La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) enfrenta uno de los escándalos internos más serios de los últimos años: reportes periodísticos y una investigación del Congreso estadounidense acusan a agentes de la propia agencia de haber permitido, de forma deliberada, que grandes cargamentos de fentanilo circularan libremente por territorio estadounidense entre 2023 y 2025, en lugar de decomisarlos.
La táctica cuestionada
Según una investigación de The Associated Press, agentes de la DEA detectaron en varias ocasiones cargamentos masivos de fentanilo procedentes de México, pero decidieron no interceptarlos con el argumento de que hacerlo comprometería investigaciones más amplias contra redes de narcotráfico. La lógica operativa era dejar avanzar la mercancía para poder identificar a distribuidores de mayor escala y construir casos judiciales más sólidos.
El problema, señalan los reportes, es que esa estrategia tuvo un costo humano directo: las drogas terminaron en las calles y contribuyeron a muertes por sobredosis en plena crisis de opioides que la administración estadounidense ha calificado como emergencia de salud pública.
Los números que destaparon el caso
Las cantidades documentadas son considerables:
- 74,000 pastillas de fentanilo llegaron a un parque de casas móviles en Albuquerque, Nuevo México, en 2023, sin que los agentes que las detectaron intervinieran.
- 350,000 pastillas fueron dejadas pasar en otra operación distinta.
- Entre 50,000 y 100,000 pastillas circularon en entregas repetidas en la ruta entre Phoenix y Albuquerque.
- En mayo de 2025, una operación logró finalmente decomisar cerca de 3 millones de pastillas, aunque cantidades mucho mayores ya habían escapado al control de las autoridades.
Nuevo México, y en particular la ciudad de Albuquerque, se convirtió en el epicentro del caso.
La DEA pide investigarse a sí misma
Ante la magnitud de las acusaciones, el propio administrador de la DEA, Terry Cole, solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que abra una investigación independiente sobre las denuncias contra sus agentes. «Hice esta solicitud porque las acusaciones que involucran a una agencia federal de procuración de justicia deben examinarse de manera independiente», declaró Cole.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia confirmó que revisará las políticas, protocolos y tácticas empleadas por la agencia, con un informe que se hará público. El periodo bajo revisión abarca principalmente los últimos dos años, aunque no se descarta ampliar el análisis a hechos anteriores.
El Congreso entra al caso
La controversia también llegó al Legislativo estadounidense. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, encabezado por el republicano James Comer (Kentucky), abrió su propia investigación sobre la táctica de la DEA. Comer calificó como «inconcebible» que existiera una política que ordenara a los agentes no interceptar cargamentos sustanciales de droga, señalando que dicha decisión «causó un daño considerable».
Por su parte, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia para obtener acceso a los registros relacionados con el caso, en un esfuerzo por esclarecer cómo se tomaron las decisiones operativas que permitieron la distribución del fentanilo en su estado.
El trasfondo
El episodio se produce en un momento de máxima sensibilidad política sobre el tráfico de fentanilo entre México y Estados Unidos, tema que ha sido eje central de la relación bilateral y de la presión que Washington ejerce sobre el gobierno mexicano y los cárteles que operan en su territorio. La revelación de que parte del flujo de esta droga hacia territorio estadounidense pudo haber sido tolerado —e incluso monitoreado sin intervención— por la propia agencia antidrogas estadounidense abre un frente inesperado en el discurso oficial de Washington, que ha insistido en que la responsabilidad del tráfico de fentanilo recae primordialmente en los cárteles mexicanos y en la falta de control en la frontera sur.