Una serie de señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios y legisladores mexicanos vinculados a Morena ha desatado, en las últimas dos semanas, una cadena de comparecencias públicas y desmentidos. El más reciente protagonista es el senador Enrique Inzunza, quien el domingo reapareció ante medios y en el pleno del Senado para rechazar de forma tajante cualquier nexo con el crimen organizado.
«Nunca he sido narco nada»
Inzunza, quien recientemente renunció a las filas de Morena pero conservó su curul, convocó a una conferencia de prensa el 31 de agosto luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara, mediante un comunicado oficial, de presuntos vínculos con el narcotráfico.
«No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor», declaró el legislador ante las cámaras. Y remató: «Nunca he sido narco nada.»
El senador negó también conocer personalmente a los capos Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada, dos de los nombres más asociados históricamente al Cártel de Sinaloa. Calificó el señalamiento estadounidense como un «instrumento de guerra jurídica» —en referencia al concepto de lawfare— y lo describió como una calumnia sin sustento.
Pese a gozar de fuero constitucional, que en principio lo protegería de comparecer ante autoridades mexicanas mientras ejerce su cargo, Inzunza aseguró haberse presentado de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que —dijo— abrió su propia carpeta de investigación en torno al caso. El senador pidió a la FGR que concluya cuanto antes las diligencias para «aclarar su situación».
En el mismo acto, Inzunza salió en defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien visitó personalmente en agosto en medio del escrutinio que este enfrenta por parte de Washington.
El antecedente: Rocha Moya y la salida definitiva de Sinaloa
El caso de Inzunza no puede entenderse sin el de Rocha Moya, cuyo proceso ha marcado la pauta de esta crisis política desde abril. Ese mes, Estados Unidos señaló al entonces gobernador sinaloense —junto con otros funcionarios del estado— de presuntamente proteger operaciones de células criminales a cambio de sobornos.
Rocha Moya se separó del cargo de manera temporal en mayo. Volvió a asumirlo 112 días después, argumentando que no existía evidencia que lo relacionara con las acusaciones. Sin embargo, la presión política no cedió: ante las críticas, solicitó una nueva licencia y, el fin de semana pasado, el Congreso de Sinaloa aprobó su separación definitiva del cargo, cerrando —al menos administrativamente— su paso por la gubernatura en medio de la controversia.
El trasfondo político
Los tres episodios —Inzunza, Rocha Moya y Villarreal— comparten un mismo patrón: señalamientos de origen estadounidense contra perfiles de alto nivel dentro de Morena, respondidos con negaciones enérgicas y acusaciones de motivación política de por medio. El fenómeno se inscribe en un momento de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad, narcotráfico y lavado de dinero, que ha puesto en el centro del debate público la relación entre clase política y crimen organizado en estados como Sinaloa y Tamaulipas, históricamente disputados por distintas organizaciones criminales.
Hasta el momento, ninguna de las tres investigaciones —ni las que se atribuyen a autoridades estadounidenses ni la abierta por la FGR en el caso Inzunza— ha derivado en una acusación formal o en una resolución pública, por lo que el caso continúa abierto y bajo seguimiento mediático.