afectadas se autodeportaran ante el deterioro de su vida cotidiana al aparecer como “muertas” en los sistemas gubernamentales, o que acudieran a una oficina local del Seguro Social para demostrar que seguían con vida, momento en el cual el personal de la oficina las remitiría a instalaciones de DHS, donde agentes de ICE podrían detenerlas para su deportación.
Schofield relató que comenzó a sospechar del verdadero propósito del plan después de tomar una muestra de 25 personas de la lista proporcionada y comprobar que todas seguían con vida; entre ellas había ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, adolescentes, personas de la tercera edad y hasta una viuda que recibía beneficios de sobrevivencia como residente legal permanente. El denunciante se negó a implementar el plan, al considerar que violaría la Ley de Privacidad y las regulaciones internas de la SSA que exigen pruebas de defunción.
El antecedente ya confirmado
La cifra de 2.7 millones supera ampliamente el caso ya documentado por The Washington Post el año pasado, cuando se confirmó que la SSA había agregado a 6,100 inmigrantes al Death Master File (Archivo Maestro de Defunciones), una base de datos utilizada por bancos, empleadores y agencias gubernamentales para verificar el estatus vital de una persona. A diferencia de ese caso ya confirmado, la propia denuncia de Schofield no alega que los registros de las 2.7 millones de personas hayan llegado a modificarse: se trata de un plan discutido internamente, no de una acción ya ejecutada sobre esa base de datos.
La respuesta oficial
La Administración del Seguro Social negó las acusaciones. Un vocero de la agencia declaró que la SSA “no agregó una lista de 2.7 millones de nombres al Death Master File” y aseguró que la dependencia “mantiene el más alto nivel de controles internos”. La administración de Trump también informó, en un escrito presentado ante una corte, que retiró el acceso a los datos de la SSA al personal de DOGE desde principios de 2026 y que no tiene planes de reincorporar a ese equipo. El abogado de Antonio Gracias, uno de los tres extrabajadores de DOGE señalados, dijo que su cliente no tenía conocimiento del plan; Koval y Payton Rehling, los otros dos señalados, no respondieron a solicitudes de comentario de los medios que dieron seguimiento al caso.
NOTA EDITORIAL
Este caso se destapó el 5 de junio de 2026; no es un hecho de esta semana. Medios especializados en cobertura legal han señalado que las acusaciones de Schofield no han sido verificadas de forma independiente, y que no está claro si la propuesta llegó a ser considerada formalmente por los directivos de la agencia o si avanzó más allá de conversaciones internas. La denuncia del propio whistleblower no alega que los registros de las 2.7 millones de personas hayan sido efectivamente alterados, a diferencia del caso ya confirmado de los 6,100 inmigrantes agregados al Death Master File. Tipómetro presenta tanto el relato del denunciante como la negativa oficial de la SSA, sin tomar partido sobre cuál versión es correcta, en tanto las investigaciones del Congreso estadounidense continúan.