El caso de Ana Patricia «Ana Paty» Peralta de la Peña, alcaldesa con licencia de Benito Juárez —el municipio de Cancún, Quintana Roo—, se volvió tema central de la política mexicana el 1 de septiembre de 2026, luego de que trascendiera que Estados Unidos le habría cancelado su visa a ella y a dos familiares directos, en un momento en que compite por la candidatura de Morena al gobierno del estado para 2027.
Qué pasó con la visa
De acuerdo con reportes periodísticos, el gobierno estadounidense revocó las visas de tres personas:
- Ana Paty Peralta.
- Su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu.
- Su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
Como es práctica habitual de las autoridades migratorias de EU, no se hicieron públicos los motivos oficiales de la cancelación; solo se informó que se trató de una decisión administrativa, apegada a su política interna de no revelar las causas de este tipo de acciones.
Las tres líneas de investigación de la FGR
De forma paralela —y presuntamente vinculada— la Fiscalía General de la República mantiene abiertas al menos tres líneas de investigación contra la alcaldesa:
- Desvío de recursos públicos municipales, indagando si fondos de Benito Juárez habrían beneficiado a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y, no casualmente, su principal rival dentro de Morena por la candidatura al gobierno de Quintana Roo.
- Huachicol fiscal, es decir, presunto contrabando de hidrocarburos mediante la importación irregular de ferrotanques, que habrían movido más de 18 millones de litros de combustible.
- Presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, por supuestos contactos o relaciones con personas vinculadas a esa organización.
Es clave señalar que, hasta el momento, se trata de investigaciones en etapa preliminar: no existen cargos formales presentados, no hay orden de aprehensión y no hay ninguna resolución judicial que determine responsabilidad alguna en su contra.
Un antecedente: la comparecencia de octubre de 2025
Este no es el primer señalamiento público que enfrenta Peralta. En octubre de 2025 ya había comparecido ante el Congreso estatal de Quintana Roo, donde negó tener vínculos con el crimen organizado y aseguró haber solventado observaciones de auditoría de la entonces Auditoría Superior de la Federación por discrepancias de 291 millones de pesos en el manejo de recursos municipales.
El contexto político: la cercanía con Andy López Beltrán
La caída de Peralta se lee en clave de la disputa interna dentro de Morena por la gubernatura de Quintana Roo. Ana Paty Peralta ha sido descrita como una de las políticas más cercanas a Andy López Beltrán —hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exdirigente nacional de Morena—, quien ha impulsado activamente su proyección política dentro de ese grupo en el estado. La cancelación de su visa se enmarca, según análisis periodísticos, dentro de una serie más amplia de golpes de Estados Unidos contra figuras cercanas al círculo de «Andy» señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que podría debilitar sus aspiraciones a la candidatura de 2027.
La respuesta de la alcaldesa
Peralta reaccionó el mismo 1 de septiembre a través de Instagram, negando de forma general las versiones, aunque sin entrar en detalles específicos: «Lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden». No confirmó ni desmintió puntualmente la cancelación de la visa, no se refirió a las tres líneas de investigación de la FGR, y calificó las versiones como especulación innecesaria.
Por qué importa
El caso se produce en un momento políticamente sensible: Peralta está actualmente con licencia de su cargo como alcaldesa —es la segunda vez que la solicita— para participar en el proceso interno de selección de Morena rumbo a la candidatura al gobierno de Quintana Roo, compitiendo justamente contra Rafael Marín Mollinedo, la misma persona mencionada en una de las líneas de investigación en su contra. Esto ha alimentado la lectura de que el episodio podría estar entrelazado tanto con la sucesión estatal como con la presión más amplia de Washington sobre figuras políticas mexicanas señaladas por presuntos nexos con el narcotráfico.
En síntesis: una alcaldesa con licencia, cercana al hijo del expresidente López Obrador y en plena contienda por la candidatura al gobierno de Quintana Roo, enfrenta la cancelación de su visa estadounidense en medio de investigaciones —aún sin cargos formales— por presunto desvío de recursos, contrabando de combustible y posibles nexos con el Cártel de Sinaloa. Ella ha negado las acusaciones, sin entrar en detalles.