Ciudad de México.- El senador por Sinaloa Enrique Inzunza anunció este miércoles su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, una ruptura que llega en medio de uno de los episodios más delicados que ha enfrentado el partido gobernante en los últimos meses: la solicitud de Estados Unidos para detener y extraditar a Inzunza, al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios locales, acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y, específicamente, con la facción conocida como «Los Chapitos».
El anuncio
En una carta dirigida al coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, Inzunza fue directo: «He decidido separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de manera independiente». Su justificación giró en torno a la protección de su fuero constitucional mientras enfrenta las acusaciones, argumentando que los votantes de Sinaloa le confirieron la responsabilidad de representarlos y que, por tanto, debía conservar su curul con todas sus protecciones legales.
El origen de la crisis: la solicitud de extradición de Estados Unidos
La controversia estalló cuando autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional de Inzunza con fines de extradición, en el mismo paquete que incluyó al gobernador Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses. Washington los acusa de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado, señalamientos que Inzunza ha rechazado de manera enfática, calificándolos como una «feroz campaña de calumnias y diatribas» proveniente, según él, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin ninguna evidencia que la sustente.
La presión desde dentro de Morena
Más de la mitad de los senadores de la bancada morenista presionaron directamente a Inzunza para que solicitara licencia, argumentando que su presencia dañaba la imagen del movimiento en un momento políticamente sensible. La propia presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente esa postura, llamando a los funcionarios señalados a actuar «con responsabilidad» —sin mencionar a Inzunza por nombre, aunque el mensaje fue interpretado ampliamente como dirigido a él—.
Cuando Inzunza se negó a pedir licencia, la bancada de Morena terminó por solicitar formalmente su salida del grupo parlamentario. Fue en ese contexto que el senador decidió adelantarse y declararse independiente antes de ser formalmente expulsado.
Su defensa pública
Inzunza no se limitó a anunciar su salida: buscó despegar su caso personal del proyecto político del partido en el que fue electo. Su frase más citada fue: «no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie para cuestionar a un movimiento de transformación», en un intento por presentar su decisión como un acto de lealtad hacia Morena y no como una ruptura ideológica.
El cálculo estratégico detrás de la jugada
Declararse senador independiente, en lugar de solicitar licencia como le pedían sus excorreligionarios, no es un detalle menor. Al hacerlo, Inzunza logró conservar tres cosas clave: su curul en el Senado, su fuero constitucional, y su derecho a voto en el pleno. Lo único que perdió, en los hechos, fueron posiciones de poder dentro de la estructura parlamentaria de Morena, como la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, que ahora quedará en manos de otro legislador.
Es decir: se separó del partido, pero no del cargo ni de la protección legal que este conlleva mientras dure el proceso en su contra.
Lo que sigue
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación sobre el caso, y varios legisladores de Morena —entre ellos el diputado Arturo Ávila— han insistido públicamente en que Inzunza debería renunciar a su fuero para poder enfrentar el proceso judicial con mayor transparencia, en lugar de utilizar su nueva condición de independiente como escudo legal.
El episodio se suma a una lista creciente de funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos en los últimos meses, un patrón que ha puesto a prueba tanto la cohesión interna de Morena como el discurso de «cero tolerancia» a los vínculos con el crimen organizado que el propio gobierno de Sheinbaum ha buscado proyectar en otros frentes, incluido el ya conocido caso de Francisco García Cabeza de Vaca.