La Fiscalía de Michoacán reveló que dos operadores del CJNG acumularon hasta 10,800 millones de pesos anuales cada uno por extorsionar al sector aguacatero y citrícola. Detrás de esa cifra hay dos décadas de un sistema criminal que hoy cobra cuota en cada etapa del fruto que México exporta a Estados Unidos
Por cada kilogramo de aguacate que sale de Michoacán, los grupos criminales que operan en la entidad cobran entre uno y dos pesos. Es una cuota casi invisible en el precio final del fruto, pero que multiplicada por los más de 5,400 millones de kilogramos que produce el estado al año se convierte en uno de los negocios más rentables del crimen organizado en México.
La cifra salió a la luz este 5 de agosto, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán presentó en conferencia de prensa los perfiles de nueve líderes criminales detenidos entre julio de 2025 y agosto de 2026. En conjunto, esos nueve operadores generaban cerca de 28,000 millones de pesos al año mediante extorsión a productores, transportistas y comerciantes de distintos sectores, con el aguacate a la cabeza de la lista, de acuerdo con Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía.
Solo dos operadores vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acumulaban, cada uno, hasta 10,800 millones de pesos anuales por este concepto: Jorge Armando “N”, alias “El Lic” o “El Conta”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cobraba dos pesos por cada kilogramo de aguacate comercializado. Gerardo “N”, conocido como “El Congo”, “El Gordo” o “King Kong”, operador regional del CJNG, acumulaba entre 7,200 y 10,800 millones de pesos al año por extorsión al sector citrícola y aguacatero en la zona de Uruapan y parte de Apatzingán, precisó la Fiscalía.
El boom que atrajo al crimen organizado
El esquema no surgió de la nada: fue la explosión económica del aguacate la que lo volvió irresistible para los grupos criminales. Entre 1994 y 2022, la superficie cultivada en México creció 173%, hasta alcanzar 252,133 hectáreas, mientras el valor de la producción se multiplicó 527% hasta situarse en 63,450 millones de pesos —unos 3,105 millones de dólares—, de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC).
Ese crecimiento coincidió con la apertura del mercado estadounidense al aguacate mexicano en 1997, bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 2026, México está en camino de enviar 1.2 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos, lo que marcaría un récord histórico, según datos del Departamento de Agricultura de ese país (USDA).
Ese ritmo, sin embargo, enfrenta ahora un freno abrupto: este miércoles la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad y suspendió las actividades de su personal en Michoacán, incluidos los inspectores del USDA-APHIS encargados de certificar el aguacate para exportación. Sin esa certificación, ningún embarque puede salir del estado.
De Los Zetas a la cuota por kilogramo
La extorsión al sector aguacatero tiene raíces que se remontan a inicios de los años 2000, cuando Los Zetas fueron el primer grupo criminal en incursionar en el cobro de cuotas a productores de la región, de acuerdo con una reconstrucción del medio especializado InSight Crime. No construyeron un sistema, pero sentaron el precedente.
Fue La Familia Michoacana la que en 2009 formalizó el esquema: convocó a productores con huertas de más de cinco hectáreas a reuniones que se presentaban como negociaciones pero funcionaban como imposiciones, ofreciendo protección frente a Los Zetas a cambio de una “cooperación voluntaria” que, con el tiempo, dejó de ser voluntaria. Los Caballeros Templarios heredaron después el modelo y lo burocratizaron: en 2012, en el punto más alto de su poder, cobraban 2,000 pesos por hectárea, lo que sobre 112,673 hectáreas cultivadas habría representado una recaudación superior a los 225 millones de pesos, según estimaciones de GITOC.
Lo que cambió con los años no fue la lógica del cobro, sino su unidad de medida: el salto de pesos por hectárea a pesos por kilogramo resultó determinante, porque ya no importa cuánta tierra tiene el productor, sino cuánto produce y cuánto exporta. En diciembre de 2025, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, identificó seis grupos criminales con operaciones activas en las zonas productoras: el CJNG, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el grupo independiente La Quiringua, los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, cada uno con zonas de influencia distintas pero con el mismo modelo de negocio.
Un cobro en cascada: del huerto al camión
La extorsión no se limita al momento de la cosecha. Los cárteles construyeron un sistema de cobro en cascada que acompaña al fruto en cada etapa de su trayecto, de acuerdo con el recuento de la FGE. Jorge Alberto “N”, alias “La Galleta”, señalado como presunto líder de Los Caballeros Templarios en Tierra Caliente, cobraba alrededor de 7,000 pesos por cada camión de 12 toneladas de aguacate, además de entre 48,000 y 96,000 pesos semanales por comerciante en Pátzcuaro y localidades cercanas.
César Alejandro “N”, alias “El Botox”, presunto líder de Los Blancos de Troya y señalado como autor material del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, generaba 2,550 millones de pesos al año por extorsión a los sectores limonero, carnicero, cervecero y de la canasta básica en Tierra Caliente, según la misma fuente. Un informe de International Crisis Group de 2024 recogió además el testimonio de un cabecilla de identidad reservada que reconoció que un rival suyo cobraba pagos de protección a cerca de 80 cultivadores dos veces al año, con ganancias estimadas en al menos 80 millones de pesos anuales para un solo operador de escala media.
Del cobro de cuota al despojo de tierras
La extorsión es solo una capa del control criminal. Debajo hay algo más profundo: el despojo. Según GITOC, los grupos criminales desplazan a comunidades enteras para apoderarse de tierras y convertirlas en zonas de cultivo bajo su control directo, sin necesidad de cobrar cuota a nadie porque el huerto ya les pertenece. Ante esa presión, comunidades de la región formaron en 2014 grupos de autodefensa que en sus primeros años lograron un respiro temporal para los productores, según documenta un reporte de la Universidad de Navarra; con los años, sin embargo, muchos de esos grupos fueron infiltrados por los mismos criminales a los que decían combatir.
Hoy, la región aguacatera que comprende Uruapan, Taretan, Ziracuaretiro, Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro opera bajo un esquema de cuotas donde el CJNG y células de Cárteles Unidos imponen el precio del “permiso” para cortar, empacar o transportar el fruto. Quienes se han negado a pagar o han denunciado el esquema lo han hecho a costa de su vida: en octubre de 2025, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado después de denunciar públicamente las extorsiones.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó en la conferencia del 5 de agosto que las autoridades estatales mantienen un “combate frontal” contra la extorsión, y subrayó que la estrategia coincide con la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los nueve operadores señalados por la Fiscalía se encuentran actualmente detenidos y sujetos a procesos penales.
Verificación de datos
| Confirmado | Según fuentes | No verificado |
| Cobro de 1 a 2 pesos por kilogramo de aguacate exportado de Michoacán (FGE, 5 ago. 2026). | Montos exactos de recaudación anual atribuidos a cada operador (7,200 a 10,800 mdp), presentados por la Fiscalía sin desglose de metodología pública. | Cifras totales de recaudación criminal por hectárea previas a 2012, basadas en estimaciones de organizaciones internacionales, no en registros oficiales. |
| Detención de nueve presuntos líderes criminales entre julio de 2025 y agosto de 2026, señalados por extorsión en Michoacán. | Vínculo directo de Jorge Armando “N” con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, señalado por la Fiscalía como “uno de los autores intelectuales”. | Responsabilidad penal definitiva de los nueve detenidos, cuyos procesos judiciales siguen en curso. |
| Suspensión de actividades del personal de la Embajada de EE. UU. en Michoacán, incluidos inspectores USDA-APHIS, el 5 de agosto de 2026. | Señalamiento de César Alejandro “N” como autor material del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. | Duración e impacto final de la suspensión de certificaciones de exportación sobre el volumen de aguacate enviado a EE. UU. en 2026. |