Culiacán, Sinaloa.- Después de 112 días de ausencia, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomó formalmente el mando del estado en medio de un litigio político y judicial que enfrenta a México y Estados Unidos desde hace casi cuatro meses. En un mensaje grabado de apenas 39 segundos, el mandatario morenista anunció su regreso con una frase que resumió su postura ante las acusaciones que pesan sobre él: «Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa. Regreso con la frente limpia y en alto, ajeno e inocente de las fabricaciones que se han tejido en mi contra.»
El gobernador había solicitado licencia el 1 de mayo, apenas días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara formalmente, junto con otros nueve funcionarios y aliados políticos, por presunta conspiración para el tráfico de drogas, soborno y protección institucional a la facción de «Los Chapitos» dentro del Cártel de Sinaloa. Washington sostuvo entonces que Rocha había recibido apoyo del crimen organizado para ganar la elección de 2021.
Una investigación que no encontró pruebas, según México
Durante su ausencia, Rocha Moya se sometió a las investigaciones de la Fiscalía General de la República como testigo y, según su propia versión, colaboró de manera abierta con las autoridades mexicanas. El fiscal general concluyó, tras 112 días de pesquisas, que no existían «los mínimos elementos de prueba» que sustentaran su participación en actividades criminales. La propia presidenta Claudia Sheinbaum había insistido públicamente en que Estados Unidos «no había presentado pruebas que sustentaran» el señalamiento contra el gobernador, una postura que Rocha retomó al calificar la acusación como un ataque «sin ninguna prueba» impulsado por la «ultraderecha» con el fin de golpear la soberanía nacional y a su partido, Morena.
Con ese respaldo, y sin que se haya presentado en México una solicitud formal de extradición por parte de Washington, el gobernador decidió reincorporarse a sus funciones. Su primer acto de gobierno fue sostener la primera reunión de gabinete en 112 días, en la que cada secretario le rindió cuentas de los asuntos manejados durante su ausencia. Rocha también restituyó a Yeraldine Bonilla Valverde, quien había fungido como gobernadora interina, en el cargo de secretaria general de Gobierno, y se reunió con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes le expusieron carencias en el apoyo para localizar fosas clandestinas e identificar restos.
Deslinde en México, división en la oposición
El regreso de Rocha generó una reacción inmediata dentro de México. Tanto el Gobierno federal como Morena, su propio partido, se deslindaron de la decisión y la calificaron como un asunto «de carácter personal»; el partido incluso indicó que no había sido informado con antelación del anuncio. La Secretaría de Gobernación aclaró que las investigaciones en Estados Unidos permanecen abiertas pese al regreso del gobernador. Líderes de la oposición, de Movimiento Ciudadano al PAN, repudiaron la decisión y la interpretaron como un desafío directo a Washington, mientras otros sectores cuestionaron la falta de transparencia sobre el proceso que permitió su reincorporación.
El silencio de Washington
A diferencia de la intensa reacción política en México, del lado estadounidense no hubo, al momento del regreso de Rocha, una respuesta oficial. Medios como Reuters reportaron explícitamente que el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Fiscalía General de México y la Presidencia mexicana «no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario» sobre el episodio. El Departamento de Justicia, que en abril había anunciado la acusación formal contra Rocha y sus nueve coacusados por cargos de narcotráfico y armas, tampoco emitió un pronunciamiento el día de su regreso, y esos cargos permanecen activos y sin sellar (unsealed) según la documentación judicial disponible.
Ese silencio oficial no significa ausencia de reacción en el ecosistema político y mediático estadounidense. Analistas consultados por medios de la región advirtieron que Washington probablemente interpretará el regreso como un desafío abierto del gobierno mexicano. El consultor político Carlos Ramírez Fuentes lo resumió así: «Esto será visto en Washington como un desafío abierto por parte del gobierno mexicano… habrá una respuesta», aunque matizó que esa respuesta podría no ser inmediata. En el plano mediático, medios conservadores estadounidenses como Breitbart cubrieron el episodio en tono crítico, calificando a Rocha como un «presunto narcotraficante» que «reanuda su trabajo como gobernador de Sinaloa pese a ser buscado por el Departamento de Justicia de EE.UU.», en referencia a que la acusación formal en su contra sigue vigente aunque no se haya solicitado su extradición.
El caso se produce en un momento de tensión más amplia entre ambos gobiernos en torno a la cooperación contra el crimen organizado, y analistas de centros como el CSIS han señalado que el desenlace del caso Rocha Moya podría tener repercusiones sobre la relación bilateral y hasta sobre discusiones comerciales entre ambos países. Por ahora, sin una postura pública de la Casa Blanca, el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia, la incógnita sobre cómo reaccionará formalmente Washington ante el regreso del gobernador sinaloense permanece abierta.