El litigio de la periodista Katie Phang contra el Departamento de Justicia mantiene bajo presión a la Casa Blanca, mientras la confirmación de Todd Blanche como fiscal general tropieza en el Senado
La presión legal y política en torno al caso Jeffrey Epstein volvió a cercar al presidente Donald Trump en los últimos días, luego de que un juez federal en Washington ordenó al Departamento de Justicia entregar versiones sin censura de documentos vinculados al financista fallecido, como parte de una demanda que acusa al gobierno de ocultar información pese a una ley que obliga a su divulgación.
El caso, promovido por la periodista y comentarista legal Katie Phang, ha convertido al juez de distrito Emmet Sullivan en la figura que decide cuánto de lo que el gobierno de Trump ha mantenido bajo reserva saldrá finalmente a la luz pública.
“El gobierno ha actuado como si tuviera algo que ocultar, incluso después de que el Congreso aprobó la Ley de Transparencia y Trump la firmó”
— Señalamiento recogido en la cobertura del caso Phang vs. Blanche
De acuerdo con reportes periodísticos sobre el expediente judicial, el juez Sullivan ordenó el 25 de julio al fiscal general en funciones, Todd Blanche, entregar copias sin editar de correos electrónicos y otros documentos que el Departamento de Justicia se ha negado a divulgar por completo, con plazo al 30 de julio. El propio Departamento de Justicia reconoció posteriormente haber censurado “de manera inadvertida” la dirección de correo electrónico del propio Epstein en uno de los documentos entregados, censura que, según la dependencia, ya fue retirada.
CLAVES DEL CASO
• El litigio Phang vs. Blanche exige al Departamento de Justicia justificar o levantar censuras en documentos del caso Epstein.
• El juez Emmet Sullivan ordenó la revisión privada (in camera) de material sin editar, sin aceptar automáticamente las explicaciones del gobierno.
• Desde diciembre de 2025, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, el Departamento de Justicia ha publicado cerca de 3.5 millones de páginas.
• La nominación de Todd Blanche como fiscal general titular enfrenta resistencia en el Comité Judicial del Senado, en medio de la disputa por los archivos.
• El nombre de Trump aparece cientos de veces en los documentos difundidos, sin que ello constituya, por sí mismo, señalamiento de responsabilidad penal.
La disputa ocurre en un contexto político ya desgastado para la administración. Desde su campaña de 2024, Trump prometió hacer públicos los archivos Epstein como parte de un mensaje contra lo que llamó el ocultamiento de información por parte de las élites de poder. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca, distintos medios estadounidenses han documentado retrasos, tachaduras extensas y publicaciones fragmentadas que, según críticos de ambos bandos políticos, han alimentado nuevas teorías y desconfianza en lugar de disiparlas.
Entre el material ya difundido figuran notas de entrevistas del FBI con una mujer que asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte de Trump cuando era menor de edad, en los años ochenta, y a quien Epstein habría presentado al hoy presidente. Se trata de una acusación contenida en expedientes de investigación federal, no de una sentencia ni de cargos formales en su contra; la Casa Blanca ha calificado versiones similares de “infundadas y falsas” en comunicados oficiales del Departamento de Justicia.
La turbulencia interna también alcanza al equipo cercano a Trump. La confirmación de Todd Blanche, ex abogado personal del presidente, como fiscal general titular fue pospuesta la semana pasada en el Comité Judicial del Senado, luego de que legisladores republicanos retiraron su respaldo por motivos que, según reportes, no están directamente ligados al caso Epstein, pero que se suman a la presión sobre la Casa Blanca en momento sensible para su base electoral rumbo a las elecciones intermedias de noviembre.
Para la comunidad binacional de la frontera Matamoros–Brownsville, el desgaste político de la Casa Blanca no es un asunto ajeno: la relación bilateral con México —desde la agenda comercial del T-MEC hasta la política migratoria y de seguridad en la frontera— depende en buena medida de la capacidad de negociación de una administración que enfrenta, puertas adentro, una de sus crisis de credibilidad más prolongadas. Tipómetro dará seguimiento a la resolución del litigio Phang vs. Blanche y a su eventual impacto en la agenda binacional.